Las consecuencias que afrontan algunos actores en nuestra sociedad cuyas acciones y decisiones someten a un enorme padecer a quienes se encuentran bajo su su poder, parecen más bien magras. Estamos hablando de los jueces.
No hace falta ser un genio para advertir que, darle a alguien muchísimo poder, sin compensarlo mecanismos de control ágiles, dinámicos y severos, es la receta del desastre. En nuestro país, los jueces hacen y deshacen a su voluntad la vida de los ciudadanos de a pie sin que existan demasiadas consecuencias cuando abusan de su poder o toman malas decisiones. Pero lo que más duele, es cuando se meten con los más chiquitos, con los indefensos. Con víctimas inocentes, como el caso de Lucio Dupuy.
Jueces violentos
A principios de este año, se daba a conocer que la Asociación Judicial Bonaerense denunció de manera formal a los jueces Alejandro A. Lerena y Mariano Riva del Tribunal de Trabajo Nº4 de Mar del Plata por violencia laboral y de género. La denuncia fue concretamente por «violencia —psicológica— laboral en un marco de violencia de género, cambios de lugar de trabajo, renuncias, licencias médicas y por violencia de género, violación sistemática de la carrera judicial y sumarios administrativos disciplinarios». Además, los jueces les habían prohibido de manera explícita a sus subalternos acudir a la asistencia gremial de la Asociación Judicial Bonaerense.
Según trascendió, estas situaciones se dieron desde el inicio del tribunal y se fueron agravando con el correr de los años. La situación llegó a tal punto, que fueron más de diez las mujeres que terminaron denunciando a los magistrados por diversas formas de maltrato. Tan insufribles eran los jueces que una magistrada que formaba originalmente parte de dicho tribunal, tuvo que ser trasladada a otra dependencia.
¿Cuál es la lógica de que estas personas, que no pueden ni siquiera garantizar un ambiente de trabajo sano para sus propios subalternos, deban decidir en causas en las que otros trabajadores sufren situaciones similares?
Lo más grave es que, a pesar de las denuncias, los magistrados no han sufrido mayor inconveniente que tener que tomarse una licencia de manera compulsiva. El Dr. Riva avanza con los trámites de su jubilación, lo que seguramente le evite tener que someterse a un juicio político. Y en medio de todo eso, ha realizado acciones que pueden interpretarse como intimidatorias hacia una de las víctimas.
Destrozando familias
Sin embargo, los casos más aberrantes en los que la justicia empeora las situaciones en vez de mejorarlas, se dan en los tribunales de familia, donde los niños son sometidos a decisiones caprichosas y arbitrarias, muchas veces, bajo una falsa perspectiva de género que termina dejando a las víctimas a absoluta merced de sus victimarios. Lo explica en términos muy claros la abogada Fátima Silva: «Cada niño que entra a los Tribunales de Familia ya es víctima sólo por ingresar a la justicia».
La letrada apunta especialmente a aquellas situaciones en las cuales los jueces toman decisiones automáticas, adoptando una supuesta perspectiva de género que resulta absolutamente errónea: «tristemente es una constante porque cuando el hombre entra en esas condiciones, significa que la mujer entró en mejores condiciones, y nadie miró a los niños […] Me formé en el feminismo originario que buscaba igualdad de derechos, nunca pensamos en ser superiores al hombre ni castigarlo. Hubo una radicalización en algún momento, en donde se idiologizó la situación de tal forma que todo lo que dice una mujer pasa a ser verdad. Eso no es lo que dice el feminismo».
Se ha llegado a un punto tal, que incluso desde las esferas más altas de la justicia nacional, se está advirtiendo sobre el accionar en los tribunales: «la Corte de la Nación vive haciendo alertas importantes y es porque le llegan causas donde entiende que se resuelve mal en las cortes menores. Se pone atención en el interés superior del niño y que las circunstancias sean comprobadas, no puede ser que se tome sentencia con la palabra de un padre o madre. Hay un cementerio de medidas cautelares, hay una medida contra el padre y toda la familia paterna. No encuentran un vínculo con nadie de la familia del otro lado. Las van renovando automáticamente y en el medio están lo niños».
La justicia, en estos casos, olvida el rol que debe cumplir: «los tribunales de familia existen para crear puentes, para sanar vínculos y trabajarlos, no para cortarlos».
¿Y el castigo?
No siempre estas situaciones pasan desapercibidas, aunque por lo general se necesita acumular muchos años de muy malas decisiones como para que a un juez se lo aparte de su cargo. Y ni hablar para que enfrente algún castigo real, como la cárcel, más allá de dejar de recibir un sueldo del Estado.
Uno de esos extrañísimos casos se dio recientemente con la jueza de Primera Instancia del Distrito Familia de los Tribunales de Reconquista Ileana Jurith Sínchez fue destituida de su cargo por «varias conductas de incumplimiento reiterado, entre ellas malos tratos y afectaciones en casos de personas vulnerables, demoras en resolver causas y trato arbitrario en denuncias por violencia de género y familiar».
Luego de un sinfín de situaciones gravísimas, como «afectaciones de derechos a niños y adolescentes por no resolver procesos en tiempo y forma; y afectaciones a los derechos de personas extremadamente vulnerables con capacidad restringida, incapaces o por incumplimiento de normas sociales que rigen el proceso de restricción del ejercicio de la capacidad», la jueza fue finalmente destituida por unanimidad.
¿Afrontará en algún momento un juicio penal o civil por sus acciones? ¿Recibirá algún otro castigo, aparte de ser apartada de su cargo, de su sueldo y de sus privilegios?
Lucio, in memoriam
Ana Clara Pérez Ballester es la jueza que decidió que Lucio Dupuy debía regresar a la casa de su madre biológica, Magdalena Espósito Valenti, el lugar en donde encontró la muerte luego de una paliza brutal que le propinaron en conjunto su progenitora y la pareja de esta, Abigail Páez. Para tomar esa decisión que le costó la vida al pequeño, la magistrada no tenía mayores argumentos más que una distorsionada perspectiva de género que hacía que, para ella, una pareja de lesbianas, por más que odiaran al niño, tenían más derechos que un hombre heterosexual que amaba y protegía a su hijo.
Más de dos años después de la muerte de Lucio, ya habiendo sido condenadas sus asesinas a prisión perpetua, la jueza Ana Clara Pérez Ballester sigue con su vida como si nada. La única afectación a su bienestar, fue una sanción económica: le recortaron el 50% de sus remuneraciones cuando, el 10 de octubre pasado, fue suspendida de su cargo a la espera del juicio que se inicia el próximo lunes. Se espera que en el proceso declaren 46 testigos que serán los que ayudarán a determinar si, junto a la asesora de la Niñez que también intervino en la causa, Elisa Alejandra Catán, deberán dejar sus cargos.
Nada le devolverá la vida al pequeño Lucio, pero como sociedad nos debemos que este sea un caso ejemplar en donde el castigo que un juez reciba por sus desastrosas decisiones no se limite a, simplemente, ser apartado del cargo. En esta historia aberrante, la destitución de Ana Clara Pérez Ballester debe ser sólo el primer paso en la construcción de una historia distinta, en la que las víctimas reciban justicia real no sólo en el castigo de sus victimarios, sino también de quienes, ejerciendo un enorme poder sobre la vida de los demás, toman decisiones caprichosas e inexplicables guiándose ciegamente sólo por ideologías.
Quizás un día la jueza que sometió a Lucio a un sufrimiento incomprensible y a una muerte brutal, termine tras las rejas. Hasta entonces, toda esta historia sólo tendrá gusto a poco.