Tribunales de familia | Denuncian penalmente a otra jueza de familia. Esta vez, por privar a una madre de todo contacto con su pequeña hija. El capricho puede más que toda norma internacional. Es hora de mirar qué pasa en los juzgados que deciden sobre la vida de padres e hijos.
María Cecilia Fraga Errecart denuncia penalmente a la jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Clara Alejandra Obligado. Relata que la magistrada ha tomado decisiones extrañas y arbitrarias en relación con el contacto de una conflictiva familiar de larga data.
La pequeña A tiene cinco años y por supuesto siempre había vivido con su mamá. Tras varias denuncias por episodios de violencia que implicaron al padre y la posterior separación, el proceso de revinculación se estaba llevando a cabo de forma paulatina, con intermediación de los diferentes actores (juzgado, equipo técnico, asesoría de menores). Sin embargo, la jueza decidió atender los reclamos del padre, y por lo tanto desoyó las regulaciones internacionales de protección de derechos del niño: apartó a la hija de su madre, sus abuelos, su casa y su entorno más cercano. Lo peor es que no permitió que volvieran a verse ni a hablar.
Ordenó Obligado: “Disponer el cambio inmediato de guarda en forma cautelar, provisoria y legal de la niña A… a favor de su progenitor, Darío Javier Pérez, por un plazo de seis (6) meses”.
Ahora la madre relata la violenta forma en la que se llevó a cabo el operativo judicial: se apersonaron a su domicilio, violentaron el portón de entrada, e ingresaron efectivos de la policía y personal de organismos estatales. Cuenta que traían una orden de allanamiento, sin contemplar que se trataba de una pequeña niña de cinco años, que presenció estas acciones. Se ejerció sobre ella un grave daño moral, físico, y psíquico.
La pequeña A no sabe por qué, pero debió irse con su padre. Está obligada a generar un vínculo parental donde no lo había, y a destruir el vínculo con la madre, a pesar del proceso de revinculación que se estaba ejerciendo de forma paulatina. Tal como se aporta, fueron desesperantes los gritos y llantos de la niña que era apartada de su madre por la fuerza el día de la ejecución de la medida. Pero no importó.
El progenitor
El padre sí fue denunciado en los años 2016, 2017 y 2019 por violencia familiar, de género y lesiones leves agravadas, pero a pesar de eso, hoy es el único que tiene contacto con la niña. Dice la madre en su denuncia: “Han pasado casi dos meses en los cuales no pude mantener siquiera una llamada telefónica. Se nos está privando sin fundamentos y argumentos del contacto madre-hija”.
Desde el pasado 2 de junio, la madre ha perdido todo tipo de contacto con su hija A pero, además, la niña ha desaparecido de la vida de todas las personas que la conocen. Drásticamente se la separó de su centro de vida. La pequeña se debió adaptar de forma abrupta a un nuevo ambiente, con personas que no conocía,y que nunca había visto.
Pero como la justicia argentina es claramente esquizofrénica, y los tribunales no circulan la información, las causas contra el padre violento siguen su curso sin que afecten el fuero de familia: el 13 de agosto, la fiscal Graciela Trill ha solicitado la elevación a juicio penal del padre, Darío Javier Pérez, hoy imputado por los hechos violentos contra su entorno.
Este es el grave escenario que viven las dos, y no hay ningún organismo judicial ni administrativo que realice un seguimiento sobre el estado de la niña. Dice la mamá: “Mi hija se encuentra a la deriva y a la merced de una persona violenta, capaz de ejercerle cualquier tipo de daño. No se le ha escuchado la voz a mi hija, no se ha practicado ningún informe socioambiental en la casa del progenitor, no se realizó ningún relevamiento sobre las personas responsables de sus cuidados”.
Gracias al capricho de la jueza, desde hace tres meses la madre no sabe nada de su hija, A. Desconoce su paradero, no sabe dónde vive ni con quiénes con vive. Desconoce su estado de salud y a qué división escolar asiste. Pérez arbitrariamente decidió cambiar a A de institución educativa y de actividades extracurriculares. Es decir, que no sólo ha decidido cambiarla de jardín, sino también alejarla de su familia materna, padrinos y madrinas, sus amiguitos y maestras. Pero, como si fuera poco, recientemente la madre supo que persona que convive con Pérez está divulgando en su ambiente que ella es la madre, y que por lo tanto la responsable de la niña. De tal manera, que a Cecilia le impidieron acceder a los grupos de WhatsApp de padres del jardín, con el argumento de que “la madre ya forma parte”. También han efectuado cambios en la apariencia de la nena, le cortaron el pelo y la tiñeron.
