Jubilaciones truchas | El juez amplía el procesamiento de los responsables de jubilaciones falsas en el estudio de calle Paso. A medida que se investiga, aparecen más beneficiados que se suman a la causa, y otras tantas tentativas de fraude.
La justicia federal —a través del juez Santiago Inchausti— decidió ampliar el procesamiento con prisión preventiva respecto de Rubén David Cagni, Luis Irós, Luciano Diez Suárez y Roberto Balbuena, por resultar coautores de delitos de defraudación contra la administración pública en ochenta y seis nuevos casos, además de ser coautores del delito de tentativa de defraudación contra la administración pública reiterado, en los doscientos cuarenta y seis casos que no pudieron terminar de concretar.
Se les agrega además la figura de alteración dolosa de registros y cohecho, reiterado en dos ocasiones, fundamentalmente porque en la medida en que la investigación avanza aparecen más y más casos, tanto de los que llegaron a cobrar una jubilación indebida, como de aquellos que fueron agarrados justito antes de concretar el hecho fraudulento.
Respecto de los imputados Caliyuri, Coelho, Livi, Jones, Funes, de la Torre Kristovich, Fati, Fernández y Barone se mantendrá su estado de libertad aunque permanecen imputados por los delitos.
Hasta el momento, el juez ha dado por plenamente acreditado el suceder de los hechos. En el estudio jurídico situado en avenida Paso 2882 de Mar del Plata funcionó una organización delictiva denominada Organización Jurídico Previsional, que estuvo integrada por Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Luis Miguel Irós y Luciano Conrado Diez Suárez, con la que colaboraron otros imputados: José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Fernández, Daniela Livi, Rodrigo Jones, Luis Alberto Funes, Alejandro de la Torre Kristovich, Ramón Tula, Ariel Fati, Rodolfo Barone y Héctor Seri.
También se acreditaron las maniobras,que consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa para simular vínculos laborales con empleados que no trabajaron, que se convertirían así en beneficiarios indebidos, a través de una trampa: fraguar períodos de prestación laboral haciendo una regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios. Los empleadores supuestos van desde la humilde panadería Nogal de calle Peralta Ramos al 600, como el Instituto Pueyrredon, un secundario privado que funcionó durante años.
Para lograr esto, necesitaban un acabado conocimiento de los sistemas de la AFIP y el ANSES, y utilizar el CUIT de esos empleadores falsos por medio del cual se declararon servicios apócrifos en supuesta relación de dependencia, con declaraciones juradas extemporáneas.
Es decir, que las contribuciones legales de aquellos supuestos trabajadores dependientes fueron cargadas fuera de término, y dentro de un mismo período. Pero, en muchos de los casos, se declararon remuneraciones de importes bastante elevados que se tradujeron directamente en jubilaciones también altas.
Es decir, que esta banda se valió de diversas irregularidades y maniobras ilícitas: alteró registros de AFIP, utilizó documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, uno expedientes originales de la ANSES que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, y hasta instaló un consultorio médico sin habilitación en su oficina.
Multiplicados
Esta organización podía lograr dictámenes favorables en la Comisión Médica nº 12 para elevar el porcentaje de invalidez y así habilitar el acceso a un beneficio jubilatorio indebido. Para eso, debieron ofrecer dinero a médicos de esa dependencia para que fueran afines, en caso de intervenir sobre expedientes de su estudio.
Todas estas cuestiones se habían decidido en el pedido de procesamiento del 31 de mayo del 2018, que más adelante nombró a varios beneficiarios de jubilaciones y retiros transitorios por invalidez irregulares, a saber: Walter Román Dubois, Eduardo Fernández Enrique Rafael Hernández, Osvaldo Pedro Martiarena, Marcelo Daniel Migliano, Adriana Campodónico, Daniel Casamayor, Graciela Edith Urbano, Ignacio Fernando Feijoo, Dolores de Jesús Hidalgo, Olga Susana Tonon, Elsa Etchegaray, Mirta Noemí Franzon, Luis Alfredo Isaak, Raúl Alejandro Parodi, Nicasio Velázquez, Mirta Viviana Beramendi y Carolina Raquel Cuenca.
La cuestión es que, en la medida en que avanzaba la investigación, se detectaron nuevos casos de beneficios irregulares en los que habrían intervenido los investigados, con muchos nombres de nuevos beneficiarios que no habían sido considerados en el procesamiento anterior.
Por esa razón es que se debió ampliar el pedido de procesamiento, e incluir muchos casos de expedientes que vienen a engrosar la pila de fraudes o tentativas. En la nueva presentación se detallan los presuntos empleadores irregulares utilizados por la organización a los fines de obtener beneficios previsionales ilegítimos, como así también se enumeraran todos aquellos nuevos trámites previsionales que se habrían llevado a cabo, aunque no se hayan llegado a cobrar.
