“Gente de negocios”

La mafia de los remates | Un fiscal local eleva a juicio su investigación sobre la asociación ilícita que compraba todas las propiedades que salían a remate judicial. Los colegios profesionales nunca lo reconocieron, pero los llaman «El Cuco». Los testimonios de particulares alcanzan y sobran.

Desde siempre, cualquier ciudadano que tuviera la idea de comprar una propiedad supo que —al menos, en esta ciudad— ningún inmueble se adquiere en un remate, porque tales operaciones están arregladas de antemano. Pero lo ha oído cualquiera: en una con versación casual con un taxista, o en una cena con amigos. Cuanto más debiera haber llegado a oídos de la justicia, de las diferentes fiscalías, que jamás actuaron de oficio. O, simplemente, del Colegio de Martilleros, que aún en medio de la requisitoria a juicio que lleva adelante el fiscal Alejandro Pellegrinelli, continúa diciendo que nunca en su vida vio nada que le llamara la atención. ¿Cómo es posible?

En efecto, el citado fiscal a cargo de la UFI 5 indicó ante el Juez de Garantías que, a su criterio, hay suficientes elementos para acusar a Oscar Roberto Larluz, Luis Alberto Puga, Héctor Ricardo Monteros, Diego Alejandro Larluz, Fernando Roberto Larluz, Alejandro Javier Fernández, Sergio Alberto Puga, Juan Carlos Hugo Vacatello, José Luis Gallo, Raúl Simón Soria, Leandro Nahuel Soria, Gustavo Alfredo Cheppi, Horacio Jorge Panizzo, Julio César Consorte, Patricio Pablo Consorte, Roberto Daniel Andino, Leandro Andrés Marqués, Marcelo Phillipp y García, Pablo del Corazón de Jesús Quiroz, Sergio Tadeo Mazur, José Luis Violini, Carlos Héctor Abitante, Miriam Elizabeth Lamas, Marta Susana Meriano y María Luján Fernández. Veinticinco personas que ahora se defenderán de la acusación de asociación ilícita que pesa sobre ellos, porque —aunque con muy diferentes grados de responsabilidad— habrían formado parte de La Liga de los Remates.

La organización delictiva habría estado liderada por Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros, que son los que objetivamente más se beneficiaron económicamente, porque dominaron las maniobras dentro y fuera de la sala de subastas. Pero las acciones son más o menos las mismas: ellos buscan desalentar a eventuales postores, los que se muestran interesados durante visita previa de la subasta, que es la exhibición del inmueble a rematar. Así, consiguen favorecer a un comprador interesado en la propiedad subastada, sin que nadie puje con otra oferta, a cambio de una comisión pactada de antemano. Otras veces, si les conviene, la compran ellos mismos en representación.

Cuando la base de la subasta de una propiedad es alta, los integrantes de La Liga logran que sea declarada desierta: se abstienen de ofertar para reconducir la subasta sin base logrando de esa manera llevar el remate al precio más favorable a sus intereses.  A veces, suben el precio con ofertas ridículas para tumbar el acto, para que el remate se realice de nuevo. Vale decir, que siempre el valor del bien rematado sería acordado y fijado de antemano por la organización. El perjudicado es, obviamente, el dueño original de la vivienda que no pudo pagar sus deudas: le rematan la casa a un precio miserable, no cubre lo que debe, y tampoco le queda nada.

Dice el requerimiento del fiscal: “Pero no se agotarían allí los métodos de actuación de la mentada ‘Liga’, pues otras veces, los modos pasarían ya al plano netamente delictivo toda vez que cuando personas ajenas a la organización pretenden participar legítimamente de la subasta, antes y durante la misma, sus integrantes —o los lacayos de estos— recurren a las amenazas, a la intimidación o directamente a las vías de hecho, para impedir que aquellos puedan ingresar al recinto o ya dentro del mismo, pujar libremente”. Es decir, los amenazan.

La investigación fiscal

En los 526 remates judiciales que se llevaron adelante entre 2013 y 2018, se revisaron las acciones de los martilleros intervinientes, las bases iniciales, el precio final al que fueron adjudicados los bienes respectivos, los remates declarados desiertos, quiénes fueron las personas que resultaron adjudicatarias, los domicilios constituidos al momento de confeccionar los respectivos boletos, etc. Eso permitió determinar objetivamente quiénes fueron los sujetos que más subastas ganaron, quiénes fueron los habitualistas a los remates y otros datos que se fueron repitiendo.

