Le llevó un tiempo cumplir con sus obligaciones. Y, a decir de sus acólitos, le provocó un estrés tan grande, que tuvo que terminar pidiéndose licencia. Guillermo Montenegro no soporta la presión de la realidad: el tiempo del romance está finiquitado y ahora sólo quedan las hieles del deber pospuesto.
El aumento del valor de la tarifa plana de colectivo para General Pueyrredon a implementarse desde el próximo 25 de marzo no refleja el que debería ser el valor real, conforme a los costos que estableció el propio municipio.
Hay un aspecto del servicio de transporte público que la dirigencia —y, por consecuencia, la sociedad— eligen ignorar selectivamente: la titularidad y la responsabilidad de la prestación del mismo, es del municipio. Los empresarios del sector han puesto el capital monetario y humano para llevar adelante la prestación, pero ésta es una concesión. La responsabilidad sigue siendo municipal.
Y todo contrato implica tanto derechos como obligaciones para las partes. En este caso, el municipio las incumple señeramente desde la asunción de Montenegro, jugando el juego de hacer política con el valor de la tarifa. En líneas generales, este tipo de comportamiento se denomina «populismo». Un contrato generalista de prestación de servicios, siguiendo el modelo inglés de inicios del siglo XX, el cual aún se usa como estándar en buena parte del mundo, especifica quela utilidad, luego de la amortización del capital e impuestos, debe ser de hasta un 7% sobre el capital invertido y a invertir.
Estos parámetros han sido vulnerados desde el 2003 con la infame y corrupta política de subsidios, con la cual ahora se busca terminar. Al mes de enero, las empresas reclamaban una tarifa de $900, mientras que el municipio la estimaba en $765. Se tomaron tres meses para fijar una tarifa hoy que, en febrero, ya estaba en algo más de $1000.
Hay un charlista del Frente Renovador que sale en las redes a exponer, en su sevicia, que Montenegro ha aumentado la tarifa en cuatro años en un 4.000%. Federico Cermelo —quien perdió el conchabo que tenía en la Cámara de Diputados tras la derrota de su jefe político— busca presentarse como un doliente actor público que busca la vindicta en nombre del usuario.
Yin y Yan. Montenegro no hace lo que debe, hundiendo patrimonialmente a las empresas, mientras que este otro botarate cree que se va a forjar un camino en la política local blufeando sobre la tarifa y el servicio de transporte. No sé a cuál de las dos actitudes irresponsables atribuirle una mayor sevicia. Ambos, con sus actos —a los que denominan «hacer política»— le joden la vida a la sociedad.
Todo esto es consecuencia de la corrupción y mala praxis económica, que hoy está tan expuesta. El 4.000% de aumento en el valor de la tarifa no está en línea con la real depreciación de la moneda que escandalosamente provocó Sergio Massa. Si quieren ver a qué valor deberían estar las tarifas, pregunten por el boleto de la línea 221, que lo fija el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires cuyo gobernador —debe decirse— es Axel Kicillof.