Incompetentes II

Tribunales de Familia | Una jueza de familia permitió que una nena de 5 años pasara los fines de semana con un hombre que dijo ser su padre, antes de que ninguna prueba lo confirmara. La nena terminó abusada, y ahora institucionalizada. No se cansan de hacer daño.

La historia de A es tristísima. Tanto como puede ser la trayectoria de vida de una pequeñita que vivió los primeros cuatro años de su vida con una mamá adicta a las drogas que no podía cuidar de ella, y prácticamente en situación de calle. No tuvo quien cuidara de su integridad, de su salud física y psíquica, ni de su alimentación. Hace poco más de un año, esa mamá fue internada en la Posada del Inti para un tratamiento de recuperación de las adicciones que la tenían diezmada. La pequeñita fue entregada en custodia a unos papás: la medida de abrigo era de carácter provisorio.

Claro que el tiempo fue pasando, y la pequeña fue desarrollando un vínculo afectivo con esta familia del corazón: una pareja trabajadora que ya había adoptado a dos hermanitos, con los que lleva una convivencia absolutamente normal desde hace varios años. Ahora la pequeña A tenía los cuidados de una familia, y concurría a un jardín de infantes de gestión privada.

La causa cursaba en el Tribunal de Familia n°2 de esta ciudad, a cargo de la jueza Andrea García Marcote, que no es la primera vez que demuestra no sólo falta de empatía con el dolor ajeno, sino hasta cierta despreocupación por las consecuencias de las decisiones arbitrarias que asume. La familia del corazón contrató la representación legal de Julio Razona.

Pero pasado un tiempo, apareció en el tribunal un hombre, Juan Gerardo Luna, que dijo ser el padre biológico de A, sin más pruebas que la de haber sido novio de su madre biológica. Para sorpresa de todos, la jueza García Marcote lo declaró padre de la nena, y le otorgó visitas todos los fines de semana.

Todo era falso: Luna había dejado unos datos en el tribunal que rápidamente se pudieron investigar. Ya no vivía en un departamento de calle Brown al 2600 que había declarado, pero la encargada del edificio refirió haber presenciado que Luna era parte de algún episodio violento en la vereda del lugar. Tampoco trabajaba en New Bar, como había declarado: nadie lo conocía allí.

Inmediatamente, tanto la familia del corazón como la Asesoría de Incapaces se opusieron a que este hombre sin ningún vínculo comprobado, que ni siquiera representaba un afecto para A porque la pequeña lo había visto algunas veces, pudiera pasar los fines de semana a asolas con la ella. El abogado propuso alternativas, y dijo que si le tribunal consideraba que el requerimiento de visitas merecía ser escuchado, tales encuentros debían darse en un ámbito protegido, bajo la mirada de una de las profesionales del poder judicial. Pero no fue atendido.

El horror

Por supuesto que las cosas sucedieron como era de esperarse. La pequeña A no quería concurrir a tales visitas, lloraba y se enfermaba para no concurrir. La familia del corazón no podía más que entregarla, porque no estaba en sus manos desoír las órdenes de la jueza. No obstante, el representante legal continuaba presentando sus objeciones a estas visitas que a la vista de todos, no tenían explicación posible. Ni siquiera se sabía a dónde la llevaba esos fines de semana. Cuando el análisis de ADN llegó, su resultado fue obviamente negativo, y Juan Luna desapareció.

Hace poco más de un mes, en el jardín donde concurre la pequeña creyeron detectar ciertos rasgos que permitían pensar que la pequeña A podría haber vivido alguna situación vinculada al abuso sexual, pero el procedimiento implementado tampoco fue el adecuado.

Para comenzar, la denuncia pertinente no se efectuó en la Comisaría de la Mujer, ya que las órdenes se dieron vía telefónica. La pequeña fue retirada de la institución, y sin mediar palabra fue internada en un hogar, incomunicada. No puede recibir visitas de nadie: ha perdido a su familia del corazón, no tiene a su madre biológica y fue retirada de su jardín de infantes.

Recientemente, la Cámara Gesell confirmó lo que todos temían. La pequeña había sido abusada por quien ella llamó Juan. Dijo que en esas visitas el hombre la desnudaba, la tocaba u hasta la golpeaba. Dijo además que su madre biológica lo sabía, porque ella se lo había contado. ¿Y ahora?

¿Por qué razón García Marcote ordenó que fuera internada sin comunicación alguna?¿Puede acaso la jueza comprender el peso de sus actos? ¿Puede saber que la decisión caprichosa de haber enviado a la pequeña con un desconocido sin domicilio fijo —semana tras semana— hizo que terminara siendo abusada? ¿Se da cuenta de que no oyó las advertencias de ningún profesional? ¿Está bien García Marcote?

