Causa previsional | El tribunal de Inchausti interviene en asuntos de vital importancia, pero por cada persona que investiga, genera daño irreparable en otras tantas. Encarcela a quien le parece, y no da explicaciones. Para el magistrado, la cárcel es lugar para cualquiera que él señale.
El Tribunal Federal N°3 sigue haciendo desastres procedimentales en la administración de justicia. Desde un sitio privilegiado para la toma de decisiones, el magistrado Inchausti no entiende razones, y no le importa si hay que prender fuego un bosque para sacar una hierba indeseada. Hace más o menos lo que le parece según su capricho. Y ni siquiera se rinde a la tutela de los camaristas, que, denuncias aparte, no parecen estar demasiado preocupados por la irracionalidad de sus decisiones.
Pero lo más grave es que las cuestiones en sus manos no son de poca monta, sino que atañen a delitos federales de amplia cobertura mediática, lo cual lo pone en un candelero que parece embargar su fascinación. Baste citar, nada más, el enorme expediente de las jubilaciones apócrifas que hoy le permiten llevarse puesta toda la cristalería de un solo golpe.
Hace unos meses, varios abogados reconocidos en gestiones previsionales resultaron detenidos en el marco de una investigación federal por defraudación al Estado. Tramitaban irregularmente jubilaciones, en casos que implicarían una suma estimada en 14 millones de pesos, pero que podría ser mayor. Además de la defraudación contra la administración pública, se les imputa cohecho, falsificación y asociación ilícita. Los profesionales detenidos fueron Rubén David Cagni, Luis Miguel Irós, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez, quienes compartían el estudio jurídico Organización Previsional SRL, de Avenida Paso al 2800. Allí se iniciaban gestiones de pensiones y retiros por invalidez sustentados en documentación y situaciones falsas.
Inchausti autorizó una docena de allanamientos que ejecutó personal de Prefectura, medida que permitió hacerse de material probatorio. Además del estudio jurídico, se allanaron domicilios particulares de los detenidos y de médicos que podrían estar involucrados.
Los implicados podrían ser muchos más, ya que para completar la documentación requerida para estos trámites se necesitó de la participación y complicidad de algún empleado o funcionario público. La mayoría de estos trámites tenía que ver con aportantes al sistema que declaraban grados de incapacidad muy superiores a los que podrían padecer, lo que les permitía acceder a beneficios que no les correspondían, o a jubilaciones muy superiores a las que se les podrían haber otorgado con una verificación más eficaz de los datos.
Por ejemplo
En el allanamiento realizado en Paso e Hipólito Yrigoyen, donde funcionaba la estructura central de la organización, en el último piso se encontró un consultorio médico completo, y también una caja fuerte con cientos de escrituras por un valor indeterminado pero varias veces millonarios.
La procuración de la causa que tiene hoy bajo proceso a dos abogados en el penal de Ezeiza, y en Marcos Paz los restantes, tiene varias puntas en las que interviene la AFIP, la ANSES y la Dirección Nacional de Seguros de Riesgos de Trabajo.
Pero ¿cuáles son los daños colaterales de esta investigación? Los damnificados reales, ¿salen ilesos? ¿Hay profesionales salpicados por una gestión ilegal que no han gestado ni compartido? ¿Puede el grosero juez Inchausti distinguir una cosa de la otra?
El único jubilado por incapacidad que se presentó a declarar es Marcelo Migliano, quien este mes expuso ante el tribunal, con documentación probatoria de que padece neoplasia mieloide con seniofilia, una enfermedad que lo llevó al límite de la muerte en 2013, y le impide un desempeño laboral normal. Requiere para su tratamiento una medicación increíblemente costosa, por lo cual, de suspenderse el acceso a las drogas, sufre un franco desmejoramiento de su salud.
En 2014, refiere haber concurrido al estudio jurídico en cuestión, donde se le informó que -si bien su discapacidad era francamente comprobable- le faltaban aportes, ya que los años trabajados por él en un supermercado de La Plata no eran suficientes. También le indicaron que esto se solucionaba comprando tales aportes, “como los de ama de casa”, expone. Dice Migliano que en ese momento debió reunir la suma de $120.000, que obtuvo de una operación inmobiliaria que habían realizado sus padres, monto que entregó en el estudio jurídico aludido, creyendo que realizaba así una gestión legal prevista en ese momento como habitual. Él necesitaba comprar su Imatinib 400, que ya en ese momento costaba unos $40.000, así que todo valía la pena.
La junta médica determinó la discapacidad del 70%, por lo cual el trámite se inició con éxito. El beneficio se concedió unos meses después, y el estudio le cobró todo el retroactivo en concepto de un honorario que terminó por ser insuficiente, e implicó luego el pago de algunas cuotas más.
