En la asociación de fomento Bernardino Rivadavia se pretendía cobrar por las clases del Programa Municipal PEBa. La denuncia generó que salieran a la luz varias irregularidades anteriores que evidencian nuevamente la inacción municipal en el control de sus actividades. Asuntos de la Comunidad brilla por su ausencia.
El Programa Educativo Barrial de la Secretaría de Educación Municipal se desarrolla en todos los sectores de la ciudad, y ofrece cursos y talleres gratuitos que van desde el apoyo escolar, inglés o computación hasta magia, murga, murales, fotografía o telar. La oferta es así de variada, y la idea de llegar con alternativas de capacitación a sectores de menores recursos es más que elogiable. La cuestión es cómo.
Porque el programa es totalmente gratuito, y apunta a acercar estímulos y alternativas a quienes tienen necesidad de invertir su tiempo en el aprendizaje y desarrollo de actividades artísticas y formativas. ¿En qué momento puede comenzar a desnaturalizarse? Seguramente será por sobre el esfuerzo de los capacitadores municipales, que concurren periódicamente a sectores notoriamente desfavorecidos para llevar su conocimiento y ponerse al servicio de los más vulnerables. Siempre los problemas se instalan por el eslabón poderoso de la cadena. Siempre hay alguien que quiere sacar provecho del esfuerzo ajeno, o alguien que no controla lo que debe, porque le da igual cuál sea el resultado obtenido, más allá de los papeles y la foto del diario.
Las actividades del PEBa se desarrollan en escuelas municipales, sociedades de fomento, bibliotecas u otros lugares que propongan los vecinos.”La idea es que la experiencia se replique en la mayor cantidad de escuelas. Desde la Secretaría de Educación se fomenta la actividad para que cada sociedad de fomento que le interese sume el programa PEBa”, había declarado la secretaria de Educación cuando presentó el plan. Y realmente la idea fue exitosa.
Por su parte, Griselda De Francisco, coordinadora del PEBa, había explicado en la oportunidad: “Mantenemos reuniones semanales con diferentes representantes de las sociedades de fomento. Ahí le solicitamos que nos hagan llegar las necesidades de cada sector. Nosotros nos encargamos de conseguir y coordinar con los capacitadores para que en sus sedes puedan recibir apoyo escolar, ayuda en inglés y computación, por ejemplo, que son los pedidos más solicitados”.
Pasó el tiempo, y la cuestión es: ¿se reúnen semanalmente con los barrios para saber realmente lo que pasa? ¿Hay llegada desde los barrios a la estructura política para que los capacitadores y los alumnos mismos puedan transparentar el funcionamiento de las actividades, o el único vínculo es con la Secretaría de Asuntos de la Comunidad, a través de Marcelo Fernández, que escucha a quien él quiere?
Pasarla mal
Los hechos que hoy nos ocupan sucedieron en el barrio Bernardino Rivadavia. Allí varios docentes se desempeñan en la capacitación de los vecinos en variadas disciplinas, que resultan de interés para niños y adultos de la zona.
Entre ellos está Alejandra López, quien desde hace tiempo enseña allí expresión corporal y gimnasia, a lo que ha sumado un taller de porristas. Ella fue quien se presentó ante la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon durante el mes de enero, a denunciar que durante el 2013 se habían suscitado diversas irregularidades en su ámbito de trabajo, por lo cual solicitaba otro espacio para el desarrollo de sus clases.
Según refiere, el presidente de la entidad fomentista, Rubén Calomarde, le habría comunicado que las clases del PEBa no le representaban ningún rédito a la sede, por lo cual le solicitaba a López que las alumnas pagaran un monto de $150 “para gastos”. La capacitadora respondió oportunamente que no estaba de acuerdo, que el plan era gratuito, y que la Secretaría de Educación financiaba a los capacitadores para que el servicio fuera equitativo. Sí, en cambio, propuso que si las alumnas se asociaban a la entidad de fomento, esa sería una manera legítima de colaborar. Pero a Calomarde no le gustó, y literalmente la echó a empujones del lugar. Según se dice, él no desea que los asociados interfieran en sus decisiones, por lo cual no les permite participar de las asambleas.
La cuestión es que esa fue la mecha que encendió el fuego, que siguió con un enfrentamiento importante: López y una de las madres de las niñas que realizan el taller de porristas denunciaron que durante la exhibición final de las actividades, Calomarde y su esposa habrían maltratado a los asistentes, incluso a las niñas pequeñas que participaban de la muestra. La madre en cuestión, en su exposición penal, explicó que el presidente tomó a su hija del brazo con violencia y la sentó en una silla, a la vez que le gritaba insultos acerca de la molestia que causaba.
Pero esta no es la primera denuncia en contra de Calomarde. A partir de todo lo expuesto salió a relucir una denuncia penal realizada durante 2012, en la cual otra capacitadora, esta vez de informática, denunció que el presidente había ejercido sobre ella un hecho concreto de abuso sexual, que obtuvo como respuesta de la mujer una bofetada. Luego de esto, el mismo Calomarde le habría indicado que si ella quería seguir trabajando en ese lugar, “ya sabía lo que tenía que hacer”, lo cual representa, además, un ejemplo concreto de abuso laboral.
