A lo largo y ancho del país, se repiten las amenazas de tiroteos en las escuelas. El análisis de dos de los casos que se han dado en nuestra ciudad.
En los últimos días, en al menos diez instituciones educativas de la ciudad se dieron situaciones de amenazas de tiroteos, en un fenómeno viral que se replica en todo el país y que nadie parece saber bien cómo manejar. En los dos casos de los que nos ocuparemos hoy, el contraste es claro: en el primero, una seria de reacciones rápidas y contundentes permitieron contener la situación y desactivarla por completo. En el segundo, a pesar de las reiteradas señales de alarma, la situación no dejó de escalar. Sin políticas claras sobre cómo contener estas situaciones, tanto los chicos que terminan fantaseando o incluso planeando con realizar este tipo de actos atroces, como sus compañeros, familias y toda la comunidad educativa, se encuentran desamparados.
Síntoma de lo social
El primer caso se dispara cuando un adolescente de 17 años decide realizar la amenaza anónima de llevar a cabo un tiroteo masivo en su colegio. La policía y la Fiscalía actuaron rápido, lo identificaron en horas y el caso quedó judicializado. Quien intervino, fue el fiscal Walter Martínez Soto.
En una entrevista para la FM 99.9, el funcionario confirmó que el autor fue identificado rápidamente gracias a la Comisaría 7.ª, la colaboración de los directivos y de la propia familia del joven. Pero advirtió que el fenómeno se extiende: «En Mar del Plata ya hay otros casos, en colegios públicos y privados, y también en Miramar. Es la misma modalidad, casi el mismo mensaje, lo que nos hace pensar que hay algo que los une, una suerte de desafío».
Martínez Soto fue tajante respecto de la calificación legal: «Cuando esto escala a estas dimensiones se convierte en un delito. Está penado por el Código Penal como intimidación pública, con una pena gravísima que puede llegar hasta los seis años de prisión. Si estuviese vigente la nueva Ley Penal Juvenil, este joven sería detenido, no cabe la menor duda». La ley, sin embargo, recién entrará en vigencia entre septiembre y octubre, y el fiscal anticipó dificultades en su implementación: «Invade facultades de las provincias. Si no hay una propuesta macro de solución, va a haber problemas todos los días».
La investigación no se agota en el autor material: «No es solo quién lo hace, sino quién lo publica, quién lo fomenta. La tecnología nos permite rastrear huellas digitales y vamos a poder individualizar a todos los que hayan participado». Martínez Soto también abrió la puerta a que los padres respondan civilmente: «Puede parecer una medida extrema, pero es hora de que la familia tome conciencia de lo que hacen sus hijos y de que son responsables de sus actos».
El diagnóstico del fiscal fue más allá del caso puntual: «Es un síntoma serio de cómo estamos estructurados como sociedad y qué es lo que pensamos respecto del otro. El sistema familiar está fallando enormemente. Se manejan con sus propias normas, con total desprecio al sistema educativo, y así es muy difícil construir una sociedad en paz».
Este caso está contenido. En horas recientes, los padres del joven enviaron un mensaje a la comunidad educativa pidiendo disculpas por el accionar de su hijo y contando las acciones que están realizando para acompañarlo de manera adecuada. Al parecer, el joven nunca tuvo la intención real de materializar la amenaza, y sólo se trató de una situación donde no supo medir la dimensión ni las consecuencias de su accionar.
Reacciones tardías
El problema real se da cuando aparecen casos en donde sí existe la fantasía de causarle un daño a los demás, o incluso a sí mismos, donde se idealizan situaciones terribles, y hasta se efectúan acciones concretas para tratar de cumplir esos objetivos, como buscar los medios para comprar un arma.
Este caso se encuentra registrado paso a paso a través de diferentes acciones judiciales en un espacio de dos años. El expediente se inició a mediados de 2024, cuando el padre de cuatro niños pidió un cambio en el régimen de comunicación, preocupado específicamente por dos de ellos. Proponía que los niños se fueran a vivir con él para poder acompañarlos mejor, más que nada en cuanto a su escolaridad y en el cuidado de su salud (gestión y asistencia a turnos médicos, situaciones por el estilo). Notaba que uno de los chicos presentaba un cuadro grave de ausentismo escolar que las instituciones educativas venían alertando sin obtener respuesta suficiente. Un acta escolar labrada por la asistente social del colegio consignaba: «Pedagógicamente no presenta ninguna dificultad, pero con las inasistencias no ha podido adquirir los conocimientos de los años anteriores ni los de este año».
