Tribunales de familia | Los tribunales de familia son siempre fuente de comentario escandaloso. Jueces arbitrarios. Medidas riesgosas. Chicos que sufren. Familias rotas. Parece que nunca llega el turno de una mejora. ¿Será porque no hay trampolín a las primeras planas?
Si hay un sitio donde las denuncias están teñidas por el tono caprichoso de las decisiones que se toman, es en el fuero de familia. Siempre las acusaciones se dirigen a la inconsistencia en las decisiones de sus jueces. A la impericia manifiesta de sus funcionarios. A la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la norma en las notificaciones fehacientes. A esta manera de trabajar en un mundo patas arriba que siempre perjudica a los más débiles. Porque los tribunales de familia dirimen en cuestiones de alta sensibilidad: el bienestar de los menores de edad, las medidas de cuidado y guarda, las necesidades especiales de las familias más vulnerables, las mujeres que intentan sacar un manotazo fuera del agua cuando son víctimas de violencia de género. Es decir, las cuestiones más difíciles, las que requieren más racionalidad.
Sin embargo, en el tribunal de familia siempre se leen dictámenes que parecen destinados a ser el guión de una película, aunque nadie mueva un dedo paramejorarlo.
Este caso que nos ocupa es uno más de la fila. Se trata de Facundo Nalpatián, quien denuncia que en el Tribunal de Familia n° 5 —a cargo de la jueza Clara Alejandra Obligado— no lo están tratando como deberían. Y en la Asesoría de Incapaces n° 3, tampoco. No sólo lo están perjudicando en lo psicológico y en lo económico, sino que están obstruyendo su vinculación con su pequeña hija de 4 años, LN.
Cuenta una historia increíble que comenzó en 2018, cuando recibió una orden de restricción de acercamiento respecto de un menor —SA— con el cual no lo unía más vínculo que el de ser el papá de su media hermana. Es decir, que el niño SA es el otro hijo de la ex pareja de Nalpatián, y con quien sucede este conflicto, Sara Torres Picón. La custodia del niño SA había sido restituida a su padre durante el año 2018 por la jueza Adriana Rotonda del Tribunal de Familia n° 6, porque consideró que era lo mejor para el niño. Nalpatián no entendía las razones, pero esta restricción impedía que pudiera retirar a su hija con normalidad y llevarla a su casa.
Pero no terminó aquí, sino que en noviembre de 2019, el titular de la Asesoría de Incapaces nº 3 —Juan Fuscaldo— junto con la jueza Obligado del Tribunal nº 5 formaron un expediente por violencia familiar, y determinaron sin ninguna prueba la restricción de acercamiento de Facundo Nalpatián respecto de su propia hija, LN. Cabe aclarar que durante los últimos dos años, la pequeña había vivido alternativamente con él —que se había ocupado de todo, ya que la madre no estaba en condiciones psíquicas de hacerlo, porque el tribunal le había retirado la custodia de su otro hijo el año anterior—.
Manos atadas
Pero Nalpatián no tiene abogado, porque no ha logrado que ningún letrado se enfrente al lenguaje corporativo de la familia judicial y diga a viva voz que lo están perjudicando. Por eso, redacta sus propias presentaciones lo mejor que puede, pero no ha logrado tener acceso al expediente ni saber qué dice ni cuáles son sus opciones de defensa. Es más, se le sugirió que si prestaba su consentimiento para que se unificaran las causas en las que participa, eso podría acelerar la posible revinculación con su hija. Dijo que sí, porque lo creyó. Lo tranquilizaron diciendo que su hija estaba en contacto diario con un equipo de La Plata que se ocupaba de violencia de género, y que le habían hecho saber que la niña estaba bien, que concurría a su jardín y a sus actividades de manera regular, que cuando no estaba en el jardín estaba con su madre en el trabajo. De todas maneras, y aunque cumplió todo lo que le habían pedido, le renovaron la orden de restricción de su hija. El padre está asustado porque no puede ver que la pequeña esté bien.
