Presupuesto 2019 | El Tribunal de la Provincia aprobó la rendición de gastos del último año de la gestión de Arroyo. Más allá de una pequeña multa, queda zanjada la cuestión. No falta plata: nada más que hablar.
Recientemente, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó tanto las cuentas de la municipalidad de General Pueyrredon como su situación patrimonial, en lo que respecta al ejercicio fiscal 2019, es decir, en lo que concierne al final de la llamada administración Arroyo. La rendición de cuentas de la comuna de General Pueyrredon del último año de gestión del ex intendente mereció este dictamen del organismo de contralor provincial que cierra la total aprobación de las cuentas de los cuatro años de gestión que estuvieron bajo su responsabilidad. No obstante, se realizaron observaciones por cuestiones administrativas que se detallarán más adelante, y queda una multa de $40 mil: una insignificancia.
Vale la pena aclarar que el Tribunal de Cuentas Provincial es un organismo de control administrativo, tanto para la gobernación, como para los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. La entidad tiene un núcleo central con varias funciones y algunos entes descentralizados que se distribuyen tareas variadas. Una de sus funciones más exigentes es la auditoria de las cuentas de cada ejercicio fiscal, para determinar el cumplimiento de la legalidad y transparencia en el destino de los recursos públicos durante cada una de las gestiones.
De tal forma que, la aprobación de las cuentas municipales, depende de su auditoría especializada, que en este caso se expresó a través de un informe de 155 páginas correspondientes al ejercicio 2019, que rezaba: «la rendición presentada por las autoridades municipales se ajustó a las prescripciones legales y presupuestarias vigentes, y los estados contables reflejan razonablemente los aspectos significativos de la situación patrimonial y financiera de la Municipalidad de General Pueyrredon».
Para comprender cabalmente el significado de este paso, hay que recordar la resonante desaprobación de la misma rendición que había acordado el Concejo Deliberante en su Resolución 4580/20, el 21 de mayo de 2020. Más allá de todos sus fundamentos, la mayoría de corte ideológico, se contradice con el fallo dictado por el Tribunal de Cuentas el pasado 17 de febrero. Esto significa, para Carlos Fernando Arroyo, un reconocimiento de que, también en su último año de gestión, dio muestras de solidez en el manejo de las cuentas públicas. Este estado de cosas fue el que permitió al actual intendente, Guillermo Tristán Montenegro, un marco de estabilidad económico-financierapara el inicio de su gestión, diferente al que tuvo el mandato que asumió el 10 de diciembre de 2015.
Yendo al informe de la administración provincial, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, con la firma de Daniel Carlos Chillo, Juan Pablo Peredo, Ariel Héctor Pietronave, Gustavo Eduardo Diez y Eduardo Benjamín Grimberg resolvió: «aprobar la rendición de cuentas de la municipalidad de General Pueyrredon , ejercicio 2019». Y más adelante: «Artículo tercero, en base a los fundamentos expuestos en el considerando noveno aplicar multa de $40000,00 al intendente municipal Carlos Fernando Arroyo y de $22000 al intendente municipal Guillermo Tristan Montenegro; sendas amonestaciones al secretario de salud, Gustavo Héctor Blanco, al secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo Mario de Paz, a la directora de Personal Silvia Noemí Ferri, al secretario de obras y planeamiento urbano, Jorge Luis González, a la secretaria de desarrollo social, Patricia Marisa Leniz, a la subsecretaria de comunicación Alicia Susana Lungarzo, al secretario de desarrollo productivo y modernización Massimo Luigi Macchiavello, al director general de prensa y difusión, Marcelo Damián Marcel, al secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, a la directora de presupuesto y responsable del sistema de presupuesto, María Paula Sánchez, y al presidente del Honorable Consejo deliberante Guillermo Raúl Sánchez Saralegui».
Los antecedentes
Como se recordará, hace dos años el Concejo Deliberante había rechazado las rendiciones de cuentas del ejercicio 2019 del municipio de General Pueyrredon, referidos al último año de la gestión del ex intendente Carlos Arroyo.
En aquel momento, el presidente del bloque de concejales de Acción Marplatense, Horacio Taccone, había reclamado que encontraba muchas fallas significativas, tales como los gastos desmedidos en publicidad, y lo que él consideraba la adulteración de cálculos elementales con el fin de inventar un superávit inexistente. Pero más allá de eso, se negaban a evaluar globalmente los números diciendo que aquella gestión «condenó a miles de marplatenses y batanenses al retroceso y la frustración»”. «No hay que perder más tiempo describiendo un fracaso»”, resaltó. Los concejales acusaron a Carlos Arroyo de reducir la inversión en obras públicas, las horas PEBA, el gasto en medicamentos. Le reclamaron los polideportivos abandonados, la interrupción de la obra del Parque Informático, y que la Escuela de Artes y Oficios digitales estaba sin alumnos. También hablaron de un supuesto abandono en la gestión del CEMA, la clausura de la orquesta infantojuvenil, la pérdida de la policía local. Y el mismo edil agregó: «tampoco podemos avalarlo porque su impronta de acosos al personal, de denuncias falsas y de excusas sin gestión no nos acercan a ninguna de las formas de confianza».
Por su parte, la concejala del Frente de Todos, Virginia Sívori, se había negado también a aprobar la rendición de cuentas diciendo que esta era la convalidación de un modelo de gestión del Estado, que a su criterio se había alejado del rol del cuidado de los vecinos y vecinas del Partido de General Pueyrredon. El principal reclamo desde ese sector del arco político era que se ejecutó el 24% del presupuesto destinado a bienes de uso y se subejecutó el 43% de bienes de consumo, lo que según especificaron representaría la falta de compra de insumos para los centros de salud, de alimentos para la asistencia directa a los vecinos más necesitados, la falta de inversión destinada a mobiliario para escuelas, y de equipos viales para el arreglo de las calles. En cuanto a las obras, se le reclamaba que sólo se ejecutó el 19% de este presupuesto, con lo que consideraron un desperdicio de la oportunidad de avanzar en la construcción de polideportivos, plazas renovadas, y centros de salud en condiciones, porque incluso los aportes provenientes del gobierno nacional y provincial de Cambiemos durante el 2019 no fueron los presupuestados.
Fin del asunto
Más allá de todo lo que se ha detallado, la estructura administrativa del gobierno en todos sus estamentos, determina quién es el único que puede reclamar el funcionamiento del Estado en lo económico y la manera en que el ejecutivo da cuenta del dinero del erario público, realiza gastos o deja de hacerlos, y es el Tribunal de Cuentas. Se trata de un cuerpo colegiado integrado por personal idóneo que sólo analiza las cuentas y no las carga de ningún sentido subjetivo.
Es decir que, desde el punto de vista técnico, o las cuentas dan, o no dan. Falta plata, o sobró. Se realizaron efectivamente los gastos que estaban autorizados, o se produjeron erogaciones sin el respaldo necesario. ¿Se trabajó de manera tal que la comuna perdiera plata en pagar cuestiones que podrían haberse evitado, como por ejemplo, punitorios, o sentencias judiciales?
Más allá de lo técnico, lo que queda son manifestaciones subjetivas, que por supuesto no son factibles de ser sancionadas por la justicia. Por ejemplo, el desacuerdo. No estar de acuerdo con un gobierno no lo vuelve ajusticiable. Y, por más que los concejales que llevaron adelante la gestión de rechazo no estuvieran de acuerdo con el criterio con el cual el ex intendente Arroyo realizó los gastos durante su gestión, el Tribunal realizó la auditoría y los números están bien. Para Hacienda, fin de la conversación.