Arbitrariamente también, el padre ha dispuesto que la chiquita inicie una terapia psicológica con la Lic. Tiritilli, con lo que la madre no concuerda, ya que la nena tenía otra terapeuta. En fin, no les quedó nada por hacer.
Una más
Pero, por lo que sabemos, si hay un sitio donde las denuncias están teñidas por el tono caprichoso de las decisiones que se toman, es el fuero de familia. Siempre las acusaciones se dirigen a la inconsistencia en las decisiones de sus jueces. A la impericia manifiesta de sus funcionarios. A la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la norma en las notificaciones fehacientes. A esta manera de trabajar en un mundo patas arriba que siempre perjudica a los más débiles. Porque los tribunales de familia dirimen en cuestiones de alta sensibilidad: el bienestar de los menores de edad, las medidas de cuidado y guarda, las necesidades especiales de las familias más vulnerables, las mujeres que intentan sacar un manotazo fuera del agua cuando son víctimas de violencia de género. Es decir, las cuestiones más difíciles, las que requieren más racionalidad.
Hace un tiempo este semanario dedicó su investigación a la misma jueza, y a su accionar en otro caso: el de Facundo Nalpatián, que denunciaba que en el Tribunal de Familia n° 5 —a cargo de la jueza Clara Alejandra Obligado— no lo trataban como deberían. Y en la Asesoría de Incapaces n° 3, tampoco. No sólo lo estaban perjudicando en lo psicológico y en lo económico, sino que estaban obstruyendo su vinculación con su pequeña hija de 4 años, LN. Nuestros lectores se impactaron, pero las autoridades de supervisión parece que no.
Ahora, es la familia Errecartla que está sufriendo el accionar de la Jueza Clara Obligado que está actuando de una forma incomprensible.
El padre de Cecilia, Jorge Fraga Errecart, se expresó en la 99.9 ante el bozal legal que le impusieron a su hija para impedirle dar a conocer su verdad: “entre otras cosas, esta jueza parece que no deja trabajar al periodismo o se quedó en la época de la dictadura, porque no deja hablar a la gente”.
Refiriéndose al origen del conflicto, Errecart calificó al padre de la pequeña como “una persona adicta, alcohólica y golpeadora”. Explicó que les costó mucho trabajo hacerle entender a su hija el papel de víctima que estaba cumpliendo, pero que con apoyo familiar logró separarse.
Pero Pérez insistió, y según relata, hasta intentó atropellarla con un auto, hechos que han quedado grabados.
A pesar de sus antecedentes violentos, el hombre comenzó a insistir con las visitas: es un médico reconocido que ejerce funciones en un instituto de Mar del Plata, y —dice el denunciante—: “intenta disfrazarse de buen padre. A fuerza del dinero encontró un juzgado que se lo permitiera”.
La jueza Obligado tiene una argumentación bastante particular para prohibirle a la madre ver a su hija de 5 años: habla del tan difuso Síndrome de Alienación Parental. Lo cual es algo así como decir que la madre inventa la situación de víctima y violencia, y que esa invención es trasladada a la pequeña por lo que la niña no querría ver al padre. Por eso, decide hacer una vinculación forzada, pero priva a la madre de todo contacto. Claramente, es demencial.
Como conclusión, la madre no puede estar con su hija mientras que el padre, imputado, tiene más derechos. Dice Errecart: “Me parece que, como la jueza tiene el proyecto peregrino de la familia sustituta y quiere ser famosa académicamente, quiere hacer las vinculaciones forzadas para tener el plafón y separar a los niños de las familias para dárselas a otras, a las que se les paga para tenerlos”. Un delirio si se considera que para construir un vínculo, destruye otro. Dice la familia denunciante: “Pedimos la recusación y la denunciamos penalmente. La Cámara nos respondió que no era el momento, pero no se expidió sobre la cuestión de fondo”. Así nos va.