El 15 de noviembre pasado terminaba la restricción y se había ordenado la comunicación. Torres Picón debía traer a la pequeña, pero no lo hizo. No sólo eso, sino que agredió al padre y lo amenazó. El tribunal, sin embargo, no tomó ninguna medida, sino que convocó a una nueva audiencia para el 22 siguiente. La madre tampoco concurrió, por lo que el tribunal le indicó que el 23 sería llevada a la audiencia por la fuerza pública, si no se ocupaba de traer a la menor con su padre.
Al día siguiente, Torres Picón se presentó sin la niña, y la jueza permaneció 3 horas intentando convencerla de que le convenía traer a LN por su voluntad, y no de manera compulsiva. Como resultado, una trabajadora social la acompañó unas cuadras a traer a la niña. Más allá de eso, el conflicto apenas se estaba iniciando. Ese último contacto con la niña fue de 16 horas: la madre no se presentó a la audiencia siguiente, y a Nalpatián no se le ha permitido denunciarla.
Tampoco le han permitido grabar las audiencias, ni siquiera le han contestado a su pedido. Lo claro es que el padre desea entender lo que sucede y que carece de todo asesoramiento en materia legal: está completamente expuesto a un trato desigual, y aún más, a lo que él vive como una parcialidad manifiesta al momento de la toma de decisiones.
Nalpatián denuncia que la jueza Obligado está protegiendo explícitamente a Sara Torres por alguna razón que él no atina a comprender. Que ha llevado su denuncia hasta la Comisaría de la Mujer, y que le han dicho que no se sorprenden de su relato. Que lo están privando de derechos en el curso del debido proceso, y que puede ver que la magistrada incurre en un mal desempeño. Que se violan los derechos del niño en la persona de su hija. Y que él no se puede defender.
Las pericias
Ya en una ocasión anterior, siempre conflictiva, la pareja había sido objeto de una evaluación pericial a cargo de profesionales de la psiquiatría y la psicología con las conclusiones que siguen. Referido a Sara Torres Picón dice el informe: “se evidencian ideas de tipo persecutorio y de perjuicio… ofrece un relato en el cual aparecen imprecisiones y contradicciones… inestabilidad emocional”. En cuanto a Nalpatián, el mismo informe indica que no se observan en él signos compatibles con alteraciones patológicas, y que tampoco tiene características fabulatorias en su discurso. El padre no muestra alteraciones ni impulsividad.
Por eso, recomiendan que Sara se trate porque puede haber “condiciones psicopatológicas en curso”. Y que se evalúe el estado de la niña, porque la madre no ha podido dar un relato coherente de lo que hace con ella ni de cómo la cuida.
Ya sin ningún recurso, Nalpatián se presenta ante la Fiscalía 10 de Delitos Económicos, y denuncia allí que Torres Picón está utilizando el sistema judicial para perjudicarlo. Por lo tanto, está insumiendo un gasto indebido al Estado a través de denuncias falsas. Dice además que la jueza Obligado está utilizando su poder para perjudicarlos a él y por supuesto a la pequeña LN. Que la están dejando con la madre que la golpea y la humilla, y nadie le dice por qué, cuando está probado por las pericias que Sara no puede cuidar de la chiquita, y el mismo tribunal envió al hijo varón con su padre.
Pero para coronar la locura, el padre denuncia ante la misma UFI 10 que, tras haberse acordado el pago de una cuota alimentaria— parte en efectivo y parte en el cumplimiento de obligaciones beneficios para la menor— del cual participaron ambos letrados, la jueza decidió modificar la cuota alimentaria “de oficio”. Pero no lo notificó, así que vencieron los plazos para apelar la medida.
Mientras tanto, podemos imaginar el destino de la pequeña niña cuando los adultos discuten entre sí, se encaprichan en demostrar el poder, personalizan las medidas por demostrar que nadie les ajusta el cinto, y más. Nadie piensa que esta pequeña está sin Estado que la proteja, porque no hay escuela, no hay tribunal, no puede estar con su padre, y ni siquiera puede esperar que intervenga una jueza de familia más preparada que Obligado. Esta es su vida hoy: sólo el desamparo.