Una lluvia de denuncias por corrupción cae sobre la municipalidad local. En cada área hay un punto oscuro, que se hace enorme en Inspección General. Un imputado clama contra el intendente por cuentas pendientes. Y él, ¿nunca sabe nada? ¿Hasta cuándo va a fingir que todo le es ajeno?
Si cada cajón de la municipalidad parece ocultar una parva de arreglos escondidos; si cada investigación, no hacer más que mostrar excesos cometidos por funcionarios que se regodean en su chapa y hablan como si contaran con el aval del “de arriba” y “robaran para la corona”, resulta difícil pensar que el intendente nunca sepa nada. Gustavo Pulti, que ha gestado toda una carrera de hacer la plancha, enfrenta las cámaras poniendo cara de padre de familia sorprendido en su buena fe, como si se encontrara por primera vez en su vida con algo que huele fétidamente mal.
No hace tanto desde que se escandalizó todo un país por la intervención al área de Licencias de Conducir, en la Dirección de Tránsito, por los carnets truchos. Específicamente, efectivos de Prefectura allanaron la sede de Juan B Justo y Reforma Universitaria, donde una serie de funcionarios entregaban licencias de conducir que eran en realidad legítimas, porque la documentación implicada no era una falsificación. La cuestión era que los empleados cobraban $600 a particulares, para obtener una licencia sin saber conducir un coche, ni rendir exámenes de salud.
Luego del operativo, fueron detenidas 25 personas, entre ellas 17 empleados municipales.Pero el intendente Gustavo Pulti convocó en aquel momento a conferencia de prensa para informar sobre las detenciones, y allí confirmóque entre los involucrados “hay funcionarios municipales de carrera, de distintas jerarquías, pero no funcionarios políticos”. Es decir, no parece ser problema suyo. Nunca lo es.
Todo este marco de irresponsabilidad aparece ahora cuestionado en la presentación del abogado Cristian Moix en su defensa de Raúl Hernández, en la causa que se le sigue por uso o adulteración de documento público. Allí solicita que se investigue al intendente de la ciudad como jefe de la presunta asociación ilícita, hoy investigada por los fiscales.
El abogado retoma las declaraciones de Belmonte –funcionario del área de licencias de conducir- en el momento de ser detenido, cuando afirmó: “decile al intendente que tengo muy bien anotados a todos los que él me mandó”, en un claro ejemplo de tráfico de influencias en grupo, del cual el intendente sería el jefe por su condición de líder político.
Por esta razón, el abogado solicita lo siguiente: “que se efectúe un estudio exhaustivo de todas las licencias de conducir realizadas como mínimo desde el inicio de la presente investigación, y se procese a la totalidad de los ciudadanos –sean ciudadanos de a pie, funcionaros municipales, provinciales o nacionales, así como diputados, senadores, jueces, fiscales, y toda persona del poder ejecutivo, legislativo y judicial, como sus familiares y personas recomendadas- que usen dicha documentación apócrifa”. La presentación consta en la Fiscalía N°10 para el juzgado N°2, de Saúl Errandonea.
Prendidos fuego
¿Y qué pasaría si, además de investigar cada uno de los negociados turbios en los cuales está metida la municipalidad, se investigara la responsabilidad del intendente en los hechos, aunque sea por simple omisión, que en caso de ser el funcionario político responsable de la ciudad, ya es muchísimo?
Por ejemplo, ¿qué sucederá cuando cursen su proceso las investigaciones que hoy se centran en las irregularidades permanentes en la habilitación de los predios que una vez estuvieron ocupados por estaciones de servicio?
Parece que la norma es muy precisa al respecto. Quien adquiere un terreno donde funcionó un expendio de combustible, debe seguir determinados pasos para dar otro uso al predio. Debe, en primer lugar, desenterrar los tranques que se utilizaron para el depósito de hidrocarburos, y proceder a su destrucción. Además de esto, deberá quitar la tierra que se encuentre contaminada por contacto, y sustituirla por tierra descontaminada, y a partir de allí implementar otro tipo de destino para el terreno.
Sucede que, en general, cuando se realizan negocios inmobiliarios, los compradores de estos terrenos no son informados con precisión de los trámites que se deberán hacer, que involucran una inversión de unos $400.000. Es decir que el problema será del nuevo comerciante.
Según trascendió, la municipalidad no suele ser tan estricta con todos en cuando a la habilitación de la nueva construcción sobre tales terrenos. Por ejemplo, el gimnasio de la calle San Lorenzo y Tucumán fue recientemente clausurado por la Policía Ambiental de la provincia de Buenos Aires, tras lo cual se efectuó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Parece que Inspección General, una vez más había hecho cualquier cosa. Es decir, lo había habilitado aun con los seis tanques de combustible enterrados.
