Causa Carbón Blanco | La PSA detuvo a quien afirmó era el responsable de las inversiones —tanto en el país, como en el exterior— que permitían blanquear lo obtenido por el trafico de drogas en la denominada «causa Carbón Blanco». El momento de la aprehensión quedó reflejado en un video que la propia fuerza —la Policía de Seguridad Aeroportuaria— subió a su cuenta de Twitter. La justicia no se ha expedido, sin embargo, el daño está hecho. ¿No era que esto no se hacía? Parece que la norma es selectiva, y permite exhibir al prisionero, en ciertos casos.
En sus declaraciones durante el programa «La noche de Mirtha Legrand», Ernesto Sanz se quejaba, en su momento, de la forma en que se procedió durante la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Decía que, en su opinión, en estos casos se debía aplicar un protocolo para las detenciones, y que el mismo debía ser válido para todos. Indicaba que, si bien la cuestión de fondo era incuestionable, él no estaba de acuerdo con lo que llamaba “la cuestión de forma”: es decir, que el funcionario hubiera sido exhibido en piyama, esposado, descalzo y con cara de dormido, con más motivos de escarnio público que de justicia. Era una cuestión política.
Lo mismo podría decirse al respecto de las medidas que se aplicaron durante la detención de Leopoldo “Polo” Carrena, quien es acusado de ser el financista de la causa Carbón Blanco, y a quien la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Mar del Plata no sólo lo fotografió: incluso subieron el video de su detención a la cuenta de Twitter de la fuerza. Los funcionarios le mostraron su cara al público como si se tratara de un trofeo cuando la justicia aún no ha determinado su culpabilidad, y no puede acreditarse una condena. Por lo tanto, en última instancia, se genera un daño que suena más a saña, que a justicia.
Para anticiparnos a lo que vendrá en relación a esta maliciosa fantasía abusiva del Estado, cabe señalar que que las acciones llevadas a cabo por iniciativa del tribunal de Sáenz Peña —cuyo juez es Ricardo Alcides Mihanovich, mientras que el fiscal a cargo de la causa es Federico Carmiel— se basaron en las declaraciones de Hectór Teodoro Levis, propietario del colegio Pinos de Anchorena, quien fue investigado por la DEA. Para más datos, ver «Malas lenguas 1178», publicada en este medio.
Los funcionarios judiciales afirmaron ante la prensa que Carrena era el principal socio del ya fallecido Carlos Salvatore y que, con estas novedades, se estaba cerrando un círculo de investigación sobre la organización financiera de una de las bandas de narcotráfico más relevante de las últimas décadas en el país: así lo acusaban de ser el estratega para el lavado de las monstruosas ganancias que tenía la banda que cayó en Chaco, en el operativo Carbón Blanco.
Lo cierto es que el abogado Salvatore, líder de la banda hasta el 2012, era considerado un exitoso inversor inmobiliario en Chaco y en Santa Fe, y nada más. Nadie lo mencionaba como parte de un ilícito. En ese escenario, Carrena está acusado de haber comprado dos departamentos para él en Miami, Florida, en el año 2009. Es ciudadano norteamericano, y viaja con toda asiduidad al país del norte.
El comienzo
Ya en diciembre pasado, un pequeño recuadro de noticias indicaba que el juez federal de Sáenz Peña había dictado el auto de procesamiento con prisión preventiva contra seis personas que estarían vinculadas con una causa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que se daba en llamar Carbón Blanco. El magistrado había dispuesto procesar a Sergio Daniel Salomone, y que se le trabara embargo por $425 millones de pesos. También a su esposa, Viviana Tejero, con la misma imputación y embargo por la misma suma. Junto con ellos, procesaba a José Gabriel Morón, embargado por el mismo importe, a Gladys Peregal, y Ariel Morón, quienes completaban la lista, aunque con un importe de embargo visiblemente menor, de $215 millones, más la prohibición de salir del país. Finalmente, procesó a Eduardo Antonio Macri, y lo embargó por $555 millones. El embargo total asciende a la suma de $2.500 millones, fondos que aparentemente provendrían de la actividad narco criminal, y que prometían encontrar nuevas derivaciones.
Este es el resumen de las noticias que llegaban desde El Chaco, además de que afirmaban que seguían investigando a importantes financistas, escribanos, e incluso a una empresa aseguradora de nivel nacional que fuera propiedad —en un porcentaje superior al 90 por ciento de sus acciones— del ya fallecido Carlos Salvatore, quien había sido condenado en la causa madre.
Claro que el procedimiento general comenzó a recordar a alguna de las arbitrariedades a las que la justicia federal nos tiene acostumbrados: todos seguían presos aunque no hubiera demasiados elementos en la causa para sostener la medida extrema. No había peligrosidad, porque Salomone y su esposa se habían presentado espontáneamente a la justicia. No había peligro de fuga, porque, al estar embargados, ni siquiera contaban con una solvencia que les permitiera idear una huida, y menos aún obstaculizar a la justica moviendo bienes de los cuales no disponían. Pero el juez estaba encaprichado y les negaba la libertad, tras lo cual la cosa llegó a la Cámara de Apelaciones de Resistencia.