La descripción de la maniobra empleada por la organización ilícita en la tramitación de retiros transitorios y definitivos por invalidez es siempre la misma: incluye la presentación de informes falsos, sean médicos o laborales.
El método
En algunos casos parece que el mecanismo defraudatorio tendría su punto de partida en la Comisión Médica Nº 12, a veces continuaba ante la Comisión Médica Central, y aún ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Se obtenía el beneficio en virtud de la invalidez dictaminada por alguno de los mencionados organismos. Todos los nuevos casos presentarían entonces las mismas características que anteriormente tratados. Así, actuarían indistintamente los profesionales médicos mencionados, mediante la suscripción de certificados, informes o dictámenes médicos que sirvieran para justificar la obtención de un beneficio previsional, como también los abogados investigados.
La mayoría de los jubilados de trampa solicitaron un retiro definitivo aduciendo una invalidez para trabajar, que fue verificada por la mentada comisión médica número 12. En muchos de esos expedientes, los jueces han librado oficio al HIGA para que evalúe los casos de los pacientes, cuando había quedado claro que el hospital dijo no tener un perito en medicina legal. El médico que se hacía pasar por tal realizaba tareas de hecho, y era Fati. En todos y cada uno de los casos, quedó aclarado el préstamo del expediente al abogado Irós.
Cada caso es particular, pero la constante son las firmas y las sobrevaloraciones de los informes de estudios médicos. Más de 200 expedientes nuevos son resultantes de los allanamientos a las oficinas de la banda, más otros 6 que provienen de las investigaciones realizadas por el Tribunal Federal 4. En ellos hay exámenes médicos realizados por el doctor Ariel Fati, perito del Hospital Interzonal de Mar del Plata, a lo que se agregan ciertos expedientes que dieron intervención al jefe de reconocimientos médicos de Mar del Plata, Nazareno DI Giovanni, en carácter de Jefe interino de Sanidad de Fronteras, Terminales de Transportes Mar del Plata. Hoy este médico está procesado, pero en libertad.
Dice el juez: “Hemos observado que la organización delictiva se valía de dos mecanismos esenciales a los fines de obtener los beneficios previsionales irregulares: 1) el uso de relaciones laborales falsas, 2) el falseamiento y/o sobrevaloración de patologías médicas”.
En el primer caso, los beneficiarios son clientes del estudio jurídico que denunciaban que habían trabajado para ciertos empleadores falsos o, empleadores reales, pero que nunca habían tenido una relación laboral con ellos. De esa manera lograban la cantidad de años trabajados que requiere la ley 24241 a los fines de obtener una jubilación, o bien para acrecentar el monto de dicho beneficio. De esta manera, denunciaban sueldos mucho más altos que los que habían percibido realmente con otros empleadores genuinos.
Todo ello con ciertos funcionarios de AFIP —en realidad integrantes de la organización delictiva—, que hacían lo que se llama “ediciones sistémicas”: daban de alta a alguien como empleador, o modificaban su fecha de inscripción, para poder cargar declaraciones juradas extemporáneas en las que constaba una relación laboral. Esto impactaba directamente en el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), y en los registros de ANSES, donde también tenían un contacto.
En el segundo caso, la organización dispuso de la firma de profesionales —médicos clínicos, cardiólogos, oftalmólogos, psiquiatras y psicólogos— para que diagnosticaran a numerosas personas que enviaba la organización. Se les adjudicaba una presunta patología falsa, o una existente, pero sobrevalorada, y se usaba ese diagnóstico para el otorgamiento de un retiro por invalidez.
Así, el juez delimitó los dos métodos del fraude: el primero, es falsear relaciones laborales utilizando claves fiscales inactivos o fallecidos. El segundo, es falsear una incapacidad a partir trámites que simulan invalidez.
A partir de aquí, el juez se ocupó de delinear las responsabilidades de cada uno de los procesados, es decir, las diferentes funciones. En primer lugar se ocupó de José Caliyuri, luego de Luis Alberto Funes y Rodrigo Jones, Miguel Coelho, Fernando Fernández, Ariel Fati y todos los socios del estudio jurídico. Luego, se abocó a Daniela Livi, más vinculada a la carga de datos. También delimitó acciones de todos aquellos respecto de los cuales no puede acreditarse la responsabilidad en los hechos.
De esta manera avanza la gestión de un expediente de investigación que procura terminar con una estafa al patrimonio del Estado que no tiene precedentes. Pero, a medida que avance, es posible que se sigan agregando nombres a la larga fila de quienes hoy ostenta una deuda de haberes indebidos que debe ser cancelada con el patrimonio propio. Esta historia continuará.