Crimen de Agusti | El asesino del policía cometió otros delitos con nombre falso, y por eso no debió ser beneficiado con la prescripción del homicidio. Su desparpajo es irritante. ¿Quién lo protege?
A Alejandro Salaberry no le preocupó ser uno de los prófugos más buscados de Mar del Plata. Se lo acusaba matar al policía Cristian Agusti en 2003, pero en junio de 2019 se le notificó que el crimen había prescripto. La familia de la víctima —con el patrocinio de Adelina Martorella— se presentó ante la Cámara de Apelaciones para decir que las condiciones no estaban dadas para que tal prescripción se dictara, y el asesino resultara sobreseído, fundamentalmente, porque Salaberry había cometido otros delitos es este plazo, aunque con otra identidad.
En aquel momento, el criminal se había presentado en tribunales para firmar la notificación muy tranquilo, como quien burla al sistema. Llegó caminando y sin ninguna medida para esconder su identidad, porque sabía que nadie lo iba a detener: su culpa se había extinguido por el homicidio del Cabo Primero Cristian Agusti, delito por el que fue condenado en ausencia.
Si bien había permanecido en la clandestinidad durante los quince años que necesitaba, había ido lo más campante al museo MAR a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el Covid. Como se suponía que iba a concurrir, se ordenó un amplio operativo dentro y fuera del lugar, con personal discretamente vestido de enfermeros como así también haciendo la fila para vacunarse. Una de película, organizada indudablemente con muchos recursos y esfuerzo.
En 2018, en la ciudad de Merlo —y bajo otro nombre— el mismo hombre había lesionado gravemente a un vecino tras una discusión: simplemente le asestó varios golpes en la cabeza con un machete y ocasionó varios cortes además de una fisura de cráneo. Pero este tampoco es el único delito que habría cometido.
Adelina Martorella es la abogada que representa a la familia Agusti, y hace unos meses respondió a una entrevista en la 99.9 donde especificó que presentaría un escrito ante la jueza de garantías para solicitar la nulidad de la resolución de prescripción. Planteaba entonces que había razones que interrumpían el plazo reglamentario para que un delito caduque. Es decir, la comisión de otro delito. Porque, si una persona delinque, pierde el derecho de que prescriba el delito que ha cometido antes.
Lucas Lamas
Alejandro Salaberry utilizó una identidad falsa desde el año 2009: ese único hecho ya es un delito en sí mismo pero, además, bajo ese alias se encontraba imputado por otros dos crímenes. Todo lo antedicho indica que el sobreseimiento dictado el 31 de mayo del 2019 tuvo un error sustancial que generó una injusticia extrema: que quede impune el homicidio de Cristian Agusti.
Sin embargo, también, Salaberry ejecutó ciertas acciones con la intencionalidad expresa de eludir la justicia, es decir, de escapar y de cometer más delitos. Dijo la abogada oportunamente: «la falsa identidad que asumió el imputado tuvo como objeto burlarse de la justicia de Mar del Plata, para que no pueda ser ubicado y para que no pueda proseguir la investigación del homicidio de Cristian. Ese nombre le permitió continuar con el derrotero de delitos. En el año 2010 cometió el delito de amenazas calificadas contra una señora poniéndole un arma en su cabeza, y días antes a que se cumpla el plazo de prescripción cometió el delito de homicidio en grado de tentativa contra un vecino partiéndole un machete en la cabeza. Estas circunstancias formaron investigaciones, pero obviamente la juez y el fiscal jamás pudieron certificarlas porque él utilizaba la identidad de Lucas Lamas».
Es decir, que el homicida huyó en el 2003 y adoptó la identidad de Lucas Lamas, que es un gendarme. Con ese nombre, hasta puso un negocio clandestino en Merlo. Con esa misma identidad cometió amenazas con arma de fuego contra una mujer en 2010, y en 2018 agredió severamente a un vecino a machetazos. Pero la justicia marplatense lo premió firmándole la prescripción del homicidio.
