Caso Melmann | Una vez más, el cuarto policía acusado del crimen de Natalia Melmann declaró ante la fiscalía. Afirma que jamás tuvo vinculación con el hecho, y que fue el propio padre de la víctima el que involucró a los policías.
Hace catorce años, Natalia Melmann fue violada y estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas, según quedó establecido en la autopsia. En el cadáver no había restos de semen, ni de sangre que no fuera la propia, pero sí fue altísimo el dosaje de alcohol, signo de que la menor se hallaba en un avanzado estado de ebriedad antes de su muerte. El doble nudo con moño en el que fue rematado el cordón usado para estrangularla hizo pensar que el asesino se habría sentido muy tranquilo, consciente de su impunidad, a la hora del crimen.
Según dataron los peritos, los hechos acontecieron en la mañana del 4 de febrero de 2001, en el mismo sitio o muy cerca de donde cuatro días después fue hallado el cuerpo de la víctima: el vivero municipal de Miramar. La joven fue hallada en un paraje desolado, en el interior de una zona boscosa, cubierta con ramas, con un cordón de zapatilla ceñido al cuello por dos vueltas completas y nudo anterior. Sus vestimentas se encontraban parcialmente desgarradas, los pantalones jeans bajos; tenía la bombacha y el corpiño semiarrancados.
Estos solos elementos autorizaban a sospechar de entrada una agresión sexual, seguida de muerte. Aunque el avanzado estado de putrefacción del cadáver impidió constatar macroscópicamente lesiones evidentes, había signos de traumatismos, moretones y sangre desparramada en brazos, antebrazos y cara interna de los muslos, más un golpe frontoparietal derecho, eventualmente producido por un objeto romo. Todas las lesiones habían sido producidas en vida, con el fin de consumar la inmovilización y posterior violencia sexual.
En un peritaje, la bioquímica Marcela Giambelli determinó que las vísceras de Natalia no tenían vestigios de barbitúricos, alcaloides, anestésicos o tranquilizantes. Pero sí confirmó la presencia de alcohol etílico en sangre, en una proporción de 1,85 gramo por litro de muestra: el equivalente a casi un tercer grado de ebriedad avanzada. Las determinaciones cuantitativas de fosfatasa ácida prostática y de antígeno prostático específico -vestigios de semen- dieron resultado negativo, tanto en vísceras como en las ropas de la víctima.
Ricardo Panadero está imputado por el delito de homicidio calificado, abuso sexual calificado y privación ilegal de la libertad calificada: lo llaman “el cuarto policía”. Quedó sospechado por el crimen luego de que los forenses que realizaron la autopsia de Natalia Melmann hallaron un vello púbico en la región inguinal de la víctima y lo enviaron a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia. Por eso en 2002, la justicia ordenó investigarlo ya que había sido mencionado como uno de los suboficiales que habría participado del asesinato.
El examen de ADN realizado por la titular de ese organismo, María Mercedes Lojo, determinó compatibilidad genética del vello púbico con el policía. Desde ese momento, Panadero quedó en el centro de las sospechas. Poco después, su abogada Patricia Perelló consiguió que se realizara un nuevo examen de ADN en el Banco Nacional de Datos del Hospital Durand de Capital Federal. Su directora, Ana María Di Lonardo, concluyó que el ADN no coincidía con el de Panadero.
Con esa novedad que provocaba un giro en la causa, el por entonces juez de Garantías Marcelo Madina decidió realizar una audiencia y citar a ambas peritos para que explicaran los motivos de la diferencia en los resultados. Otra vez, el resultado fue sorprendente: Lojo admitió que “por errores de tipeo” se habían anotado mal dos de los cinco datos del análisis.
Finalmente a pedido del fiscal de la causa, el juez de Garantías Gastón de Marco sobreseyó a Panadero, y poco después la Cámara de Garantías lo confirmó. Pero el tribunal de alzada dio marcha atrás con la decisión, y dejó a Panadero como el cuarto policía sospechado por el asesinato.
Ya en 2002, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata había condenado a Suárez, Echenique y Anselmini a reclusión perpetua por “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía, en concurso con dos o más personas para procurar su impunidad”. Cuatro años después, el Tribunal de Casación redujo la pena a prisión perpetua, lo que les permitió a los condenados obtener beneficios como salidas laborales o transitorias. Ese fallo fue revocado en 2010 por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ratificó la condena a reclusión perpetua, por lo que la defensora de los policías recurrió al máximo tribunal de la Nación, que también confirmó la pena en abril del 2012.
Poco después, durante dos años, Suárez, Echenique y Anselmini comenzaron a gozar de beneficios como la salida transitoria, pero al tiempo los beneficios fueron revocados, por lo que hoy continúan presos purgando su condena por el asesinato de la chica Melmann.
Además de los ex policías, Gustavo “El Gallo” Fernández fue condenado a 25 años de prisión acusado de haber “entregado” a la adolescente, pero luego de que su pena fuera reducida a 10 años, fue condenado por otro homicidio.
