Denunciantes solicitan ante la Cámara de Diputados de la Provincia la intervención administrativa del IOMA, cansados ya de elevar denuncias por fraude contra sus funcionarios, y de que todas ellas hayan terminado en nada. Solicitan que las autoridades del Instituto sean apartadas de sus cargos.
“No vamos a aceptar como presidente a alguien que haya ocupado cargo como funcionario de la entidad durante los últimos diez años”, dicen los denunciantes en su presentación, y fundamentan el pedido en que el mayor endeudamiento del IOMA se produjo durante este lapso.
Los denunciantes son las autoridades del SUPTTIOMA: Idelmar Raúl Seillant y Oscar Alejandro Chavero, presidente y vicepresidente, respectivamente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Ellos son el personal técnico profesional de la entidad, los que diariamente ven con dolor cómo se vacían las arcas de la obra social más importante de la provincia, gracias a negociados irregulares que no hacen más que empobrecer el servicio que se brinda a los afiliados.
Pero a la vez, son ellos mismos – los trabajadores- los que pueden ver de qué manera grosera algunos de los funcionarios del IOMA se enriquecen vertiginosamente, sin que nadie se ocupe de averiguar de dónde sale semejante ganancia en la cuenta bancaria de un asalariado.
Solamente quien sufrió de cerca los servicios de IOMA puede evaluar su condición paupérrima. Solamente aquel que es afiliado al IOMA sabe que evidentemente el dinero se va para alguna parte, ya que, en la mayoría de los casos, la cuota aporte se retiene directamente de la liquidación de sueldos de empleados de la provincia, es decir que no hay mora ni atraso en los cobros.
Sin embargo, IOMA no paga a sus prestadores, y siempre está al borde del colapso. ¿Dónde está el dinero? En alguna parte. Mientras tanto, el afiliado que sólo cuenta con esta obra social es casi un menesteroso frente al sistema médico de la provincia. Los médicos prefieren no tratarlo, y solamente asignan una semana al mes para la atención de tales enfermos. Es decir que si alguien llama a un consultorio solicitando un turno médico, sabe que será atendido dentro de un par de meses, cuando haya cupo en los días que el médico tiene asignados para IOMA, que muchas veces son dos al mes. Obviamente, al profesional no le conviene llenarse de pacientes que no le representarán ingresos, ya que el Instituto paga tarde, mal y nunca, otorgando una cifra irrisoria por la atención de la consulta.
Si surge la necesidad de una operación, el paciente se enterará de que el Instituto Médico Asistencial únicamente cubre la intervención con el procedimiento más barato, es decir a bisturí. Un paciente que no cuente con dinero para pagar su arancel, deberá ser intervenido con metodología del siglo pasado, porque el láser, la endoscopía y demás modernidades quedan fuera de la cobertura. Pero como los diferenciados no están permitidos, los médicos no entregan factura por este arancel. Hacen figurar una operación tradicional, y cobran en efectivo y en negro la diferencia por una operación más moderna que aparece como un lujo. El paciente que pide una factura tiene que pagar la totalidad de la operación.
Obviamente, el afiliado llevará años aportando una cifra muy importante de su sueldo, sin elección: los afiliados de IOMA son excepción a la ley, y no pueden optar por otra obra social. Son afiliados cautivos de un sistema primitivo y perverso.
La gran farsa
En este caso puntual, los trabajadores del IOMA solicitan la intervención de la entidad, porque ya han presentado ante la fiscalía numerosas denuncias sobre servicios incumplidos y sin embargo liquidados, estafas que se han llevado a cabo con la complicidad de los más altos estamentos de la obra social. Afirman que cuentan con más de 70 casos de estafas comprobadas.
La gran figura en las denuncias es el servicio de internación domiciliaria, sumamente conveniente para quien planifica la estafa, ya que implica una erogación importante, mucho más si se paga a cambio de nada. Tales presentaciones se encuentran radicadas en la UFI n°8, a cargo de Jorge Paolini, por la figura de malversación de fondos públicos, pero los funcionarios responsables ni siquiera han sido citados a prestar declaración indagatoria. Hablamos específicamente del presidente del Instituto, Antonio La Scaleia, y el titular de la Dirección General Administrativa, Alejandro Fernández.
Dice la solicitud de intervención ante la Cámara de Diputados:
…”Uno por ser el Presidente del Organismo y el otro por ser el Director General Administrativo, habiendo sido advertidos mediante Cartas Documentos por esta Asociación Sindical de los hechos que hoy se investigan, por lo cual, no pueden continuar en sus funciones a no ser que acrediten –previamente- su inocencia. La propia naturaleza de los hechos que se investigan nos alertan sobre que lo más aconsejable sería apartar –provisionalmente- a los funcionarios señalados, hasta que recaiga pronunciamiento jurisdiccional en la investigación...”.