Se requirió acceso a las filmaciones de las subastas en CD´s y DVDs. Luego se recibió declaración testimonial a quienes integran las cúpulas directivas de los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos y de Abogados departamentales. También, a los martilleros públicos que tuvieron intervención en los remates realizados del período abordado y personal de guardia. Los resultados no fueron los mejores. Dice la requisitoria: “ha sido un lugar común que algunos de estos testigos al momento de presentarse a declarar y sin perjuicio de habérseles explicado detalladamente los alcances del acto y su situación —limitada exclusivamente a escuchar sus experiencias— se han mostrado preocupadas por temor a posibles represalias o consecuencias legales”. Es decir, que les tienen miedo. Pero también aclara el fiscal que otros testigos decidieron mentir deliberadamente.

Para el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, nos encontramos simplemente ante “gente de negocios”: es lo que se desprende de los testimonios de sus principales autoridades y de varios de sus colegiados. Por ejemplo, Miguel Ángel Donsini, presidente del colegio desde 1994, con 36 años de ejercicio de la profesión, al ser indagado dijo: “yo no sé si hay liga o no. Si sé de gente que concurre con asiduidad, pero desde el Colegio de Martilleros no me puedo meter al remate. Me he ocupado para que el juez sepa de lo que pasó en cada uno de los remates, con las cámaras, con las filmaciones, con la gente”. Específicamente, sobre su conocimiento de los habituales que dirigen la banda manifestó: “los que usted nombra son grupos de comerciantes que acuerdan sociedades por escasos minutos para intentar comprar, que luego las rompen en el mismo remate. Incluso he visto que compran inmuebles caros, no siempre tienen los inmuebles ya vendidos, y tienen que colocarlos. Ellos van siempre, no dejan nada, van siempre”.

Particular impresión generó el testimonio del martillero Norberto Ise, quien  sostuvo lisa y llanamente que la mentada Liga no existe, que es como el cuco. En esa inteligencia, declaró: “es verdad que también existen algunos sujetos que son conocidos en el ambiente por querer torcer el resultado de las subastas a su favor, comúnmente llamados ‘la Liga de compradores’, aunque a mi criterio eso no existe, porque no es una agrupación. Ellos también compiten entre ellos: hay nuevos y viejos, van entrando y saliendo, a todo el mundo le interesa comprar barato”.

El Cuco

Otros martilleros dejan entrever la existencia de ciertos conglomerados permanentes de compradores con algunas características de organización, y echan sospecha sobre la agrupación. Por ejemplo, el martillero Norberto Horacio Moreno dijo que lo único que podría reprocharse  a estas personas es “alguna práctica o forma en la que realizan sus ofertas. Por ejemplo, he visto cómo ante una oferta de un particular que no pertenecía a estos grupos, un sujeto de esta llamada ‘Liga’ se le sentó al lado y mirándolo de manera intimidatoria le gritó varias veces ofertas superadoras en la cara, pero nada más, no ha pasado de allí”. ¿Le parece poco?

Enrique Guillermo Nack, retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en varias oportunidades garantizó la seguridad del salón de subastas. En líneas generales, reconoció la existencia de grupos permanentes que generaban acuerdos entre ellos. Le llamó la atención la presencia de un grupo numeroso de personas “para intimidar”. En ocasiones tenía que intervenir para calmar los ánimos, justamente cuando pujaban personas ajenas a los grupos habitualistas.

Lo que es necesario no perder de vista, es que alguna de esas personas ajenas que ellos mencionan podría ser el rematado, que reunió uno o varios préstamos y está tratando de comprar su propia casa, de recuperarla. Porque lo cierto es que —por más que el martillero diga que todo el mundo quiere comprar barato— las cosas tienen un límite.

En situaciones normales, un deudor llevado a remate recibiría el excedente de dinero resultante del remate de su propiedad, una vez que se hubiera cubierto la deuda que se le reclama. Cuando el remate se realiza a precio vil para beneficiar a un grupo de poder, a veces el damnificado ni siquiera logra cubrir su deuda. Termina en la calle y endeudado. Eso no es propio de “gente de negocios”.