El plebiscito del intendente Pulti no fue. Viciado de ilegalidad, de haberse realizado hubiera sido otro derroche inútil. Sin embargo, hay personas que piensan en la inseguridad y hacen propuestas que merecen ser puestas en la consideración. Es hora de terminar con la farsa.
Le va mal. El intendente se debate entre lo que no puede y lo que no sabe. La semana no le ha traído más que malas noticias al partido gobernante. Las proyecciones indican que el pueblo de la ciudad no se ha comido con mucha facilidad el sapo de la policía comunal, ni hace el caldo gordo a los lacayos del intendente. De seguro, ellos ya se estaban afilando los dientes con las posibilidades de un aumento en las tasas del 16 por ciento.
Por ahora a Pulti nada lo ayuda: planeó un requerimiento de consulta que es ilegal, y que apuntaba de manera no vinculante a determinar si se llevaría a cabo o no una acción también ilegal. Por eso, las voces de la calle no aceptan las molestias de trasladarse un domingo en la ciudad, sólo para mostrar la opinión acerca de una cuestión en la que no creen. No creen que -en efecto- su posición sea del interés concreto del intendente, que hasta el momento no ha demostrado un acercamiento a los intereses y preocupaciones de la gente que lo votó, sino que suele manejarse dentro de los márgenes del más puro capricho. Pulti no se ha ganado la confianza de nadie.
Tal como se detalló en la edición anterior, la consulta hubiera sido -de hecho, toda la campaña publicitaria lo fue- carísima, y de una inutilidad proverbial, ya que en principio, la policía municipal no parece ser un instrumento apto para resolver cuestiones de inseguridad que hoy aparecen como la primera preocupación de la ciudadanía: la gente no cree que dar una instrucción elemental a un grupo de muchachos que buscan trabajo y enviarlos a los barrios a ejercer su impericia, sea la manera en la que un municipio populoso pueda desarmar uno de los entramados sociales más complejos que existen, el universo plural del delito. Las personas saben que con el particular accionar de la Bonaerense, más la cantidad de factores del mundillo delictivo local, se forma un verdadero nudo en el que influyen enorme cantidad de factores. Nadie en su sano juicio puede creer que se resuelva con crear otra fuerza, que sólo agregue gastos y aún más empleados de planta. El electorado marplatense está exigiendo otra solución.
La ilegalidad
Un abogado de la matrícula local, Andrés Barbieri, salió esta semana a fundamentar en términos legales por qué la consulta impulsada por el oficialismo marplatense está viciada de ilegalidad de manera intrínseca. Para comenzar, el intendente intentaba consultar sobre cuestiones que no son de su competencia, porque la seguridad es de dominio provincial. Es decir que resulta no pertinente su intervención en tales cuestiones, tanto como si decidiera preguntarle a la población sobre el impuesto a las ganancias, temática alejada de su órbita de desempeño.
El abogado, en entrevista con la emisora 99.9, fundamentó que dentro del esquema democrático, es la Constitución el órgano máximo que se encarga de poner límites y de reglamentar las relaciones entre los órganos del Estado. Por esa razón, los funcionarios públicos deben admitir las limitaciones legales que se imponen en el ejercicio de sus tareas: ninguno de ellos puede hacer exactamente lo que quiere.
El intendente no solamente pretendía consultar sobre cuestiones que no son de su competencia, como la seguridad pública, sino que además pretendió vulnerar las atribuciones exclusivas del Honorable Concejo Deliberante, único órgano facultado para sancionar ordenanzas. Es decir, engañosamente, se dijo a la opinión pública que podría decidir sobre temas que hacen al órgano deliberativo, que es el que debería emitir la ordenanza.
De esta manera, el decreto que llamó a la consulta no era claro acerca de informar a los habitantes de la ciudad que el voto no sería obligatorio ni vinculante: no indica que finalmente sería el cuerpo deliberativo el que decidiría si crear o no una nueva fuerza policial.