De todas maneras, parece haber un trasfondo dentro de la fuerza policial que todavía no se ha aclarado. Indica la abogada: «a mí me llamó poderosamente la atención que Salaberry fue detenido por personal nuevo de la DDI Departamental, y no fuera ubicado por quienes en definitiva fueron compañeros de Cristian Agusti. Alguna protección policial tuvo que tener para mantenerse tanto tiempo prófugo, para usar otra identidad y para que el mismo día que le hagan el allanamiento en el marco de la causa de Morón, haya desvalijado su casa. También es cierto que la mamá nunca se sintió apoyada por los compañeros de Cristian Agusti: sé que hubo algún letrado que se comunicó con algún funcionario policial perteneciente a la DDI diciendo que estaba Salaberry en Tandil y que este funcionario policial jamás se lo comunicó a mi cliente, es decir, al padre de la víctima».
Si bien aún no se ha probado, lo que la letrada deja entrever es que podría haber sucedido que uno de los jefes de la DDI por aquel momento pudo haber tenido alguna participación en los mecanismos de fuga y ocultamiento de Salaberry: «Que hubo protección policial no tengo la menor duda», cierra.
Desde aquel momento, lo que la familia reclama es que, cuando el asesino vino a Mar del Plata, estaba prófugo de otra causa, lo cual debería hacer caer la prescripción del crimen de Cristian. En cuanto a la falta de apoyo brindado por los propios compañeros de su hijo durante todos estos años, Graciela Panebianco, madre de Agusti, denunció la complicidad: según el relato de la madre, además de padecer el dolor de la pérdida de un hijo, sufrió ella misma un atentado que relató en la 99.9: «me han hecho la vida roja, me desangraron. Este señor me cortó los brazos y las piernas. Tuve un atentado, me quisieron secuestrar, me querían meter adentro de un coche y me arrastraron 80 metros por el asfalto».
A pesar de todo
Ahora la familia espera que este cuestionamiento a la prescripción del crimen sea considerado. Los argumentos apuntan directamente a la búsqueda de justicia y a la necesidad imperiosa que toda la sociedad argentina está planteando: que el poder judicial, como institución democrática, más allá de los tecnicismos, aborde definitivamente la búsqueda de justicia como valor.
Ahora la familia apela:dice que el sobreseimiento de Salaberry se dictó sin tener en cuenta que había cometido delitos que impedían el plazo de prescripción porque habían sido cometidos con otro nombre, el de Lucas Lamas. Y agrega: «Ante esta realidad, planteamos que el sobreseimiento fue dictado bajo error judicial y fraude, circunstancias que configuran la llamada sentencia írrita».
Pero, por más que los simples mortales que no habitan el mundo judicial se escandalicen, para que se considere que el acusado ha cometido otro delito que interrumpe el plazo de prescripción, el hecho debe tener sentencia firme. Es decir, que la justicia haya verificado con certeza qué ocurrió, y que la persona en cuestión ha sido su autor. Es decir, nunca. Para solicitar que el crimen de Salaberry cometido en 2003 no prescriba en 2019 porque el mismo individuo ha cometido dos delitos más con otro nombre, sería necesario que hubiera sentencia firme sobre esos dos nuevos hechos. Ocurriría dentro de muchos muchos años, cuando ya ni siquiera hubiera deudos ni apelación posible.
Por todo esto es que se alzan voces de reclamo, y una de ellas es la Usina de Justicia, que ha sido aceptada como amicus curiae en esta causa. Una de sus integrantes, Raquel Slotolow, ex jueza en lo correccional en Zárate-Campana, explicaba: «buscamos una justicia justa. Lo que ha hecho Salaberrry es cambiar su identidad para poder burlar a la justicia».
La defensa ya pidió una revisión a través de la cosa juzgada írrita, a lo que Usina de Justicia quiere aportar la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, porque para ellos quitarle la vida a una persona no es menos que quitársela a diez o a cien.
El objetivo, es que se siga investigando, aunque terminen los plazos legales.