En economía, se llama «cártel» a un grupo de empresas que se unen para controlar un mercado, evitando la competencia. Es decir, el escenario que se da actualmente, DNU mediante, con el sector de las prepagas.
Debería ser uno de los pilares del anarco-capitalismo que profesa el presidente Javier Milei la libre competencia, de forma que sea el propio mercado quien opere como regulador de precios y garante de la calidad de los productos y servicios que se ofrecen. Sin embargo, por ahora, en la práctica eso no se estaría viendo mucho. ¿Por qué? Por el fenómeno de la cartelización, donde un grupo de empresas se unen para determinar los precios de manera arbitraria y así jorobar al usuario, que no puede ir a buscar una mejor oferta a ningún lado. Un caso clarísimo, es el que se da en la medicina prepaga.
El descalabro
Vale la pena recordar —una vez más— que Argentina aún atraviesa las consecuencias económicas de la mala praxis política del trinomio Fernández-Fernández-Massa, quienes jugaron a imprimir billetes como si no hubiera mañana y destruyeron así el valor del peso. Además, el constante intervencionismo del Estado sobre el mercado y la economía durante años y años ha logrado erradicar toda noción propia del sentido común en el funcionamiento cotidiano de la sociedad: nadie sabe lo que valen las cosas, cada uno se arregla como puede, y hay reglas para todo… pero ya no se sabe si éstas siguen vigentes o no. Las actitudes atolondradas de la actual gestión, su enorme falla comunicacional, y el juego político de confrontar continuamente, no ayudan mucho a aclarar el panorama tampoco. Así, en estos meses de transición, se dan situaciones puntuales que causan espanto.
¿Se podía mantener la situación de las prepagas, tal como estaba, por mucho tiempo más? Claramente que no. En el último tiempo, hasta las prestadoras más prestigiosas del país habían empezado a exhibir fallas en la atención y los servicios, a llevar a los médicos a la necesidad de imponer copagos, faltaban insumos por todas partes y miles de situaciones más.
Sin embargo, luego de la publicación del DNU que hoy se debate en el ámbito del Poder Legislativo, cuya intención era desregular la economía para incentivar, entre otras cosas, la libre competencia, las empresas de medicina prepaga se pasaron de vivas, se cartelizaron y empezaron a aplicar aumentos que no tienen ninguna lógica, no van de la mano de los aumentos de los servicios, ni tampoco se condicen con las variaciones en la capacidad adquisitiva de sus usuarios.
El plan está claro: deshacerse de los que menos tienen, y más servicios requieren, para quedarse sólo con aquellos clientes que pueden pagar mucho, pero que rara vez van a necesitar que sus mutuales u obras sociales los ayuden en nada.
El amparo
En medio de este contexto, a una vecina jubilada de nuestra ciudad, que en diciembre del año pasado pagaba $90.105 por su servicio de medicina prepaga, le llegó en febrero una factura por $168.677. ¿El servicio? El mismo. ¿El aumento en su ingreso previsional? 0%.
Ante esta situación, y asesorada por el Dr. Juan Ignacio Marcelliac, la vecina presentó un amparo que fue a caer al juzgado del Dr. Alfredo López quien, luego de un dictamen favorable por parte de la fiscalía, resolvió una medida cautelar a su favor en tanto se resuelve la cuestión de fondo, que es si estos aumentos resultan o no inconstitucionales bajo el amparo del art. 43 de nuestra ley suprema.
En una entrevista para la FM 99.9, el Dr. Marcelliac explicó el decisiorio del Juez: «el planteo que se le hizo a la justicia y por lo que obtuvimos la medida cautelar, es el aumento descontrolado que, avalado en el famoso DNU dictado a fines del año pasado, modificó y derogó todo el marco regulatorio permitiéndoles incrementar el valor de las cuotas. Lo que le exhibimos al juez es el gráfico desfasaje en el aumento de las cuotas que llegó de 90 mil a 150 mil y en marzo está en 180 mil, con más de 100%; mientras que el aumento de la jubilada amparante fue 0% en ese período. Es imposible para cualquiera afrontar estos incrementos».
Además, la presentación judicial avanza en un sentido más amplio, pidiendo que no siga vigente esa desregulación: «lo que se pide es que se declare la inconstitucionalidad de esta parte del DNU que desregula los controles. En el marco anterior se preveía la necesaria intervención de un organismo de contralor ante cualquier planteo de aumento, no sólo para autorizarlos, sino también para analizar la razonabilidad del mismo para que guarde proporcionalidad con los costos del servicio y los ingresos del afiliado».
Entre las múltiples consecuencias de los aumentos constantes, hay otra variable que el Dr. Marceillac destacó: «lo que se está logrando es expulsar a mucha gente del sistema de medicina prepaga. El fiscal hizo un claro reflejo de lo que el DNU está habilitando. Donde hay adultos mayores que estuvieron aportándole al sistema toda su vida, cuando más necesitan la medicina prepaga, los empujan a desafiliarse por imposibilidad de pago. Se están sacando de encima los afiliados que mayores costos representan y quedándose con los que no requieren prestaciones».
Más allá de las buenas intenciones del DNU que buscaban abrir la competencia entre las prepagas, éstas eligieron otro camino: «otro de los argumentos que utilizamos fue que públicamente las prepagas se cartelizaron. Dijeron que se convocarían para ver qué aumento aplicarían para todos los afiliados, eso es una cartelización y una violación a la competencia».
Ahora resta dirimir la cuestión de fondo, pero ya esta situación es una muestra clara de que, en un sistema republicano, con tres poderes independientes que se controlan entre sí, no es necesaria la existencia de un Estado paternalista e intervencionista que nos «cuide» todo el tiempo, haciéndole la vida imposible a quienes deciden invertir y apostar en este país. ¿La desregulación da lugar a que algunos se quieran pasar de vivos? Muy bien, para eso está la justicia: para poner en vereda a los que se quieren aprovechar, y garantizar que podamos vivir todos un poco más libres, pero en un marco de orden y de sentido común.