El secretario de Seguridad y Control municipal está imputado por los delitos de abuso de autoridad y falsedad de instrumento público. Así lo resolvió la Fiscalía de Delitos Económicos. “Soy respetuoso de la decisión de la Justicia”, dijo Aveolite, pero es evidente que perdió el respeto hace tiempo, cuando empezó a ingresar a domicilios privados a las patadas.
Las irregularidades en el ámbito municipal han empezado a formar pilas demasiado altas. Ya no hay manera de disimular los escándalos que surgen en todos los ámbitos de una administración que se destaca por la más rotunda desprolijidad.
Ahora el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, organismo de control de carácter provincial, no ha tenido más opción que intervenir imponiendo una multa al titular del EMTUR, Pablo Fernández Abdala, y sancionar a la Consultora Ayala. La firma contratada para la recolección de datos ya no podrá figurar entre los proveedores de la comuna, a causa de que la titular de empresa, María Eva Ayala, figuraba a la vez en las nóminas de quienes perciben haberes del Estado a través del bloque de Acción Marplatense. Teóricamente se desempeñaba en categoría Técnico III, lo cual representa una flagrante incompatibilidad. No puede vender servicios a los organismos públicos alguien que percibe haberes en un cargo oficial. Ahora es directora de las Políticas Sociales para la Prevención de la Violencia.
Pero se sabe que eso no es todo, sino que además el intendente saldó la importante deuda que tenía con Ayala cuando consiguió acceder al Ejecutivo, incluyendo a los empleados de aquella firma encuestadora en la nómina de trabajadores del bloque. Había encargado encuestas como concejal que ahora pagaba con dinero de todos los ciudadanos, y con nuevos contratos oficiales. Sí, Ayala le pagaba a sus empleados con módulos del bloque, es decir con dinero del Estado.
Pero la municipalidad aparece sucia por todas partes. La semana pasada este semanario publicó otro caso, aquel en el que los inspectores del Área de Inspección General y los policías del Gabinete de Prevención de la Comisaría Segunda montaron juntos un operativo sobre la gomería de Libertad al 5149. Se trataba de un local grande, sumamente abastecido de cubiertas y llantas de diversas clases, aptas para los diferentes modelos de coches. Allí fueron recibidos por el propietario, Walter Sánchez, quien no se opuso a la revisión. No obstante, hicieron constar en el acta en cuestión que Sánchez no había podido dar cuenta de la documentación que acreditaría el origen legal de su mercadería. Dijeron además que el libro policial donde se asientan las operaciones de cubiertas no se encontraba en regla, por estar vencido.
La cuestión es que se llevaron todo, sin una orden de allanamiento ni de secuestro. El propietario se presentó ante la justicia con los papeles, y se archivó la causa, pero aún no puede recuperar su mercadería por más que ha hecho de todo. Le han entregado una mínima parte de lo sustraído, y el titular de Inspección General le responde a la justicia que es el propio Sánchez quien se niega a retirar lo suyo. Bruzzeta afirmó que no se haría cargo del faltante de 350 cubiertas que se perdieron en el camino.
Como la Gestapo
Con estas palabras describen algunos testigos la manera en la cual el secretario de Seguridad y Control Adrián Alveolite ingresó a la vivienda familiar de calle Alvear al 2700, cuyo garaje da sobre la calle Garay al 1200. El espacio funcionaba como local comercial habilitado.
En el marco de esta investigación, María Cristina Calligaro –la propietaria- denunció por “abuso de autoridad y corrupción” a la Dirección de Inspección General en la Comuna de General Pueyrredon. Así se refleja en una nota presentada en el Concejo Deliberante, en la que ella busca apoyo, toda vez que dice haberse dirigido al intendente Pulti en varias oportunidades, sin resultado.
En ese sentido, Calligaro explicó que el día 10 de julio del año 2013, el secretario de Seguridad y los empleados municipales Mónica Bargas y Gustavo Tonello “clausuraron un comercio denominado Carolina ubicado en la calle Garay 1219, que como propietaria le alquilaba a la señora Carolina Beratz, y que era mi antiguo garaje”.
“La excusa fue que el comercio carecía de habilitación cuando se podía observar pegado a la vidriera la habilitación hasta el año 2015”, dijo. “Me enteré luego de que el motivo real era una falsa denuncia que los actuantes no habían chequeado antes de proceder, o para decirlo en otros términos, era el arreglo de un hecho de corrupción”, afirmó Calligaro.
En su narración de los hechos, la propietaria y su esposo, de apellido Pacheco, aseguran que la propiedad les pertenece, y que en el momento del operativo habían viajado y dejado como cuidador a un sobrino, Jonatan Maximiliano Albornoz. Que cuando fueron notificados de que en ese momento su local comercial estaba siendo clausurado, pero además estaba siendo allanada su casa, indicaron a una persona de su confianza que se dirigiera hasta allí con el fin de preservar una suma importante de dólares que se encontraba en el bolsillo de un saco.
