«Denuncias venganza post separación»: la criminalización del vínculo, y cómo el fuero de Familia contribuye a desarmar —justamente— lo que debería preservar. Una dura y triste realidad.
La Justicia de Familia está en el foco de la crítica debido a lo que ocurre en el Departamento Judicial de Mar del Plata, lo que se repite en otros lugares del país: falsas denuncias, también conocidas como «denuncias venganza post separación» que ponen la mirada sobre un fuero que debería gozar de absoluta nobleza pero que, sin embargo, cosecha resoluciones que dañan a la sociedad, quiebran familias, compromete vidas y fabrica más «gente rota».
Es harto conocido que en el sistema judicial la ideologización se impuso hace tiempo. Y que, por lo general, la cuestión de género tiene preponderancia sobre la prueba misma. Esto, que suele resultar recurrente en el fuero Penal, se ve casi con exclusividad en el fuero de Familia, empujando al quiebre emocional a personas que atraviesan crisis en sus hogares, separaciones traumáticas o, a veces, diferendos que no eran tan graves, pero que se convierten en irreparables conforme se introduce el caso en el sistema judicial, en donde se inicia una escalada de violencia inusitada en lugar de ser hallada la calma que requiere la situación.
Durante muchos años se supo de casos de padres a los que se les aplican restricciones de acercamiento a sus hijos de manera arbitraria, sin que haya una investigación sobre las denuncias presentadas que deriven en encontrar la verdad sobre todas las cosas. Y hasta se han conocido episodios en los que los padres, abrumados por la indiferencia del sistema, llegan a determinaciones drásticas como las de quitarse la vida, en medio de un decurso donde se los acusa de manera infundada de cosas que no ocurrieron y no se les da el debido derecho a defensa. Todo enmarcado en una falsa premisa: el que llega primero, gana.
Relatos dolorosos
El caso de una niña marplatense supuestamente abusada por su padre, en agosto de 2022, se encuadra como «denuncias venganza post separación». A esto se le suma el cercenamiento a defensa del acusado, cuando se le dificultaría desde la fiscalía actuante la posibilidad de aportar prueba, según indica la defensa del denunciado.
Todo sucede cuando la madre de la pequeña denunció que al ser restituida a su casa por el padre, notó que la chiquita «estaba rara, con algo de fiebre, medio pachucha» y que no actuaba conforme a lo acostumbrado para su hija. Que, cuando la cambió, «encontró que su vagina estaba enrojecida y había sangre». Por eso, supuestamente, fue al Hospital Materno Infantil, en donde se le habrían indicado que la pequeña evidenciaría rasgos de abuso y se le recomendaba radicar la correspondiente denuncia en sede policial. Hasta ahí, algo que podría haber ocurrido.
Sin embargo, la situación se vuelve confusa con el correr de los hechos: la madre no pudo determinar con claridad algunos de los datos que utilizó para denunciar a su ex pareja: fundamentalmente, no aportó ningún certificado con firmas de médicos y tampoco conservó el pañal como prueba. Sólo decía recordar haber sido atendida por una profesional de cabellos oscuros. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y luego tuvo su correlato en el área del Gabinete de Delitos Sexuales de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Contradicciones
La defensa del padre de la chiquita aportó una serie de contradicciones en los dichos de la madre, que la colocan en una posición bastante incómoda frente a sus responsabilidades y ante la eventual concurrencia de delito por falsedad en sus dichos.
Una de las primeras contradicciones de relato en la denunciante originaria el 26 de agosto del año pasado es que «cuando la reviso observo que su vagina se encontraba colorada, como irritada y con sangre», pero luego contrariamente en su primer testimonial en sede Cría. Mujer el 1° de septiembre se lee que «al momento de revisarla constata que la niña tenía sangre seca negra sobre el pañal el cual ya cambió y tiró, que no podía precisar si era de la niña o no». La defensa advierte esto como una «contradicción palmaria y evidente, puesto que en la denuncia dice que tenía sangre en la “vagina”, y en su testimonial dice que tenía sangre en el “pañal” […] Lo mismo ocurre —contradicción actitudinal— respecto del hecho de que la denunciante tiró el pañal, en vez de conservarlo como prueba y llevarlo al hospital para que lo revisaran y analizaran los médicos que presuntamente la atendieron anteriormente».