En sucesivas audiencias de conciliación, los padres acordaron un régimen provisorio, se comprometieron a iniciar terapia parental y terapia individual para ambos chicos, y a garantizar la vuelta a la escuela. Los seguimientos de fines de 2024 y principios de 2025 registraron avances: los adultos habían mejorado su comunicación, los chicos estaban en tratamiento, el mayor había mejorado su rendimiento. Pero el menor seguía sin poder asistir con regularidad por lo que los peritos describieron como una «inestabilidad emocional que se lo impide».
Fue entonces cuando la situación del hermano mayor, que hasta ese momento parecía estabilizada, implosionó. En marzo de 2026, fue internado en el área de salud mental de un nosocomio local con diagnóstico de ideación suicida. El informe de su psicólogo tratante detallaba un cuadro alarmante: ideas autolesivas reiteradas y —lo que encendió todas las alarmas— fantasías de violencia masiva contra su escuela, con planificación concreta que incluía intentos de adquirir un arma en el mercado informal.
El equipo interdisciplinario del juzgado lo evaluó y consignó: «Actitud pasiva, afecto embotado. Ideas patológicas autolesivas y heteroagresivas que impresionan de características obsesivas con marcada rumiación y ansiedad. En referencia a los profesionales que se encuentran trabajando con el joven, no existe criterio unificado en relación a la internación y el riesgo para sí y para terceros».
La directora y la orientadora escolar se presentaron espontáneamente ante la jueza. Relataron que el adolescente había enviado a sus compañeros, a través de redes sociales, fotos de una masacre escolar ocurrida en Estados Unidos junto con amenazas. Informaron también que habría intentado adquirir un arma sin lograrlo por falta de dinero, y que desde 2024 venían sugiriendo tratamiento psicológico sin resultado. Sobre la actitud de la madre, las autoridades escolares fueron directas: «Siempre ha tenido una actitud de minimizar y negar las conductas de su hijo». Del padre, en cambio, observaron mayor compromiso y conciencia de la gravedad.
La jueza dictó una resolución de urgencia: dispuso que el adolescente continúe su escolaridad por módulos, dictó una medida cautelar de no acercamiento al establecimiento en un radio de 150 metros, intimó a los padres a «redoblar esfuerzos en el cuidado integral», ordenó oficiar a la Fiscalía Penal Juvenil y requirió la intervención del organismo de protección de derechos del niño. Al momento de la resolución, ni la Fiscalía Penal Juvenil ni el organismo de niñez habían respondido. El psicólogo tratante se había opuesto a la rápida externación hospitalaria. Y el hermano menor había interrumpido su tratamiento psicológico por decisión unilateral.
No es una situación que surgió de la nada: el padre venía advirtiendo de manera clara que el niño necesitaba ayuda. Hubo audiencias, seguimiento por parte de profesionales, intervinieron funcionarios judiciales y, aún así, a lo largo de dos años, la situación no dejó de escalar y empeorar. Si el joven hubiera encontrado los medios económicos para adquirir el arma que salió a comprar, es difícil saber qué es lo que podría haber pasado.
Los mecanismos del Estado no funcionan. Nadie sabe bien qué hacer en estos casos. Es necesaria una reacción rápida, antes de que se den las condiciones adecuadas para que de las amenazas se pase a los hechos.
Desamparados: tanto el adolescente que envía fotos de masacres porque no encuentra otra forma de expresar lo que le pasa; los compañeros que van a la escuela con miedo; los padres que, con sus errores y sus esfuerzos, no logran contener estas situaciones que los exceden; y las escuelas que alertan sin que haya otra respuesta más que un Estado que intima, oficia, requiere, pero no tiene ni aplica mecanismos efectivos de contención.
Si seguimos esperando a que pase lo peor, lo peor va a pasar.