Las denuncias hablan de la internación domiciliaria, que constituye en la actualidad una alternativa para el cuidado de la salud de patologías complejas, ya que mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes, al completar su rehabilitación en el medio familiar. Tal forma de tratamiento permite brindar una asistencia personalizada con alto grado de participación familiar, minimizando los riesgos de infecciones intrahospitalarias y otras iatrogenias propias de las internaciones convencionales. Los funcionarios de IOMA pagan por este servicio a empresas tercerizadas, que en realidad –en muchos casos- no atienden a nadie: esa es la estafa.
La internación domiciliaria es un conjunto de acciones organizadas para la atención de patologías complejas por un conjunto de profesionales de la salud, técnicos y administrativos, bajo protocolos definidos de prestación, y registros unificados de asistencia, administrados en el domicilio del paciente. Por eso, está dirigida a aquellos que han sufrido una patología aguda, y requieran de una lenta rehabilitación, o bien aquellos que presentan una patología terminal o crónica inestable y requieran atención frecuente en su domicilio. Es aceptada como alternativa válida, eficiente y confiable en aquellos casos que no requieran estrictamente una internación sanatorial, pero que tampoco pueden ser tratados con una atención ambulatoria.
Una crueldad
Existen criterios preestablecidos para la admisión de pacientes que requieren internación domiciliaria, con módulos específicos dependiendo de la patología. Es muy importante aclarar que si no está controlada por una auditoría externa e interna con la conformidad de la atención de los afiliados, se debe anular inmediatamente. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? Con la complicidad de altos funcionarios y de ciertos administrativos, se realizan trámites de internación domiciliaria a personas que jamás la han recibido como consta en el expediente.
Las infinitas denuncias exponen todas las posibilidades. Una paciente que figura con una internación domiciliaria que no se le proporcionó nunca, como Marta Sánchez, de Tandil. En este caso, el Director de Programas Específicos, Antonio Nardella, fue quien decidió que la empresa Clinicasa fuera prestadora, y que se le pagaran los servicios de internación domiciliaria que no brindaría. Es muy importante aclarar que para que esto sea posible, se requiere el aval del Director General de Administración, Alejandro Fernández, con el fin de pagar la prestación de internación domiciliaria que no fue realizada.
En otro caso, el de Fortunato Puntieri, de Pehuajó, el paciente había muerto cuando ellos aprobaron y hasta renovaron la presentación por la internación en casa, y la viuda fue asesorada por los funcionarios del IOMA, que se enteraron de la denuncia, y le indicaron lo que debía declarar ante la justicia.
Y estos son algunos de los casos, porque el tono de la tragedia es imposible de traducir a palabras: ellos estafan a personas que padecen enfermedades terminales, y algunos mueren sin recibir jamás el servicio del cual podrían haber gozado, porque de hecho les correspondía. Los que llegan a recibir atención domiciliaria no disfrutan siquiera de una parte de los servicios que se enumeran en el contrato, que debería asignarles no sólo un número de visitas semanales del médico, sino además asistencia de enfermeros profesionales, cuidador domiciliario, kinesiología, rehabilitación a domicilio, y hasta un colchón antiescaras. Algunos casos prevén profesionales específicos a pacientes en recuperación como un fonoaudiólogo domiciliario, y demás. Estos servicios nunca llegan a la casa del enfermo, pero IOMA los paga, y con creces.
Por eso es posible hablar de los cara de piedra. Porque se puede estafar con muchas cosas y nunca estaría bien, pero para armar una estafa que permanezca impune a partir de la incomodidad, el sufrimiento y la muerte en soledad de pacientes de enfermedades terminales, hay que ser una clase muy especial de estafador. Hay que tener la cara de piedra y el alma ausente. Hay que ser el último de los escalafones del delito económico.
Lo que falta aquí no es dinero, la plata está. Lo que no está es el colchón especial para que un abuelo inmovilizado no muera en medio del sufrimiento de las lesiones de piel que impone la postración.
La misma denuncia llegó al gobernador Scioli y a la Presidenta de la Nación, una vez que se comprobó que las auditorías tercerizadas formaban parte de la estafa, sin que hasta ahora se haya visto el más mínimo movimiento sobre las autoridades del Instituto. Por lo pronto, los afiliados de IOMA ya saben cómo pasarán los últimos días, cuando les toque requerir los servicios por los cuales han aportado toda la vida. Que Dios los asista.