Por otro lado, resalta la defensa las «graves contradicciones actitudinales o de conducta, en el hecho puntual de la denunciante de retirarse de la Comisaría de la Mujer sin firmar la denuncia» mientras que hace notar que en su denuncia originaria en Cría Mujer del 26 de agosto, primero dice que fue al Hospital Materno Infantil, «Consultorio nº 2», no recordando nombre ni apellido de la médica de cabellos negros que la habría atendido, ni le extendieron un certificado; y luego contradictoriamente en su primer testimonial en Cría.Mujer 1° de septiembre dice que fue al Materno Infantil, «precisamente al Servicio Social», donde no atienden médicos, sino asistentes o trabajadoras sociales o terapistas ocupacionales, siendo atendida por «Jazmín», que le aconsejaron que radique la denuncia; y luego nuevamente cambiando la versión, dice que fue a la Sala de Primeros Auxilios de calles Púan y Alejandro Korn, donde «ahí si la atendió la médica», y ella le manifestó que podría haber un supuesto abuso. Llamativamente en este caso —al igual que en el caso del HIEMI—, «la denunciante tampoco da nombre y apellido de la supuesta médica de la sala de primeros auxilios, ni aporta certificado médico de atención».
Pero algo muy raro parece ocurrir cuando y es señalado por la defensa del padre: «mediante agregación en autos de las Historias Clínicas de ambos establecimientos sanitarios no consta la atención de la menor en cuestión en la fecha indicada por la misma en su denuncia y mucho menos por el motivo de consulta que aduce la denunciante» (sic).
«Epidemia de falsas denuncias»
Las falsas denuncias por abuso son una epidemia en la Argentina como en otros lugares del mundo y mucho de ello parte de la «denuncia venganza post separación». Esto ya fue puesto en relieve por el ex juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Mizhari.
Entrevistado por la FM 99.9, Pablo Mangirotti, de la Agrupación Infancia Compartida, describe el peregrinar por el que pasan muchos padres o madres cuando se enfrentan a una situación como la de marras: «se admiten denuncias absurdas que derivan en 6 meses de cautelar contra una de las partes, por ejemplo, porque no le saben aplicar el bronceador al niño, o porque el niño llora cuando se lava los dientes. Existen casos de 30 días de restricción perimetral porque, simplemente, no se leen las denuncias», asegura.
Mangirotti critica fuertemente al sistema y dice que los jueces «extienden cautelares de manera automáticas o no investigan. En casos donde sobran las pruebas de que los denunciantes tienen problemas psicológicos, tienen desborde emocional o una psicopatología, no mandan a hacer una pericia» y recalca que «el criterio es el que denuncia es víctima y de esa manera abren un espacio de tiempo que puede llevar hasta dos o tres años aislando a los niños de uno de sus padres». Desde la agrupación saben que eso genera un desarraigo en el vínculo, aun con sometimiento de los menores a tener que soportar que se les habla mal de la otra parte y contribuyendo a terminar con la relación filial sin miramientos y posibilidad de reparación en la mayoría de las veces. Por eso proponen que «cuando hay una denuncia se realice una intervención inmediata de los cuerpos interdisciplinarios, que pericien a todo el mundo, que intervengan y consulten a los chicos y se les expliquen qué está pasando. Tiene que haber una escucha activa del niño y no como pasa ahora que todo se resume a “con quien querés estar, con mamá o con papá”. Eso no es una escucha activa».
Lamentablemente, el caso en cuestión tiene todas las características de lo que Mizhari señala como «epidemia de falsas denuncias» con el agravante de que el denunciado hace casi un año que no puede ver a su hija, y se le niega la posibilidad de aportar prueba en la causa que ayude a determinar su inocencia en el debido proceso.
Que el sistema tiene sus fallas, es sabido. Pero que no se trabaje en función de reparar, mejorar y contribuir a la verdad de los hechos, es todo un síntoma de una sociedad que se desapegó de las emociones, le resulta indiferente el bienestar del otro, sin importar si se rompe gente sana y si, en el medio, se destruye el vínculo entre padres o madres con sus respectivos hijos o hijas. Porque las fallas alcanzan a todos por igual, aunque sea notoriamente mayoritario el vuelco de la balanza en contra de los intereses de los padres. «Denuncia venganza post separación», nada más su señoría.