No es posible asegurarlo, pero la Cámara de Apelaciones deberá examinar exhaustivamente cada una de las decisiones que tomó la jueza. Pero ella no parece cuestionarse nada de lo que ha hecho. Un canal de televisión logró que presentara testimonio, y la jueza se encoge de hombros en un gesto de “hago lo que quiero”.

Dijo ante las cámaras: Para mí es un caso muy claro y lo resolví de esa manera. Por ahí mi manera de resolver no beneficia a todas las partes. Pero siempre priorizo el interés del niño. Se la ha escuchado, es muy inteligente y ella confía mucho en el juzgado. Es una relación directa con los chicos”. La jueza es un adulto, que explicó que la pequeña de 5 años confía en el tribunal. Sí, debe de ser la única.

Una mujer con escasas palabras para defender su indefendible conducta dice que todo queda en manos de la Cámara, y que ella no puede conformar a todo el mundo. Pero su aspecto, su lenguaje no verbal, su desempeño general despiertan más sospechas que seguridades a la hora de evaluar que es ella quien tiene en sus manos la vida de los menores de edad. Una mujer que le da visitas privadas a un novio de la madre que había sido denunciado por violencia, y encima cree que tiene razón. No pide disculpas. No dice que se equivocó. Dice que no puede conformar a todas las partes.

Su prosapia

No sabemos si este espanto se debe a falta de criterio, de conocimientos, de sentido común o lo que fuere, pero nadie en el departamento judicial se puede dar por sorprendido. Ya en 2016, este semanario publicó la nota anterior de esta saga bajo el título “Incompetentes”, y advertíamos que la jueza García Marcote tomaba decisiones insostenibles, que no cabían en ninguna cabeza y, lo que es peor, que iban en contra de la seguridad de los pequeños. Precisamente el espíritu de la ley, el “Interés superior del niño”, es lo que se le escapa.

En esa investigación contábamos que en 2015, el papá de Sabrina la había retirado del colegio en Santa Clara del Mar, y desde entonces no se sabían nada de ella. El hombre no tenía vínculo con su hija desde hacía dos años, y ni siquiera vivía en Mar del Plata. La abogada denunciaba que el tribunal de García Marcote se había demorado tanto en tomar medidas que había permitido la fuga.

Decía: “Creemos y suponemos que está en José C. Paz, pero los allanamientos que se ordenaron fueron 3 meses después de su desaparición y no dieron resultado positivo. El papá se presentó en un momento con letrados y denunciaron un domicilio donde supuestamente estaba Sabrina; fueron al domicilio y no se pudo encontrar a la menor”. La justicia demoró demasiado en pedir pasos sencillos que podrían haber ayudado a dar con el paradero de la nena. Recién el 18 de diciembre de 2015 se solicitó el reintegro de la menor: tres meses después.

Es decir que, ante la desaparición, la jueza no tomó medidas inmediatas, sino que le dio al padre todo el tiempo del mundo para arbitrar los medios necesarios para no ser encontrado. Desde ese momento, la madre la busca desesperadamente y recurre a quien pueda ayudarla: “la búsqueda de Sabrina está también en Missing Children y llega en las facturas a los domicilios. Se tardó demasiado tiempo y hasta hemos tenido audiencias para que Sabrina pueda ser escuchada y saber lo que estaba sucediendo. Su progenitor nunca la trajo y no se la podía ubicar en los allanamientos, pero no se ordenaron medidas mayores”.

Ahora Razona se dirige al fiscal con todas las pruebas del incumplimiento de los deberes de funcionario público. La jueza y su mala praxis son responsables de que una niña de cinco años haya sufrido más aun de lo que ya había sufrido cuando ella tuvo acceso a dictar la medida cautelar sobre su abrigo.

Pero esta misma jueza aún continúa haciendo su voluntad. Continúa levantando los hombros ante la cámara que hace foco en sus gestos extraños. Sigue diciendo que ella no puede conformar a todas las partes. No muestra remordimiento ni culpa. Sigue dejando afuera a la familia del corazón, que son quienes, ya encariñados con la nena, advertían su temor de que esto sucediera. Si antes no los oía, no los atendía, y los consideraba intrusos en la vida de la pequeña A, ahora dice que aquí no hay padres adoptivos: “Se dictó la declaración de adoptabilidad, que es una resolución por medio de la cual se define la situación del niño. Es decir, si tiene que volver con la familia de origen o de adopción. Ahora la cámara de Apelaciones va a rever si mi resolución es correcta o no y, si no, resolverá en consecuencia”. La jueza habla como si A fuera un expediente. Tremendos incompetentes.