Tan confuso es el decreto que llamaba a la elección, que ni siquiera establece qué cantidad de electores debería expedirse para que se considerase válida la postura por el sí o por el no, legitimada por la opinión popular. Tampoco se sabia si el voto por el sí o por el no tendría alguna incidencia en la decisión definitiva. No se indicó un porcentaje mínimo de participación, por lo tanto cualquier cantidad de electores que se presentase hubiera podido ser considerado como la “voluntad popular”, capaz de imponerse sobre los órganos que deberían legítimamente decidir al respecto de tales cuestiones. En el ámbito nacional, por ejemplo, se condiciona la eficiencia de la participación popular a un porcentaje no menor al 35 por ciento del electorado previsto.
Por otra parte, el mismo decreto -incompleto en su información textual- indica que todo habitante con 16 años cumplidos estará en condiciones de votar, es decir que podrá emitir una opinión aunque no esté inscripto en los padrones electorales. No parecía que existieran demasiados mecanismos de control para verificar que el acto eleccionario hubiera seguido los parámetros de la mínima legalidad. Cualquiera con un DNI en la mano votaría las veces que quisiera. Los partidos políticos no fueron informados acerca de con qué padrones se realizaría la consulta, ni siquiera si se usarían unos.
Como consecuencia de la puntillosa presentación del abogado Ariel Maximiliano Mastakas, el juez Simón Isach interrogó a la doctora Beatriz Arza y a los letrados de la municipalidad sobre el funcionamiento de la Junta Electoral. A propósito de sus respuestas, dio un resolutorio -que bien podría titularse “A confesión de parte…”- en el que señala “… que no se ha aprobado ningún reglamento de funcionamiento. Que en la reunión del 20 de mayo de 2013 dejaron constancia de los días y lugar de reunión (conforme consta en el acta respectiva). Que se pusieron de acuerdo en llamar a todas las reuniones necesarias para llegar a tiempo con todo lo necesario para la realización de la consulta. La convocatoria a las reuniones se hacía por teléfono, se hacían sin un orden del día preestablecido y se resolvía lo que fuera necesario. Enviaron todas las notas necesarias a Policía, Consejo Escolar, Correo, fuerzas de seguridad, pedido de padrones y dejaban constancia de todo lo que se hacía en el día o lo que se iba a hacer. Que preguntada que fue (Arza) sobre las funciones de secretario, dice que fueron asumidas por ella y por la concejal Marrero”. Agrega Isach: “Que en las reuniones también participaba el secretario de Gobierno porque la gente de Gobierno es la que se encargaba de las notas para requerir lo que precisaban, porque se utiliza la Secretaría de Gobierno como lugar para realizar las reuniones y mesa de entradas de la junta. Dice que aprobaron las boletas el día martes de esta semana, el día 4 de junio. Que verificado el libro de actas que muestra en este acto no consta el acta con dicha aprobación. Que empezaron el 17 de mayo, y que por ese motivo no pudieron dar cumplimiento con el plazo previsto por el artículo 24 del anexo V. Que acompaña un juego de boletas”.
Pero hay más de propia boca de Arza, miembro de la Junta y defensora del Pueblo, denunciada en tal doble condición por la UCR: “Se solicitaron a la Junta de Provincia los padrones que son los del 2011, que vinieron en CD, se mandaron a imprimir antes de ayer. Ayer se les entregó a los partidos el CD (06/05/13). Que designaron la cantidad de de mesas necesarias, se designaron la mitad de escuelas, porque se juntaron las mesas que hubo en la elección de 2011. Que todavía no han designado las autoridades de mesa, que todavía no les ha llegado la documentación. Que hoy van a hacer las designaciones y ver cómo los notifican conforme artículo 16 del anexo V. Para el escrutinio se había hablado del Gaucho, donde estaba ESEBA. Que como consecuencia de las escuelas tomadas, se empezó a trabajar en un plan B. Para ello se vieron clubes u otras instituciones cercanas a las escuelas. Que hasta ayer a la mañana les faltaba confirmar dos escuelas privadas para colocar las mesas. Ahora a la tarde le iban a confirmar las que faltaban. Que están previendo hacer una gacetilla de prensa para difundir los cambios de escuelas a las que se van a trasladar las mesas. Además falta ver si están todas las autoridades de mesa. Que el material le fue entregado a los partidos políticos desde ayer a las 16 hs… Que también se estaría armando el centro de cómputos en el Gaucho. Que hoy lo iban a ir a ver”.