La señora se presentó ante la Comisaría de la Mujer y expuso lo sucedido con detalles, a la vez que refirió los datos de una alumna que puede ser testigo de insultos y malos tratos que él utiliza como represalia ante el rechazo.
De reojo
La cuestión es, entonces, determinar cuál ha sido la intervención del Ejecutivo municipal ante semejantes denuncias. Ninguna. Es por eso que ahora los denunciantes se han remitido al intendente Gustavo Pulti en una nota que sintetiza todos los hechos acaecidos, y oportunamente informados a las autoridades correspondientes, es decir a la titular del programa PEBa, Griselda de Francisco, y a través de ella a toda la Secretaría de Educación, así como también a Marcelo Fernández, Director General de Asuntos de la Comunidad. Ninguna de las comunicaciones referidas produjo ningún resultado, inacción que los denunciantes atribuyen a la relación de amistad que uniría a Fernández con Calomarde.
De aquí que ellos hayan indicado al intendente que, transcurridas las 72 horas de rigor, si seguían sin obtener respuestas, entregarían las pruebas de los hechos a los medios de prensa y a la Defensoría del Pueblo.
Recientemente, Rubén Calomarde entregó ante este medio una nota de descargo en la cual niega todo lo expuesto por la denunciante en una entrevista radial. Haciendo lugar a su derecho de réplica, se hace constar aquí la cita textual de lo más sustancial de su misiva: “… los dichos de la citada profesora son absolutamente falaces y mentirosos. Primeramente nosotros no cobramos nunca cuotas ni pensamos cobrar del plan PEBA, jamás a ella le dijimos ni a ningún profesor de cobrar los programas municipales, eso lo dice porque la comisión directiva envió a la Secretaria de Educación una nota donde solicitamos simplemente un cambio de profesora por ciertas irregularidades que fuimos apreciando durante el transcurso del año 2013, ejemplo maltrato psicológico a algunos niños (…) también por vender rifas a título personal entre otras cosas, que le fueron informadas a la Secretaría de Educación por nota que tiene fecha del 6 de enero que es ANTERIOR a las denuncias de esta señora. Y ahí nos declara la guerra con mentiras, con denuncias de hechos que jamás sucedieron de los cuales hay muchos testigos como por ejemplo el día del festival de cierre de actividades que fue el 7 de noviembre, donde en esta institución había más de 200 personas e imagínese Ud. si hubiésemos actuado como ella dice la denuncia hubiese sido en el momento ya que es gravísimo, y qué padre habría permitido actos de violencias con sus hijos (…) con respecto a los agravios hacia mi persona le aclaro que nunca fui citado por ninguna denuncia y menos de acoso sexual, que interiorizándome no tengo denuncia penal contra mí y le aclaro que nosotros hemos iniciado una demanda penal por calumnias e injurias” (sic).
De cualquier manera, quienes sí tomaron nota de los hechos denunciados, y cumplieron en solicitar informes con el fin de saber a ciencia cierta qué es lo que ocurrió, fueron los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical. Fundamentalmente, el concejal Eduardo Abud, quien declaró ante la 99’9: “Se presentó López haciendo la denuncia de que se estaba cobrando el Plan Educar en una sociedad de Fomento. Había hecho la denuncia policial. Nosotros se lo presentamos a la secretaria de Educación, no le gustó mucho pero tiene que hacerse cargo… Hay malestar en el barrio Bernardino Rivadavia con el presidente, Rubén Calomarde, en este tema tiene que actuar Asuntos de la Comunidad; yo tuve una reunión con Marcelo Fernández para que conozca la situación”.
Y Marcelo Fernández ya debía conocerla. Era su obligación. Por eso los ediles de ese bloque se dirigieron a la presidenta del HCD, Vilma Baragiola, y de esa manera dejaron en claro que las denuncias efectuadas sobre los sucesos del barrio Bernardino Rivadavia y las oportunas notificaciones al Ejecutivo comunal requerían una respuesta inmediata. La solicitud de informes se dirigió a Educación y a Asuntos de la Comunidad, para que refieran inmediatamente qué hicieron con lo que sabían.
Y, nada. Qué van a hacer. Lo que hacen siempre: nada. Al menos hasta ahora ninguno de ellos se ocupó de llegarse hasta ese sitio de calle Alvarado y 1° de Mayo con el fin de saber quién le retorció el brazo a una nena, quién echó a una docente, o quién acosó a otra mujer en medio del edificio como si fuera territorio de un simple capanga.
No hicieron nada porque nunca lo hacen. Porque el malestar de la gente de los barrios no les dice demasiado. Y parece que para ellos es casi natural que las entidades públicas se conviertan en gallineros, y con un gallo a cargo.