Pero en octubre de 2015, Migliano concurrió al banco y fue informado de que ese era el último mes que se le pagaba el haber jubilatorio. Preocupado, concurrió nuevamente al estudio, donde le explicaron que se trataba de un simple inconveniente administrativo, y que lo derivarían al estudio en Buenos Aires, que se ocuparía de llevar adelante un amparo legal.
La notificación de la ANSES no tardó en llegar. Allí se le informaba que tendría que devolver todo el dinero percibido indebidamente, ya que en su trámite se indicaba que se había desempeñado en una empresa llamada Transfrut, pero que ANSES no tenía constancia de que la firma hubiera aportado las cargas correspondientes a los períodos aludidos. El jubilado volvió a la junta médica, que volvió a determinar su discapacidad real, pero a pesar de todo le debe al Estado una cifra cercana al medio millón de pesos. El amparo tiene catorce cuerpos, pero su vida depende hoy del ex Ministerio de Salud, que le otorga la medicación imprescindible. No cobra desde 2015.
Cuando declaró ante el tribunal, Migliano dijo haber conocido a Balbuena, a Cagni y a Irós, que fue quien lo acompañó al banco en ocasión del cobro para asegurarse la transferencia del retroactivo a la cuenta del estudio. Pero negó conocer a los demás, entre ellos a Luciano Conrado Diez Suárez.
La cuestión es que Diez Suárez, actualmente detenido, sólo realizaba trámites en el IPS, institución de la cual no se registran denuncias por otorgamiento indebido de beneficios previsionales, ya que todas las irregularidades refieren a una organización ilegal que articulaba con ANSES. Sin embargo, la sola participación en la actividad con los profesionales integrantes de la posible asociación ilícita, le ha valido la cárcel. Inchausti es así, arrasa y después pregunta.
Nadie ha mencionado a Diez Suárez como parte de los hechos ilegales. El profesional es padre de dos hijos, y su esposa será próximamente intervenida quirúrgicamente por cáncer de mama. Por esa razón, el juez le ha otorgado una prisión morigerada por el término de 44 días, transcurridos los cuales deberá volver a prisión. ¿A santo de qué? No se sabe.
Otro más
Pero esto no es todo. Recientemente se dio a conocer el reclamo de un médico que se encuentra detenido hace más de 100 días en el penal de Marcos Paz, acusado de una delito por el cual ya fue juzgado. Interviene, por supuesto, Santiago Inchausti. Se trata de Fernando Fernández, que se encontraba en Madrid cuando se enteró de que el juez había mandado a allanar su casa, en mayo del corriente. Su abogado Osvaldo Verdi ya lo había defendido en una causa penal iniciada por la Superintendencia de ART, donde Fernández trabajaba como perito. En el 2010 había sido despedido sin sumario administrativo y de forma muy irregular, momento en que se inició la causa penal por el caso Sayanes.
Cuando volvió a la Argentina, por más que Verdi había informado que se encontraba en el exterior, fue detenido en Ezeiza, y comenzó allí un periplo de prisiones y traslados que resulta increíble. Para comenzar, se lo trajo a Mar del Plata a declarar ante Inchausti. Cuando creyó que lo excarcelaban, lo trasladaron otra vez a CABA: “mi familia se acerca al Juzgado a llevarme abrigo y se encuentra con que yo no estaba allí. Ante su requerimiento, nadie de la justicia pudo brindarles información sobre mi paradero. Sólo los atienden dos empleados administrativos y al solicitarles la atención del juzgado de guardia, les contestan que sólo están para atender nuevos casos (…) mi abogado no había recibido ninguna notificación sobre mi traslado”. Pasó tres días en la Unidad Penal 28, y de allí fue trasladado a Marcos Paz: “El 31 de mayo a la noche me trasladan a Marcos Paz con muy malos tratos. Debido a una artrodesis de tobillo que tengo, me costó bajar del transporte y me caí, los policías se mofaron de mí, me patearon y me dejaron tirado, sin abrigo (ya que la campera me la robaron en la UP 28), en una celda con las ventanas rotas y así pasé las horas de la madrugada”.
Tras diez días de reclamos consiguió ser visto por un médico, a quien le pudo comunicar sus enfermedades preexisterntes: gota, hipertensión arterial, arteriopatía periférica, infarto de miocardio con tres stents, todo ocurrido en los 2 años anteriores. El profesional sólo le hizo una receta para que la familia le comprara los remedios que debe tomar de por vida. Inchausti le negó la domiciliaria sin razones, y lo mismo hizo la Cámara.
Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. A no ser que lo diga Inchausti: él sí puede.