Comisaría Tercera | César Sivo fue descubierto una vez más en sus jugadas descaradas. Representaba a la familia de un hombre asesinado a patadas en una comisaría; pero en la misma causa, en sus ratos libres, defendía al comisario responsable de la seccional. Se llama prevaricato.
Algunos lo conocen como el sacapresos,porque trabaja para el mejor postor. Otros, lo identifican como uno de los narcoabogados de Mar del Plata, ya que ha permitido que se salga con la suya más de uno de los muchachos que gustan de esconder cocaína dentro de los cargamentos de pescado.
Más de uno se cree queSivo es únicamente el augusto defensor de los derechos humanos. Para este caso muestra una vez más que las cosas no son tan así. Podría caratularse comoOtra vez César Sivo, el que no tiene límites, elque acomoda el derecho a su criterio y gusto. El que es capaz de hacer lo que haga falta sólo con el objetivo de ganar mucha plata. El dueño de una agenda de contactos que siempre tiene que ver con alguna primera plana, y no por mérito ni hombría de bien.
Esta vez Sivo es noticia por haber quedado al borde de la acusación de prevaricato, que podría prosperar en caso de que la justicia reconozca que el letrado estuvo en ambos lados del mostrador en esta causa. Más precisamente la que investiga el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público de varios policías, quienes fueron oportunamente apartados de sus funciones tras la muerte de un detenido en la Comisaría Tercera de Mar del Plata. Fue asesinado a patadas. Sí, a patadas.
Para comenzar a comprender el entramado, es necesario explicar que el benemérito Sivo –junto con Romina Merino- apareció en la causa como abogado del particular damnificado,integrante de la familia de la víctima, Marcelo Sosa. De esa manera, afirman ahora los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, aparece en la causa desde el 22 de septiembre de 2014. A tal punto que fueron estos letrados quienes firmaron la requisitoria de elevación a juicio.
Pero resulta que, y es imposible no caer de espaldas del asombro, en fecha posterior, Sivo aparece firmando un escrito como abogado defensor de Reynaldo Guillermo Reginato, excomisario de la seccional en cuestión, y uno de los investigados en la causa en tanto miembro responsable y jerárquico de la Policía Bonaerense. ¿Es posible? Claro que sí, todo es posible en el universo Sivo.
El caso
La médica que participó de la autopsia dijo que fue como si lo hubiera arrollado un auto, pero en realidad fue un policía el que lo molió a golpes. Se estaba refiriendo a la víctima, Alejandro Sosa, el hombre de 41 años que murió tras ser detenido irregularmente por policías de la Comisaría 3° del puerto de Mar del Plata. Dijo al tribunal que las heridas del cuerpo eran semejantes a las que podrían encontrarse en una víctima de un accidente de tránsito.
El autor de la brutal paliza había sido el ex sargento de la Policía Bonaerense Carlos Córdoba, luego condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por su condición de uniformado, que le otorga la correspondiente asimetría de poder: el hombre indefenso estaba esposado.
En la misma sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 le había exigido a la Fiscalía General que se apurara a realizar la investigación para determinar otras responsabilidades en el hecho, entre las cuales se encontraba la posible omisión de deberes que pudieron haber cometido otros agentes, también responsables de lo que hubiera sucedido en la comisaría del puerto.
Afirmaron así que aquel viernes de marzo de 2013, el sargento Córdoba estaba de franco e iba vestido de civil. Que fue a la casa de Sosa, en José Martí al 1700, con dos amigos, ya que unas horas antes habían tenido una discusión con el hombre, que habría increpado a uno de ellos por un supuesto robo. Eran las dos y media de la tarde cuando Córdoba rompió la puerta de la casa a patadas, sacó a Sosa a la vereda, y le puso las manos a la espalda con un suncho. Con Sosa en el suelo, ya inmóvil, el sargento comenzó a pegarle. Los hijos de la víctima oyeron el desorden, el griterío, y salieron a ver qué ocurría. Fueron testigos de la golpiza que recibió su papá, pero nada pudieron hacer.
