Complicado III

A través de un comunicado, él quiso instalar que se trata sólo de lo que afirma «alguna nota periodística». La fiscal de la causa, Betina J. S. de Lacki, lo expresó clarísimo: «el imputado Catriel Taubenschlag se encuentra prófugo».

A pesar de los denodados esfuerzos de Catriel Taubenschlag y su defensa de construir una realidad paralela en la que uno puede eludir a la justicia si se inventa argumentos delirantes para hacerlo y no pasa nada, la fiscal Betina J. S. de Lacki lo dejó muy en claro: su actitud implica claramente que se encuentra prófugo, a diferencia de lo que sucede con el resto de los imputados en la causa.

Ahora Taubenschlag, a través de su defensa, le pide al juez que no lo meta preso porque imagina que hubo un acuerdo secreto entre la fiscal y uno de los imputados y pretende la nulidad, tanto de esa declaración, como de acciones que nada tienen que ver con ese testimonio. Un delirio.

La causa

Recordemos que, el 7 de agosto, la fiscal de Lacki, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial La Plata, pidió la detención de Albertina Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni por «Asociación Ilícita, Defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad, por ser cometido como miembro de una asociación y por su comisión por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, todos ellos en concurso real entre sí».

Según el requerimiento, se trataba de «una asociación cuyo fin era la captación de personas vulnerables económicamente a los fines de «escanearles el ojo» y extraer sus datos para luego abrir cuentas a sus nombres, realizando un uso espurio de sus datos». El primer eslabón era Mangini, Secretaria de la Fiscalía de Cámaras con funciones en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados, que, dice el escrito, «se encargaba de identificar y abordar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica y/o bajo tutela judicial». A cambio de dejarse fotografiar el rostro y el documento, las víctimas recibían ochenta mil pesos.

De ahí en más intervenía Perrotta, «quien tenía la total disponibilidad de las mismas haciendo las veces de nexo tecnológico y operativo central administrando las cajas recaudadoras». Solo por dos de las cuentas abiertas a nombre de una de las víctimas —una empleada de limpieza con dos hijos discapacitados— pasaron $172.242.946,68 en el plazo aproximado de un año. Para la fiscal, «el casino ilegal funcionaba como una maquinaria de conversión o “licuadora” destinada a captar, blanquear y estratificar flujos monetarios originados, al menos, en el juego clandestino y en maniobras de defraudación».

El último tramo es el que involucra a Taubenschlag. Sobre él, Marchioni, Campoli Sillero y Scigliano, el requerimiento sostiene que «Constituían el nivel financiero profesional de la organización, indispensable para que las ganancias obtenidas mediante la explotación clandestina y la defraudación abandonaran las cuentas de las víctimas y adquirieran una apariencia compatible con operaciones legales». Las transferencias terminaban siempre en «.12 centavos», algo que, para la fiscal, «Funciona, técnica y procesalmente, como una “marca de agua” o firma de la organización para rastrear la dispersión de fondos dentro de la red». Solo en un mes y medio, las cuentas de Marchioni registraron «un flujo bruto de $27.149.888.153,28 con diferencia final de apenas $3».

Mangini, Perrotta y Marchioni quedaron detenidos. Taubenschlag, en cambio, logró en un principio que el juez rechazara el pedido de detención. La fiscalía insistió y la orden se dictó el 8 de septiembre.

¿Pago fácil y Rapipago?

Uno de los recientes testimonios que complicó seriamente a Taubenschlag fue el de Juan Ignacio Campoli Sillero, un analista de sistemas que hasta ahora permanecía prófugo de la justicia y que detalló su vínculo, no sólo con Taubenschlag, sino también con Ignacio Leonel Marchioni, otro de los detenidos en la causa.

Campoli Sillero cuenta que empezó a involucrarse en el tema del arbitraje financiero en el 2021, y que «en esta actividad, se realizan múltiples operaciones diarias hasta más de trescientas operaciones por día con trescientas contrapartes distintas, es decir, clientes, la cual es imposible conocer a cada uno de ellos». Continuó: «con respecto de Marchioni, en uno de los cursos que yo compré como arbitrador él lo vendía también el curso, yo no le compré el curso a él fue a otra persona pero bueno cuando te daban el acceso al curso había una comunidad de Discord y una comunidad de WhatsApp, ahí Marchioni tenía el rol de soporte».

Al respecto de Taubenschlag, cuenta: «En el 2023 operando normalmente en Binance me abre una orden una persona, que esta persona es Catriel, realizamos la operación de forma normal y en el chat de Binance me pregunta si me interesaría operar por fuera, por WhatsApp para ahorrarnos la comisión de la plataforma, esto suele ser muy común entre arbitradores y clientes ya que al ahorrarnos la comisión la ganancia es mayor. Bueno yo a Catriel le digo que sí, que vamos a operar por WhatsApp y así es como pasa a ser un cliente más de los tantos clientes que tengo y de los tantos clientes que he operado».

Continuó: «era una relación de clientes la cual operábamos de manera frecuente. Hablamos, él me contactaba, me decía que me iba a mandar cierto monto durante el día, yo iba recibiendo esos pesos y luego le liquidaba los USDT a él. Quiero aclarar también que como eran operaciones habituales y frecuentes yo le consulté a él el origen de donde venía el dinero y me dijo que tenía una red de pagos fácil y rapipagos, entonces los clientes que a veces iban a pagar tenían que transferir y transferían a mi cuenta y yo después les liquidaba los USDT a Catriel».