Aún en plena feria, los magistrados se reúnen vía Meet y deciden analizar el reclamo los defensores. Los letrados hacen hincapié en el hecho que Salomone no posee antecedentes penales computables, tiene arraigo, se presentó espontáneamente al saber sobre la orden de detención que pesaba en su contra, y carece de medios económicos para fugarse.
Los camaristas consideran que el juez de grado, efectivamente, no tuvo en cuenta ninguna de las medidas alternativas al encierro, y que —si bien en caso de ser condenado, se tratará de una pena de cumplimiento efectivo, por la importancia del delito que se le imputa—, hoy por hoy, Salomone no puede obstruir a la justicia generando un movimiento de bienes embargados. Tiene un buen informe socio ambiental y vive con su familia. Por lo tanto, la Cámara revoca el dictamen del juez de grado y le concede la libertad.
Mar del Plata
Pasados un par de días, efectivos de la PSA, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos —PROCELAC—, llevaron a cabo cinco allanamientos en viviendas y depósitos locales, a lo que se sumaron tres órdenes de presentación en reconocidas escribanías. En tales procedimientos se secuestraron cinco camionetas, un camión, una lancha, una moto de agua, tres cuatriciclos, un arenero tipo 4×4, computadoras, teléfonos celulares, discos externos, memorias USB, dinero en efectivo (36.000 dólares), cheques y gran cantidad de documentación, afirmando que lo secuestrado es de interés para la causa.
Según señalaron, la Justicia Federal estaba investigando a Carrena desde 2015 porque uno de los imputados en la causa Carbón Blanco —Ricardo Gabban Saba— había declarado que él era apoderado de financiera La Moneta en Estados Unidos, y que también representaba allí a las empresas de Carlos Salvatore, supuesto jefe de la organización delictiva, a quién acuso de ser traficante de cocaína.
A todo esto se agregó una declaración del mismo Salvatore —quien murió condenado por enviar al exterior cuatro toneladas de droga camuflada en carbón vegetal— en 2011, en la que habría identificado a Polo Carrena como su socio y apoderado en EEUU. A estas, se sumó también la declaración de Hectór Teodoro Levis, dato que este medio expone en exclusiva.
De aquí podemos concluir que son, en este momento, el fiscal general, Federico Carmiel, y el fiscal federal de Roque Sánez Peña, Carlos Amad, quienes afirman que el acusado era uno de los engranajes principales de la organización narco criminal liderada por Salvatore. Ellos son los que dicen que él era quien brindaba la ingeniería necesaria para el lavado de activos, ya que facilitaba y gestionaba la constitución de sociedades en EEUU para venderlos en ese país. Ellos son quienes lo acusan de participar en la adquisición, transferencia y administración de, como mínimo, seis inmuebles de la organización de Salvatore en los Estados Unidos por un valor aproximado de US$1.715.000. Sin embargo, fuentes confiables aseguran que él sólo se limitó a comprar los dos departamentos de Miami. En la Argentina, le adjudican la compra de cuatro inmuebles de Mar del Plata.
Según la investigación de la fiscalía de Sáenz Peña, Carrena tendría participación en cerca de 43 sociedades en Estados Unidos utilizadas para el lavado de dinero, más 8 en Argentina. Además, habría utilizado una de las empresas radicadas en el exterior para realizar dos transferencias de dinero a una cuenta de la organización de Salvatore en Suiza. Afirman que Salvatore había logrado consolidar una red de empresas y testaferros para blanquear las ganancias que provendrían del tráfico de estupefacientes. Es en este escenario que acusan también a quien identificaron como administrador de sus sociedades e inmuebles en Estados Unidos y le atribuyen la posición casi cinematográfica de ser integrante de una “segunda línea del clan narco”.
La persona detenida y lo secuestrado fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, a cargo de Ricardo Alcides Mihanovich. En Mar del Plata, fue allanado el domicilio de Carrena, en el edificio Dumbledor de Aristóbulo del Valle 2652, como así también inmuebles de Jujuy 1886, Edificio Alfa, un depósito en Dorrego entre Juan B. Justo y Vieytes, más otro en avenida Juan B Justo entre Guido y Dorrego. Las tres órdenes de presentación en las escribanías vinculadas con el imputado se entregaron en Escribanía González Fortini, Escribanía Guatelli– Rojas y Escribanía Robazza–Gutiérrez. Veremos si hay más elementos de peso que la acusación lisa y llana, y la declaración de dos imputados.
Este medio está en condiciones de afirmar que esta espectacular operación mediática, se cae como castillo de naipes, tal como se cayó la conferencia de prensa nacional que iba a dar la Ministro Sabina Frederick ante la constancia en autos de que nada de lo expuesto como “criminis causa” se sostiene a derecho.