Uno de los hijos de la víctima contó que había encontrado en el suelo los dientes de Sosa, y la autopsia luego lo corroboró. Pero en ese momento, Córdoba llamó a un patrullero que se encontraba en esa cuadrícula, y trasladó a la víctima a la comisaría. Ahí arrancó otra larga lista de irregularidades: lo siguieron golpeando, y no le dieron atención médica hasta que fue demasiado tarde. Nada constaba en el libro de guardia, que además se aclaró que solía hacerse primero en un borrador, y hasta hubo una agente que testificó que le dictaban lo que debía escribir al redactarlo.
Sosa murió tres horas después en la comisaría o camino al hospital. Según se afirmó en el juicio, los policías llamaron a una ambulancia cuando vieron que no respondía, que no reaccionaba. Esposado y con las costillas rotas, llegó muerto al centro de salud, porque en esa seccional, obviamente, no había ningún profesional médico.
El acta oficial decía que el hombre había sufrido una descompensación respiratoria. La descompensación que se produce cuando los pedazos de las costillas fracturadas perforan los pulmones, por ejemplo. Ya en aquel momento, y preventivamente, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó a 12 policías y exoneró a tres jefes de esa dependencia.
Pero si bien los jueces del tribunal dijeron que el exsargento Córdoba fue el único autor del ataque que terminó en homicidio agravado -por ser cometido en abuso de su función como miembro de la Policía Bonaerense-, el fiscal Fernando Berlingieri afirmó que quienes lo acompañaban en ese momento, Nahuel Destéfano y el mecánico de autos Cristian Aguirre -ambos amigos del condenado-, debían ser considerados paríicipes del hecho, y por eso solicitó luz verde para iniciar una causa contra ambos.
Los expedientes
Nadie aceptó el pedido del abogado defensor Alejandro Borawsky, que pretendía decir que Córdoba simplemente se había excedido en sus funciones. Para los magistrados, las patadas que le dio de manera reiterada en el piso cuando ya estaba reducido fueron parte de “una golpiza con furia” que estaba lejos de su tarea como policía.
Pero no sólo esto, sino que además le solicitarían al Ministerio de Seguridad bonaerense que se ocupara de lo que llamaron “inconvenientes recurrentes” en el área de Cuerpo Médico: en el día de los hechos debió haber profesionales trabajando, que hubieran evitado quizá el trágico desenlace, dicen. En realidad habría que afirmar que, de haber habido una comisaría donde se realicen las funciones previstas, quizá no haría siquiera falta la atención de un médico que evite que un prisionero se muera porque los fragmentos de las costillas rotas a golpes le perforen los órganos.
Es así que la segunda causa, derivada y conexa a la original, se inicia con el fin de establecer la responsabilidad de varios policías de diferentes jerarquías, que componían la dotación de la Comisaría Tercera en el momento que se produjo la aprehensión de Sosa, el 11 de marzo de 2013. El titular de la comisaría era, precisamente, Reynaldo Guillermo Reginato.
Pero la cuestión termina en un archivo fiscal, acción procedimental de la cual no consta la correspondiente notificación a las víctimas, que perdieron así su posibilidad de cuestionarla. ¿Y por qué no se informó a las víctimas? dice entonces el tribunal, y allí se encuentra con tal fatal novedad: el domicilio que hizo constar el abogado del particular damnificado fue el mismo que había dado el defensor de Reginato, es decir el estudio de Sivo.
Otra vez. Es necesario explicarlo otra vez. Cuando los jueces Alfredo De Leonardis, Gustavo Fissore y Jorge Peralta tuvieron en cuenta la solicitud planteada por el abogado César Sivo, que era entonces el representante del particular damnificado, y solicitaron a la Fiscalía General que se avance en la investigación por los errores o la omisión de otros efectivos policiales, se encontraron con que el abogado del comisario era el mismo.
César Sivo, dice el tribunal, ha cumplido un doble rol: el de copatrocinante de la parte damnificada, es decir de la familia de un hombre muerto a golpes, y a la vez defensor de un presunto responsable, el comisario de la Tercera. Por esta razón deciden apartarlo de la causa. A la vez, los camaristas Pablo Poggetto y Raúl Paolini solicitan que se dé pronta intervención al Fiscal General acerca de los hechos acaecidos. Después de semejante relato, es posible imaginar el diálogo de puertas adentro, en alguna oficina del juzgado de turno: “no hay caso, este Sivo ya no tiene límites”.