Preguntado cómo sabía que esas transferencias venían de Taubenschlag: «me decía te voy a enviar cierta cantidad de plata, cuando yo recibía ese monto, le liquidaba los USDT, no me decía de quien iba a recibir las transferencias era más bien por monto. No me acuerdo bien pero era más o menos el monto exacto».

Preguntado si notó algo sospechoso: «No, jamás se comunicó nadie conmigo ni tampoco sospeche de algo ya que cuando yo le consulté sobre el origen del dinero la explicación que me dio sobre los rapipagos y pago fácil me pareció suficiente para entender la operatoria. Además, que como arbitrador no tengo la exigencia o el deber de saber de dónde proviene el dinero».

¿Acuerdo espurio?

Otro que declaró fue Mauro Perrota, pero, como a la defensa de Taubenschlag no le conviene mucho lo que dijo, ahora pretenden voltear ese testimonio con un pedido de nulidad alegando un acuerdo secreto entre el imputado y la fiscalía, lo que resulta medio tirado de los pelos porque Perrota está preso y no consiguió ningún tipo de beneficio luego de su declaración.

Las abogadas de Taubenschlag sostienen que «en los hechos se trató de una declaración de colaboración -propia del instituto conocido como «arrepentido»- por cuanto se desprende de distintos pasajes de la transcripción que existía un acuerdo previo entre la Fiscalía y el Defensor», y que «fueron las manifestaciones de Perrota lo que “revirtió” el criterio de VS sostenido apenas un mes antes para denegar la medida de coerción respecto del Sr. Taubenschlag». Para ellas, la declaración «termina funcionando como un verdadero «caballo de Troya» dentro de esta investigación».

Antes de responder punto por punto, la fiscal dejó sentado lo primero: «En primer lugar entiendo pertinente mencionar que el imputado Catriel Taubenschlag se encuentra Prófugo». Y citó a la Corte Suprema: «…mientras subsista la rebeldía, no puede haber diálogo procesal posible entre el prófugo y el tribunal…».

La defensa se queja de haber ejercido su función «en condiciones de desigualdad manifiesta que han impedido el ejercicio eficaz del derecho de defensa en juicio que asiste a nuestro defendido». La fiscal responde que las abogadas «insertan de manera minuciosa en su escrito de nulidad diversos extractos y pasajes de la declaración de Mauro Perrota, lo que deja entrever e irrefutablemente al descubierto que han tenido pleno, irrestricto y oportuno acceso a las constancias de la causa y a los audios y transcripciones de la audiencia». Y agrega: «pretender colocar a su asistido en un plano de igualdad procesal frente al resto de los coimputados resulta jurídicamente inviable, en tanto no se encuentran en una misma situación frente a la ley: mientras los coimputados están a derecho y sometidos al proceso, Catriel Taubenschlag se encuentra voluntariamente prófugo de la justicia y al margen de la jurisdicción, siendo su propia contumacia la que condiciona el marco del ejercicio de su defensa».

La defensa describe a Perrotta como «un imputado privado de su libertad, alojado en una Unidad Penitenciaria desde hacía por lo menos 10 días, interrogado nada menos que por la Fiscal a cargo de su propia causa, y con la necesidad concreta de aportar datos e información que le permitieran obtener una mejora en su situación procesal». La fiscal responde que la audiencia se fijó a pedido de la propia defensa de Perrotta y que «surge que Perrota ejerció su derecho de defensa material sin atadura, presión ni vicio alguno». Y apunta «un dato objetivo fundamental de la causa: Mauro Perrota no ha obtenido ningún tipo de beneficio procesal ni atenuación de su situación en virtud de sus dichos. Por el contrario, se encuentra aún detenido con prisión preventiva dictada en su contra». Eso, dice, «demuestra la falacia del argumento relativo a un acuerdo pactado o ilegítimo».

Sobre el supuesto cambio de criterio del juez, la fiscal sostiene que «la situación procesal de Catriel Taubenschlag no ha variado por la declaración de Mauro Perrota. Pretender eso, no hace más que constituir un severo cuestionamiento a la función jurisdiccional», y que tanto la detención como los allanamientos «se sustentaron en un plexo probatorio autónomo, preexistente e indivisible incorporado a la causa a través de complejas e intensas medidas técnico-informativas, financieras, trazabilidad de operaciones y criptoactivos, así como tareas de investigación de campo e instrucción». Concluye: «La declaración de Mauro Perrota no creó la prueba, sino que se acopló y confirmó la trama delictiva que ya surgía de manera objetiva e independiente en la presente Investigación Penal Preparatoria», y el pedido de nulidad «se erige como una mera disconformidad con el avance de la investigación e intenta consagrar la nulidad por la nulidad misma».

Más allá de la controversia, lo que está claro es que Catriel Taubenschlag debería estar preso, —como el resto de los imputados en la causa— ya que los movimientos financieros y diferentes testimonios que lo involucran en esta multimillonaria operatoria requieren, aunque más no sea, una clara explicación.