Así no
En medio de la discusión, lo positivo es que se dio conocimiento por fin a un plan específico para combatir la inseguridad creciente, y proviene de un senador de la Unión Cívica Radical, Carlos Fernández. En su estudio, se incluye una medición de la preocupación de los electores en la provincia de Buenos Aires. Más del 84 por ciento indica que el principal problema que el Gobierno no puede resolver es la inseguridad. Le siguen en importancia la inflación y el desempleo.
El informe del senador comienza por citar la constitución de la Provincia de Buenos aires, que establece sin excepción que las fuerzas policiales dependerán siempre del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Por eso, el documento plantea un oportuno plan de prevención que se dirige concretamente hacia las causas del delito, a la desarticulación de las redes de criminalidad, y no hacia el simple incremento de la presencia de uniformados, que no parece ser una medida mágica de solución a los problemas. Indica el senador Fernández en su propuesta que pretende aislarse de las posiciones discriminatorias y violentas, que surgen del debate público cuando se tratan cuestiones vinculadas a la inseguridad, y también de las respuestas facilistas. Su propósito es plantear una serie de medidas que apunten a la razón del problema. En ese marco sí propone la creación de una policía judicial que dependa directamente del ministerio público, y el cumplimiento de las penas impuestas.
En una evaluación de las detenciones producidas en los últimos cinco años, el senador informa que se pudo verificar que el 40 por ciento de los detenidos presentaba severas muestras de desnutrición, y el 47 por ciento sólo había realizado estudios primarios.
Fernández considera prioritaria la necesidad de instalar políticas preventivas sobre los grupos de menores, más vulnerables socialmente. Yademás presenta una propuesta que llama post delictual, que apunta a la reinserción del penado dentro de la sociedad. Tales acciones comenzarían cuando quienes han cometido delitos se encuentran aún en regímenes de encierro, a través de lo que llama “tratamiento resocializador”, que requiere del Servicio Penitenciario y la colaboración de ONGs vinculadas a la temática. En una instancia post carcelaria, el penado debe ser efectivamente recibido por la sociedad a través de políticas vinculadas con el Patronato de Liberados.
La provincia de Buenos Aires ocupa el 186 por ciento de las plazas previstas en el régimen carcelario, con lo cual no es cierto que en este país nadie vaya preso, como suele decir la prensa o la sociedad en su conjunto. Fernández se ocupa de informar que en la última década, la población carcelaria ha aumentado el 80 por ciento.
Tampoco es cierto que las leyes sean demasiado blandas: desde la reforma de Blumberg, este país cuenta con uno de los códigos penales más duros de la región. Dice Fernández, con mucho tino, que las cosas que la municipalidad debe hacer para invertir recursos en seguridad son otras: prevención e integración con grupos focalizados, prevención de la violencia de género, programas infanto juveniles generando alternativas de ocio, apoyo y atención a las víctimas del delito, programas de prevención urbana, de mediación, espacios de participación ciudadana.
Por eso habría que decirle al intendente que si no sabe qué hacer, hable con Fernández. Parece que las ideas están y son sumamente oportunas. Porque si usted, señor intendente, no entiende razones, las razones se le impondrán a usted. Puede poner un municipal armado en el baño de cada casa, que solamente creará un río de sangre. Un río que también pasará por su barrio.