Alveolite y su gente estaban ya dentro de la casa, habían entrado pateando la puerta como si se tratara de una fuerza parapolicial, y no dieron oportunidad de rescatar nada. El dinero, obviamente, nunca apareció.
Pero se dice además que se encontraban en el lugar dos mujeres de apellido Joaquín, que eran quienes habían elevado una denuncia en contra del matrimonio que habitaba la casa, pues reclamaban un derecho sucesorio sobre el inmueble. Y que esas mujeres eran las que arrojaban a la calle tanto ropa como enseres domésticos, hasta que intervino personal de la comisaría novena tratando de poner orden.
El abogado de esas mujeres, de apellido Norberto, no tenía ninguna orden judicial de desalojo, ni nada que avalara su accionar. Ellas sólo contaban con la fuerza que imponía la presencia del Secretario de Control de la municipalidad, que no necesita muchos papeles para intervenir a su criterio en cualquier tipo de situación.
Imparable
En efecto, luego de la colocación de franjas de clausura del local, Alveolite ingresó violentando la puerta de acceso al domicilio particular, pateando la puerta de la vivienda que se encuentra en el mismo lote que el local, sin ninguna orden judicial que autorizara tal accionar.
Pasado el tiempo, parece que el interés del funcionario de participar de este hecho, que de movida es ilícito, no ha cesado. La propietaria denuncia ante la fiscalía que no podido reabrir el comercio, por más que su habilitación estaba vigente hasta el 2015, y el certificado pegado en la puerta. En la oficina se le dijo que jamás obtendría el permiso para reabrir “mientras dure esta gestión, o quizá de por vida”. Tampoco ha podido aprobar los planos de las reformas que efectuó, y según indica, para ella es un caso de obediencia debida: la división de Obras Privadas no aprueba los planos porque también responde a las órdenes de Alveolite.
Como consecuencia de lo expuesto, el matrimonio no ha podido volver a alquilar su local, condenado de por vida, y de esa manera ha dejado de percibir el ingreso que representaba el usufructo comercial de su propiedad privada. Por esa razón, consta en la denuncia, ni siquiera han podido volver a pagar los impuestos municipales y están al borde la indigencia. Pacheco tiene 70 años, y el matrimonio, ya mayor, vivía de la renta del local. Carolina Beratz, inquilina del local en cuestión, afirmó que los empleados de Inspección General reaccionaron ante su reclamo diciendo lo siguiente: “Dale, hacé juicio a la comuna, total, lo perdemos siempre y lo pagamos entre todos los contribuyentes”.
Ahora bien, lo llamativo es que la justicia procedió a archivar las actuaciones en contra de las dos mujeres que ingresaron a la casa y la desvalijaron. Dice que es un sainete en el cual no tiene competencia.
Tras esto, los propietarios acudieron al fiscal general con el propósito de que la medida fuera revisada: aducen que no se llamó a declarar a los testigos, ni se realizaron las pericias del caso sobre los objetos destruidos, ni análisis toxicológicos que permitieran entender o justificar la violencia con la cual actuó el personal municipal, mientras la policía trataba de poner un poco de orden. Solicitan, por eso, que se reconsidere la decisión tomada por el fiscal, y que se procese a los involucrados por el cargo de asociación ilícita y robo con violencia, ya que los daños acusados no fueron relevados, y ni siquiera se llamó a dar testimonio a los damnificados.
Por supuesto que cabría considerar como agravante la condición de funcionario público de Alveolite, y no condición legitimadora de haber participado de un hecho ilegal y violento. Ni siquiera en un desalojo ordenado por el Poder Judicial los reclamantes estarían autorizados a ingresar a la casa y arrojar en plena calle la ropa de los ocupantes. Y si tal cosa sucediera, jamás un funcionario municipal, que se supone debe garantizar la seguridad de la población, podría estar presente legitimando semejante desmán.
Pero claro, todo eso valdría en el caso de que estuviéramos ante una gestión municipal que tuviera algo que ver con la ley, que siguiera los pasos de legitimación de los procesos, o que no estuviera subida al caballo de la impunidad absoluta. Es decir, valdría si no estuviéramos ante una banda conducida por caporales.
Pero afilando la mirada y ajustando la puntería, ¿alguien puede creer seriamente que el secretario Alveolite salga de su despacho y se ponga personalmente al frente de un operativo conjunto, patee una puerta y entre a una casa, sólo porque sospecha que hay una habilitación vencida o que no hay planos aprobados? Nadie.