Desde un pabellón de Olmos, un preso hacía cien llamados por día para estafar a personas mayores de todo el país. El fiscal Mariano Moyano vuelve a reclamar lo obvio: que los internos no tengan celulares.
Con el fiscal Mariano Moyano ya hablamos en este medio, en más de una oportunidad, de los teléfonos celulares que circulan dentro de las cárceles bonaerenses. Esta vez, una investigación que empezó con el robo a una mujer de 80 años en Mar del Plata terminó en un pabellón de Lisandro Olmos y dejó expuesta una asociación ilícita que funcionaba desde adentro del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
Cien por día
En una entrevista para la FM 99.9, Moyano reconstruyó el origen de la causa: «Nosotros en los primeros días del mes de julio tomamos conocimiento de un robo acá en la ciudad de Mar del Plata, en el cual una señora de 80 años de edad recibe un llamado a su teléfono fijo de la casa, en el cual un sujeto se identificó como comisario, le hizo saber que tenía un hijo que estaba detenido por haber atropellado a una mujer embarazada y que para que pueda recuperar la libertad debía entregar 16 millones de pesos».
«En esa llamada, a su vez, otra persona, simulando ser el hijo, llorando, le pedía que entregue ese dinero», contó. «Hay un tercer sujeto, se identificó como fiscal, indicó que iba un representante al domicilio, a quien debía entregar ese monto de dinero». Después, «de manera coordinada se hicieron presentes al menos cinco sujetos en el domicilio de la señora en un vehículo. Descendió uno de los individuos indicando ser el representante del fiscal y, en ese contexto, cuando una vecina se acercó a la vivienda, irrumpen en la casa estos otros cuatro sujetos». Se llevaron dinero, elementos de valor y un teléfono celular, y escaparon.
A partir de ese hecho y de otros similares, la fiscalía empezó a pedir a las empresas de telefonía los listados de llamadas. «En un primer listado, que abarcó un poco más de un mes, desde un mismo número de abonado se hicieron 5.400 llamados. Todos los llamados provenían de la unidad carcelaria de Olmos», detalló Moyano. El segundo informe, sobre un período similar, arrojó «más de 5.000 llamadas, y no sólo a Mar del Plata: ahí pudimos establecer otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, otras ciudades del país, del norte al sur, del este al oeste, todas provenientes de la unidad carcelaria de Olmos».
«La verdad que es un trabajo muy difícil: nosotros teníamos que establecer desde qué celda, qué pabellón se estaba empleando este aparato de telefonía», explicó. Con esa información, la fiscalía pidió a la justicia de garantías órdenes de allanamiento y de detención para tres personas que ya estaban presas, en las unidades 44 y 15, donde se secuestraron teléfonos. Y, finalmente, en Olmos: «Secuestramos los aparatos de telefonía que se empleaban para hacer toda esta innumerable cantidad de llamadas».
Allí está alojado el hombre cuya detención también solicitó el fiscal, «una persona que registra una sentencia condenatoria no firme de 30 años de prisión por delitos de robo calificado con lesiones graves, homicidio criminis causa». Y agregó: «Esta persona es, entiendo yo, uno de los jefes de esta asociación ilícita, que está operando y haciendo llamadas y coordinando con estas células para que irrumpan en la casa de las víctimas».
Cuando se le planteó cómo era posible que semejante actividad pasara inadvertida para el personal penitenciario, el fiscal puso números: «Estamos hablando de un promedio de 100 llamados por día; un 85% de esos llamados no se efectivizaban. Pero bueno, demanda tiempo hacer la llamada. En el caso de la señora, estuvieron conversando 33 minutos». Y remarcó: «Resulta llamativo que toda esta logística, esta infraestructura que demanda tiempo, demanda silencio, demanda el empleo de voces para engañar a las víctimas, no sea percibida por quienes tienen que velar por la seguridad dentro del establecimiento carcelario. En este período de tres meses, estamos hablando de más de 10 mil llamados que ingresaron a todos los puntos del país».
Las maniobras, según describió, eran básicamente dos: «Presentarse como comisario, que un familiar había protagonizado este accidente, y la segunda maniobra era que debían cambiar dinero de manera urgente, porque iba a haber una resolución del presidente en la cual los dólares de determinada valoración debían ser cambiados de manera urgente». Para eso, «necesariamente necesitaba la complicidad de personas que estén fuera del establecimiento carcelario para hacerse presentes en los domicilios de las víctimas». Había una tercera variante: «Que la defraudación se pueda consumar de manera telefónica y de esa forma lograr que le transfieran dinero a una cuenta bancaria en favor de alguno de los que estaban ahí alojados o miembros de la asociación ilícita».
