Corrupción en Quequén | La Cámara Federal se apuró a determinar la inhibición de los bienes de quienes están acusados en causas de corrupción que implican dádivas y contrataciones directas. Si no hubiese sido así, a la hora de la sentencia definitiva los imputados no tienen a su nombre ni una caja de fósforos. La de siempre.
Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata con vocalía vacante, se expidieron en la causa presentada por el fiscal Czizik, que investiga el cohecho activo del cual se culpa —entre otros— a Roberto Porcaro, y tramita ante el tribunal de Necochea.
El fiscal reclamaba que el juez de grado no había indicado la inhibición general de bienes de los acusados José Luis De Gregorio, Ignacio Rueda, Jorge Brisighelli, Jorge Infriciolli, Tomás Martínez, Carlos Sájame, Fernando Ciancaglini y Marcelo Rodríguez Olivera. El objetivo final es asegurar los bienes con los cuales estos acusados deberían en el futuro responder a una sentencia que tuviera consecuencias de carácter económico. Es decir, el fiscal procura no permitirles la oportunidad de insolventarse.
Según expone el juez Jiménez, la inhibición general de bienes que reclama el ministerio público sería simplemente una medida complementaria que resulta la menos restrictiva posible, ya que no implica secuestro, o decomiso preventivo, y sólo afecta los actos de disposición, ya que —explica— el inhibido mantiene su capacidad de administrar y gestionar su patrimonio.
Dijo el tribunal: “Por los fundamentos señalados, propongo al acuerdo revocar el tercer párrafo del auto de fecha 1 de noviembre de 2018, debiendo el juez de grado ordenar la inhibición general de bienes de los Sres. José Luís De Gregorio, Ignacio Rueda, Jorge Brisighelli, Jorge Infrinciolli, Tomás Martínez, Carlos Sájame, Fernando Ciancaglini, y Marcelo Rodríguez Olivera, ello sin perjuicio de que con el devenir de la investigación y la adopción de un auto de mérito respecto de los mencionados, considere oportuno el dictado de otra medida cautelar”.
La cuestión no es nueva, sino que se viene investigando desde 2013, y a principios de este año se supo que la justicia había allanado el domicilio de Roberto Porcaro en Necochea, sitio donde fueron secuestrados unos 400.000 dólares. El operativo se llevaba a cabo en el marco de la causa en que se investigaba la concesión irregular del llamado Sitio 0 del puerto de Quequén en la que el mencionado está imputado por cohecho.
La historia
Aquel allanamiento lo realizó el juez federal de Necochea Bernardo Bibel por pedido del fiscal federal local Nicolás Czizik, que interviene en una de las causas derivadas del caso de la ruta del dinero K que investiga en Capital Federal Sebastián Casanello. El procedimiento se hizo a fines de diciembre pero recién trascendió en enero,y allí se estableció que Porcaro y los otros imputados serían indagados por el juez de Necochea.
El fiscal José María Campagnoli fue el primero que investigó la ruta del dinero K, y descubrió que junto con los 60 millones de dólares de Lázaro Báez repatriados desde Suiza, la operadora bursátil Financial Net de Carlos Mocorrea había pagado un millón de dólares a Porcaro por lo que se abrió esta causa en Neochea.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal Czizik dijo que presume que unas doce personas habrían participado en el hecho mediante el cual el 14 de febrero de 2013 se otorgó la concesión en forma directa de un espacio en el puerto de Quequén, para la construcción de un elevador de granos que regiría por un término de 35 años.
Por lo expuesto, la Cámara establece ahora que en el marco de este expediente completo se investigan fundamentalmente tres hechos interrelacionados. El primero es la adjudicación directa de una obra pública por parte del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, que fuera entregada a un grupo de empresas sin llevar a cabo ningún procedimiento de licitación pública. El segundo hecho es el pago aproximado de 78.000 dólares a Roberto Porcaro y a su esposa Patricia Sirvente, como resultado de una operación de bolsa intradiaria que se efectuó el 27 de diciembre de 2012, para lo cual los nombrados no contaban con garantía suficiente en caso de pérdida. El tercer hecho es un viaje al exterior realizado por tres de los investigados —José Luis De Gregorio, Carlos Honorio Mocorrea y Roberto Porcaro— que resultó de importancia para gestar la operación irregular que se llevaría a cabo más adelante.