Panadero dice que desde hace 13 años, su vida es un infierno. La sociedad lo rechaza a él y a su familia, aunque permanece insistiendo sobre su inocencia.
Panadero afirma que su desgracia es consecuencia de un pacto entre el padre de la víctima –Gustavo Melmann- y el verdadero asesino, Gustavo “el Gallo” Fernández. El acuerdo habría sido morigerar la condena de Fernández a cambio de que involucrara a personal policial: de un plumazo, Fernández podría vengarse de quienes lo habían detenido en otras ocasiones, ya que su historial delictivo es profuso, y Melmann podría hacerse de una indemnización más que jugosa: la provincia de Buenos Aires tendría que pagar. Él habría ofrecido este arreglo, asegurando que podría conseguir para Fernández que se hiciera valer la ley del arrepentido.
La trama
Panadero dice que Melmann y Fernández aseguraban no conocerse, pero que tal cosa es falsa, porque ambos eran vendedores ambulantes en las playas de Miramar, y que el padre de la víctima estaba vinculado con la venta ilegal de drogas. Al decir del acusado, “el único culpable está libre”: él no tuvo contacto jamás con Suárez, Echenique ni Anselmini, y al Gallo Fernández sólo lo vio el día del allanamiento, pero era una persona que delinquía constantemente así que solían detenerlo.
Afirma Panadero que ese sábado 3 de febrero – el día del crimen- él no salió de su casa, que permaneció allí con su esposa y sus hijos, y que al día siguiente domingo tomó el colectivo para ir a trabajar como siempre, a las 7:45, ya que ingresaba al destacamento a las 8. Allí cumplió sus funciones con su compañero Benavídez durante todo el día en la sede por la falta de combustible, y que recién a la noche se les pidió que colaboraran con la búsqueda de Natalia. Por eso, en lugar de retirarse a las 8 del lunes, se quedaron durante todo el día. El cadáver apareció después, pero el policía no tuvo nada que ver con el hallazgo.
Lo que afirma Panadero es que supo por un compañero de trabajo que uno de esos días Melmann padre fue a la comisaría, y pidió ver los legajos de los policías en actividad. El comisario a cargo se los entregó, cuando en realidad está prohibido exhibir legajos policiales ante civiles, de no mediar una orden judicial. “No entiendo por qué estoy involucrado en esta causa, salvo porque mi nombre fue seleccionado por Gustavo Melmann de los legajos policiales”, dijo el policía; “no he cometido delito alguno, y es ilógica y absurda esta persecución”.
Su abogada Patricia Perelló afirmó que la Corte de la Provincia y el Tribunal de Casación son cómplices de la mentira, que no trataron un recurso palmario simplemente porque el padre se encadenó muy oportunamente. Reitera la abogada que Melmann y Fernández realizaron un pacto siniestro, y que a pesar de ello, Panadero fue sobreseído por pedido del fiscal, fallo confirmado por Casación. Que la Corte de la provincia revocó esta decisión, cuando en realidad era irrecurrible por ser doblemente confirmada. “Pero acá nada es imposible”, dijo, “por eso a la fiscal de Miramar no le quedó más remedio que llamarlo a declarar”.
Armada
“Melmann busca borrar de la faz de la Tierra a los testigos de su ignominia” afirma Perelló, por eso ella solicita que se llame nuevamente a los testigos de identidad reservada a declarar, pero esta vez con su nombre y apellido, para que deban hacerse cargo de sus afirmaciones con su verdadera identidad y bajo la pena de falso testimonio. Afirma que aquella vez lo hicieron falsamente y a cambio de prebendas que se les habían ofrecido, con la complicidad de aquel tribunal nº 2. “Armada como esta causa, en 35 años de profesión no vi ninguna”, dijo Perelló.
Un testigo declaró ante el fiscal Pagella que Fernández le había confesado el crimen de Natalia Melmann junto con el de un comerciante de Miramar, y según refirió la abogada, el fiscal le dijo que no podía hacer nada porque la opinión pública ya los había condenado. “Es inconcebible que Melmann haya transado con el asesino de su hija”. Dijo la abogada que en la declaración de Fernández consta expresamente que él lo fue a ver a la cárcel para hacerle la propuesta.
“Hay dos jueces de Casación con pedidos de jury en este momento, a solicitud de la familia, y espero de prospere”, dijo Perelló, además de narrar la forma en la que los peritos privados hicieron desaparecer las muestras del cadáver de la víctima, que retiraron de la sede pericial por su cuenta.
Una suma de ilegalidades que determinan una larga lista de funcionarios involucrados: el tribunal lo presidió Ferrari y lo asistieron los jueces Fortunato y Guimarey, todos disfrutan hoy de excelentes jubilaciones del Estado.
La abogada quiere que se sepa la verdad, y saber también quiénes son esos testigos. Si son amigos o enemigos de la partes, y por lo menos comprobar si estaban en Miramar el día de los hechos.”Cualquiera de nosotros puede estar en el lugar de esta persona”, dijo Perelló refiriéndose a Panadero. Un caso siniestro.