La pregunta por el destino de la plata abre otra etapa. «La investigación inicia una nueva etapa a partir del aparato de telefonía celular, para ver si podemos efectuar una trazabilidad de todas estas maniobras. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Dónde fue el dinero? ¿En beneficio de quién fue este dinero?», planteó Moyano, y advirtió que eso «demanda mucho tiempo, muchos recursos, porque estamos hablando de llamados que se han realizado a todo el país». Según pudo saber este medio, del celular secuestrado en Olmos ya se están recuperando planillas de Excel con datos de personas.
Hacelo pasar
El pedido de detención incluye un informe policial con transcripciones de las escuchas, que ilustran las dos modalidades. Según el documento, las llamadas no tenían un horario fijo, «sino que podría decirse que las efectúan entre las 08 horas y las 23 horas», a lugares tan dispersos como Goya, San Juan, Misiones, Mar del Plata o Necochea. «Si bien no todas las llamadas eran atendidas, las que sí lo hacían, su duración dependía si el interlocutor creía la mentira».
En la primera modalidad, el interno «se hace pasar por el Subcomisario Gutierrez» y anuncia que un familiar está demorado por haber embestido a una mujer embarazada. Después simula dar órdenes a un subalterno: «López, hacémelo pasar al señor que tuvo el accidente». «Dale un vaso de agua que no está bien el señor, no se le entiende bien cuánto habla porque tiene la boca lastimada». Del otro lado de la línea, un cómplice llora: «Me quiero morir, abuela, atropellé a una mujer embarazada».
Una mujer respondió: «No, señor, discúlpeme, ningún hijo mío tiene moto». Otra, que atendió desde Comodoro Rivadavia, pidió pruebas: «Cómo sé yo que esto es verdad y que no es algo trucho?». El falso subcomisario insistió con que la causa estaba en la Fiscalía 4 y que el fiscal «es muy amigo mío, yo lo conozco hace años». En esa misma llamada, la mujer contó que sus padres tenían 91 y 82 años. Cuando avisó que nadie iba a pagar, la respuesta fue: «Bueno señora, eso me tiene que decir al principio, no me tiene que tener una hora acá en el celular».
A una jubilada que le dijo que no tenía nada, que cobraba «la mínima», el supuesto hermano le rogó: «Fijate cuánto tenés vos ahí, fijate, hacé el favor, que yo te lo voy a devolver». Ante la negativa, el falso policía le pidió el teléfono de una hermana y cerró con una instrucción precisa: «Señora, yo la voy a llamar, así que no use el teléfono».
La segunda modalidad arrancaba con el clásico «el más lindo de los…» y un nieto o sobrino afónico que preguntaba por una pastilla para la garganta. Después venía el anzuelo: «Vine a hacer unos trámites ahora por una ley que liberó Milei, el presidente, un decreto». A una víctima le dictó: «Anotá la fecha de hoy, hoy es 19, reserva de recuperación familiar», y debajo, «series afectadas y anuladas». En otra llamada, una cómplice hacía de secretaria de banco. «Me quisieron hacer el cuento del tío, viste? Por eso ya desconfío de todo», contestó una abuela a la que habían llamado el día anterior. «Dejá de meterme el perro», le dijo otra. Y el hijo de una tercera fue todavía más directo: «¡Andá a la mierda, pelotudo!».
El informe consigna que, durante los 30 días que duró la intervención telefónica, «no se concretó ninguna transacción ilícita debido a que de alguna manera terminaban dándose cuenta que se trataba de un engaño comúnmente llamado «cuento del tío»».
Moyano advirtió: «Tengamos en cuenta que hoy por hoy un teléfono celular en una unidad carcelaria también le da el poder económico, porque tiene acceso a las billeteras virtuales, acceso a transferencias de dinero». Y cuestionó: «Es el mismo Estado que está disponiendo recursos para llevar adelante esta investigación, para que personal policial tenga que trasladarse de Mar del Plata a Olmos, hacer más de 400 kilómetros, no poder dispensar esos recursos en otras investigaciones. Es el mismo Estado que tiene la facultad para decir: bueno, mire, no tienen que tener estos elementos los internos».
«Esto fue otorgado de manera excepcional en la pandemia. Hace más de seis años que finalizó la pandemia y seguimos asistiendo a la comisión de delitos de coacciones, defraudaciones, extorsiones, robos, estafas, y esto se soluciona con una resolución en la que la autoridad competente establezca la prohibición del uso de estos aparatos de telefonía celular. No le encuentro mayor complejidad a lo que estoy diciendo», concluyó. «El mismo Estado que no hace eso, pero a su vez tiene que llevar adelante todos estos recursos para llevar estas investigaciones, claramente no tiene la capacidad de controlar debidamente la autorización que ha dado de que tengan estos teléfonos celulares en las unidades carcelarias».