Arrebatos, hurtos, homicidios, narcomenudeo y otra vez la zona roja: esas son las situaciones que se viven en las calles de la ciudad, mientras el poder local cree gestionar la crisis de inseguridad.
General Pueyrredon sigue bajo la pesada carga del delito que golpea a miles de familias al año. Y los datos —que se declaman, pero no se muestran— parecen confirmar que viene creciendo la presión delincuencial sobre el vecino. Ni que hablar de la cantidad de taxistas, comerciantes y hasta ciudadanos de a pie que señalan haber sido víctimas, pero que no denuncian el hecho sabiendo que tardan más en el papeleo de lo que el reo en recuperar la libertad.
Más arrebatos y hurtos que antes, pero menos homicidios. Una fuerza especial de seguridad alejada de la gente y comisarías vacías por la falta de personal. Incluso con el absurdo de, tener móviles para circular, pero no contar con la cantidad de recursos humanos suficientes para ejecutar una cuadrícula como el diseño lo requiere. ¿Quién maneja los hilos de esta gran marioneta popular?
Consuelo de tontos
Más robos pero menos homicidios. Mal de muchos, consuelo de tontos. Esa parece la premisa de los funcionarios destacados en el área de Seguridad de la comuna cuando describen la realidad de los indicadores que se registran en Mar del Plata.
Esta semana, la polémica por la seguridad llegó al Concejo Deliberante, luego de que se produjeran diversos hechos violentos: el más relevante, el que le costó la vida a una mujer de 81 años a la que la asaltaron y, como si no se conformaran con eso, incendiaron parte de la vivienda de la calle Rodríguez Peña al 2700.
Al parecer, existe alta probabilidad de que el autor material del crimen esté detenido, y se lo vincula con otro caso muy parecido que ocurrió el mes pasado. Si es así, bien por la pesquisa. Pero una mano no alcanza para tapar el sol.
No alcanza, porque no es suficiente comentar lo que ocurre cuando se tienen responsabilidades de poder, ya sea en el ámbito local, provincial o nacional. Y no sólo desde la función política: incluso las responsabilidades caben en el plano judicial y policial. Porque, en definitiva, es necesario que se trabaje de manera directa en resolver los problemas.
En la pasada sesión del jueves 8 de junio, desde el Frente de Todos los concejales kirchneristas intentaron hacer notar fallas en la seguridad y endilgarle las mismas al Secretario local, Martín Ferlauto. El tiro por elevación iba dirigido al intendente Guillermo Montenegro. Por su puesto, los representantes del oficialismo marplatense dejaron en claro que, si de Seguridad se trata, quien tiene el manejo del área es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ergo, el gobernador Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad, Sergio Berni. No obstante, desde el Ejecutivo local evitan prolijamente responsabilizar a Berni a la hora de explicar lo que pasa en esta jurisdicción.
Veinticuatro horas más tarde de aquella sesión, la polémica se extendió a la comisión de Salud: esta vez, el chisporroteo fue entre radicales y kirchneristas por la situación de inseguridad vivida por los vecinos y los profesionales médicos en el centro de salud (CAPS) del barrio Belgrano.
El conflicto viene de meses atrás, cuando las guardias y los servicios de salud debieron ser levantadas el día en el que se produjo un tiroteo entre bandas en el CAPS. A partir de entonces, la gente no quiere saber nada de ir al lugar si no hay presencia policial. No alcanza con que se paguen vigiladores civiles que poco o nada pueden hacer frente a la escalada violenta en los barrios de la periferia marplatense. Tampoco sirve pagar horas CORES y que los policías no estén porque no hay efectivos, como denunció el concejal Daniel Núñez que ocurre.
Pero esto no sólo sucede en «las afueras»: el jueves por la noche, en jurisdicción de comisaría novena en Playa Chica, al móvil de Canal 8 le abrieron la puerta sin forzar la cerradura y le robaron pertenencias de los integrantes del equipo periodístico. Se sospecha que actuaron con un inhibidor de señal de los que tantas veces se han denunciado que se usan en los hurtos en las zonas gastronómicas de la ciudad.
Datos anulan relato
Ferlauto tiene los números, pero su idea no es confrontarlo en términos polémicos. Es que, en tiempos como estos, nada agrega al dolor de la gente y, por el contrario, quedan salpicados en coordenadas de campañas electorales que distorsionan cualquier análisis serio que se pueda hacer sobre el problema.
En un portal local (Lo Que Pasa Net) dijo que «crecieron 30% los delitos como arrebatos y hurtos al automotor» pero que «bajaron los homicidios». De hecho, sostiene que con 18 asesinatos en lo que va del año «la estadística está por debajo de la media histórica (sic)». También asegura que la cantidad de heridos de armas de fuego o de armas blancas es inferior de lo que se registraba años anteriores. Todo, gracias a «la situación del país», o eso al menos es lo que indicaba el funcionario municipal sin entrar en colisión ni con Berni ni con la Departamental de Policía.
Una radiografía oscura
En cambio, el presidente del Foro de Seguridad de General Pueyrredon, Juan Manuel López, va un poco más al hueso y, si ve pus, la declara. En una entrevista que se le realizara en la FM 99.9,López resaltó que «escuché las declaraciones de Ferlauto pero no creo que haya subido 30% el delito, los robos han subido un 50% o 60%. El tema de los robos es que cuando los móviles van para la derecha ya están robando para la izquierda».
La radiografía es elocuente, pero tiene muchas más imágenes que hacen pensar en profundidad lo que ocurre. Dice López que está volviendo a aparecer la zona roja en Champagnat y Maipú, y también en Luro y Funes; que en las plazas avanza el narcomenudeo y que se registra un altísimo nivel de arrebatos y robos en distintos barrios de Mar del Plata, sin que haya nada que repela esa situación.
Para colmo de males, el titular del Foro asegura que «hay una policía paralela». ¿De qué se trata? De las presiones que se ejercen sobre los nuevos numerarios para que vayan a prestar servicio a la UTOI en detrimento de las comisarías. La UTOI es una fuerza especial que reporta directamente al Ministro de Seguridad, fue creada durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal por el entonces ministro Cristian Ritondo, y hoy es fuerza está bajo el mando de Berni.
«De patrulleros, estamos bastante bien. En los últimos meses llegaron 19 móviles nuevos, el problema es que no hay personal que los maneje. Las comisarías están vacías. A veces los jefes de servicio, que toman las denuncias, se tienen que quedar 24 horas porque no hay gente», describía López y con dolor señalaba que «mientras la gente va a los patrulleros y a las comisarias a buscar respuestas que no obtiene, la UTOI está apostada en lugares fijos sin que colaboren con la necesidad del vecino».
Por eso, el Foro de Seguridad presentó una nota en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para trasladar lo que sucede en la ciudad, en un contexto donde los delincuentes andan sueltos y haciendo de las suyas, faltan recursos en la fuerza y la UTOI va captando nuevos agentes que después terminan siendo trasladados a los partidos bonaerenses del Conurbano, algo que ya sucedió en los últimos meses y provocó la reacción y queja de las familias de los jóvenes policías a los que les cambiaron la asignación de destino.
Es un hecho que ha crecido el delito, pero no es porque la gente no tenga trabajo, sea humilde o no llegue a fin de mes como intentan hacer creer. Crece el delito porque se dan las condiciones por la falta de control, porque se mira para otro lado o se actúa con displicencia ante el problema. Y, actualmente, hay mucho de esto último, ya que los actores del Estado que deben reaccionar prefieren «no hacer ruido» y aguantar hasta que «todo pase».