Paradójicamente, hay denuncias de otros propietarios que, si bien cumplieron con todos los requisitos legales, no han sido habilitados. Como por ejemplo la escuela privada de calle República del Líbano, que no tuvo mejor idea que pretender ampliar la institucción hacia un terreno lindero que una vez fue estación de servicio, y ahora implica una fortuna. No consigue el permiso aun después de haber cumplido los pasos.
En la misma situación estarían los locales de la firma Luro Autohogar, de calle Juan B Justo entre Córdoba y San Luis, y la Cooperativa de Supermercados Bahía Blanca, de avenida Constitución. Todos de Mar del Plata. Nadie quiere decir qué es lo que realmente hay que hacer para que Inspección General te habilite. Pero huele peor que la nafta derramada.
No es la primera vez. Es posible que su materia de trabajo sea especialmente sensible a los arreglos, y hasta a los abusos, porque tienen en sus manos las habilitaciones de toda una cantidad de actividades que se llevan a cabo en la superficie del partido, pero cada carpeta de denuncia que se abre es un nuevo escándalo. ¿Hasta cuándo Eduardo Bruzzeta hará de capanga general de las habilitaciones?
Antecedentes oscuros
Claro que cabe el término. Podemos decir que se comporta como capanga, o como sea que se pueda calificar la actitud patotera de quien cree efectivamente que le asiste el poder de ingresar a los domicilios sin orden judicial, y llevarse consigo más o menos lo que le parezca sin una orden de secuestro. Y devolver lo que él considere, por más que un tribunal judicial le diga que debe restituir lo incautado. Bruzzeta tampoco se hace responsable de ninguno de los actos ilegales que se llevan a cabo en la dirección que cabe bajo su estricta responsabilidad, y también bajo la responsabilidad del intendente Pulti, que es su jefe y lo respalda políticamente.
Para ejemplo, nada mejor que recordar la denuncia efectuada por Luis Romeo y Alberto Navarro, quienes afirman ser víctimas permanentes de una persecución que ya tiene carácter personal, por parte del director de Inspección General. Parece que el mismo Bruzzeta se presentó en un predio situado en las adyacencias del barrio Rumencó, en febrero de 2013, y exigió allí el pago de la asuma de $30.000 a cambio de la autorización para hacer una fiesta, bajo la excusa de que era “dinero que él debía rendirle al intendente Pulti”. Como las personas en cuestión se negaron a pagar bajo la explicación de que se trataba de una fiesta privada, Bruzzeta se fue no sin antes proferir lo que fue una amenaza profética: les dijo que los conocía y que no pararía “hasta ponerlos”.
Y cumplió. Porque tiempo después, según se denunció en el marco de la IPP 3725-14 en la UFI n°5, fueron contra el local La Previa de calle Córdoba esquina Castelli, y procedieron a clausurarlo, cuando el local ya había sido dado de baja, lo cual a criterio de los denunciantes era un claro indicio del hostigamiento, persecución y coacción, vinculados a los delitos mencionados.
Luego de esto, ya el 25 de enero de 2014, el mismo Bruzzeta se presentó en la finca ubicada en el barrio Antártida Argentina, en la cual Alberto Navarro pasaba los fines de semana del verano. Pero fue acompañado de los agentes de la Superintendencia de Tráfico de Drogas Ilícitas, sometidos a las órdenes del funcionario del Ejecutivo.
Una vez allí, ingresaron sin orden de allanamiento, ni de registro, y sin el permiso de los moradores, golpearon personas, le torcieron el brazo a una mujer, y hasta llegaron a patear la cabeza a una persona que se encontraba en el piso. Estaban violando un domicilio particular, utilizando fuerza innecesaria, y según la presentación del abogado, “utilizando el aparato represivo del Estado para continuar con el hostigamiento sistemático expresado”. Durante este ataque, además robaron dinero, ya que se llevaron la suma de por lo menos $12.500, de los cuales en el acta sólo hicieron constar $9.000.
Ante esta evidencia, el abogado de los denunciantes, Navarro y Romeo, solicita al tribunal se presenten denuncias anteriores contra el mismo funcionario Bruzzeta que fueron archivadas oportunamente, y que permitirían hoy clarificar cuestiones vinculadas con su accionar. Se referirían a similares hechos delictivos, y además a “coimas vinculadas con el proxenetismo, la prostitución y la trata de personas”.
Una vez que esta documentación se entregue, será oportuno volver a la denuncia original, la de aquel día en que Bruzzeta se presentó ante los organizadores de la fiesta, pidiendo una suma muy importante, que supuestamente reportaría al intendente. En algún momento, se deberá enfrentar la responsabilidad del intendente como posible líder de la asociación ilícita que se pone en evidencia. No es creíble que él nunca sepa nada.