El concejal de Cambiemos en Necochea, Alberto Esnaola, se transformó en un actor principal dentro de la causa que se llevó adelante en contra de Roberto Porcaro, a quien se lo vincula directamente con Lázaro Báez.
Oportunamente, el edil necochense brindó precisiones ante la 99.9 acerca de la forma en la cual avanzó su investigación: “hicimos un trabajo en 2013 referido a una inversión portuaria denominada Sitio Cero que tenía como uno de sus socios fundadores una sociedad de bolsa denominada Financial Net, que es la que repatrió los 65 millones de dólares que se fueron por lo que se conoció como La Rosadita… esto llega a Necochea a través del Informe Campagnoli, donde se dice que vuelven por la Bolsa de Rosario a través de Financial Net. Ahí se liberan 10 cheques, de los cuales 9 van a Austral Construcciones por 208 millones de pesos, situación por la que hoy Lázaro Báez está detenido. Uno de esos cheques va hacia otra cuenta que, cuando Campagnoli pide conocer el titular, es Porcaro”.
Explicó además que el 27 de diciembre de 2012, Porcaro recibió un depósito de 1 millón de dólares en su cuenta, y a los 40 días Financial Net era beneficiada con una concesión directa en Puerto Quequén en un lugar privilegiado, y por eso se solicitó la intervención del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Como no hubo respuesta, los denunciantes realizaron la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
La paulatina acumulación de pruebas llevó a que el juez Campagnoli finalmente le pidiera al concejal Esnaola que se presente ante él a prestar declaración. Explicó entonces el edil: “Lo que hubo fue una mala instrucción procesal tendiente a cubrir tanto a Roberto Porcaro como a Financial Net y los inversores y empresarios beneficiados con la empresa Sitio Cero, que además tiene una fuerte irregularidad en la forma en que fue dada la concesión”, explicó.
Después de que el concejal dejara asentado todo lo que sabía, Campagnoli usó esos elementos para ir por más: hizo una denuncia penal muy fuerte ante el Consejo de la Magistratura contra el Juez Federal y el Fiscal Federal de Necochea por lo que había sido en ese momento una mala instrucción de la causa.
Esnaola dejó en claro que se encuentra en las antípodas de Porcaro e incluso renunció a su puesto en el gobierno cuando éste último se acercó al intendente radical de Necochea en el año 2006: “representa lo peor de la faz pública en la política. No es una persona con vocación política de servicio, sino que tiene una utilización de la política para el enriquecimiento personal. Sin embargo, ha tenido un rol protagónico al menos en Necochea”, explicó.
Los pasos actuales
Los abogados defensores rechazan ahora la medida solicitada por considerar que el CPPN determina que la inhibición general de bienes requiere previamente un auto de procesamiento, y de forma subsidiaria al establecimiento de un embargo preventivo. Pero la norma señalada plantea el dictado de embargo o inhibición conjuntamente con el dictado del auto de procesamiento, y en su último párrafo habilita que —excepcionalmente— dichas medidas puedan ser adoptadas de forma previa cuando hubiera peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen: “ Es el código el que confiere al juez la potestad de adoptar medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones judiciales, respecto de bienes o derechos patrimoniales sobre los que presumiblemente pueda recaer el decomiso por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan”.
Adicionalmente, mal se podría impugnar la potestad del juez de adoptar medidas de forma previa al procesamiento, cuando ya ha hecho lugar al bloqueo de las cajas de seguridad n° 39 y 41 del Banco Nación, sucursal Necochea, y al levantamiento del secreto del secreto fiscal, bancario y de la Unidad de Información Fiscal respecto de Rueda, De Gregorio, Brisinghelli, Infrinciolli, Martínez y Sajarme.
Dice ahora la Cámara Federal: “… los delitos llamados comúnmente de corrupción no sólo constituyen una prioridad en nuestra política criminal, sino que además han sido objeto de importantes compromisos internacionales por parte de nuestro Estado en la esfera internacional y regional”. Explica en el fallo que la presente investigación surgió como una denuncia efectuada en el marco de causa que implica a Lázaro Báez en una extorsión. La maniobra investigada relativa a la operación de bolsa por la cual Porcaro y su esposa recibieron el pago de 78. 000 dólares es considerada como una maniobra de lavado de activos. Esos activos, por lo tanto, deben de ser preservados. Menos mal que llegó a tiempo.