Tribunal de Cuentas | El Tribunal de Cuentas multó con 9 millones a funcionarios de la gestión municipal anterior, a causa de irregularidades en contrataciones de servicios varios. El director de la Oficina de Contratos dice que él sólo obedecía órdenes, porque tales decisiones le fueron ajenas.
El secretario de Gobierno Alejandro Vicente ya lo había advertido: arreglar el desquicio que había dejado la gestión anterior iba a costar bastante tiempo y esfuerzo. Se refería de manera puntual al saldo negativo de la intervención de Leandro Laserna al frente de la Secretaría de Cultura durante la gestión del exintendente Gustavo Pulti, cuyo reordenamiento iba a llevar por lo menos dos años de trabajo. Se calcula que la deuda general acumulada era de unos $1.300 millones. La razón es simple: con la actitud de impunidad absoluta a la que nos tenían acostumbrados, una serie de contratos efectivamente realizados a cambio de servicios —seguramente cumplidos—, requerían ahora un pago que no había sido previsto en el presupuesto respectivo. Por lo tanto, a la hora de hacer frente a los compromisos, simplemente no había con qué.
El fallo oportuno del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires detalla montos de contrataciones y empresas beneficiadas, pero en la grilla se indica una fecha de orden de compra que resulta ser posterior a la fecha en la que se prestó el servicio. El fallo del Tribunal indica: “la sanción se aplicó toda vez que los procesos de contratación vinculados con los gastos detallados a continuación, correspondientes al departamento de Prensa y Difusión y a la Dirección General de la Secretaría Privada, no cumplimentaban los extremos exigidos por la normativa citada en el epígrafe, en tanto han sido iniciados con posterioridad al período contratado”. Por ejemplo, una serie de órdenes de compra emitidas en diciembre de 2012 corresponden a servicios realizados a mitad del mismo año, sin que se hubieran iniciado los trámites de autorización correspondientes; algunos de ellos se habían realizado aun antes de la fecha de ingreso de la solicitud en la oficina de contrataciones.
La mayoría de estos gastos se refieren a pautas publicitarias con fines de la realización de diferentes campañas efectuadas en 2012 y los primeros meses de 2013.
Por supuesto que el área de la Oficina de Contrataciones no quiere cargar con semejante peso: expone que no le cabe la responsabilidad de las decisiones administrativas indebidas. Su director habla de una sanción que considera violatoria del debido proceso y del principio de legalidad, toda vez que lo califica de “un acto administrativo arbitrario e ilegítimo desde la motivación”. ¿Por qué? Por un lado aduce que se está hablando del ejercicio 2012, cuyo tratamiento ha concluido porque tuvo acuerdo definitivo. Pero por otro, expone que se le están reprochando contrataciones decididas por un área que es ajena a la Dirección General de Contrataciones, es decir por otra jurisdicción. Y que la Dirección a su cargo se limitó a registrar la deuda por el sistema R.A.F.A.M, por ser la encargada del registro de los contratos. Esa Dirección no es la titular de los procedimientos de contratación, lo cual ha quedado debidamente constatado por la documentación pertinente.
Cierra el Tribunal justificando las sanciones aplicadas: “En relación con el inicio de los procesos de contratación con posterioridad al período contratado, los argumentos esgrimidos resultan insuficientes para justificar el incumplimiento señalado”.
Cultura
Ya en varias notas realizadas durante el año pasado, el secretario de Gobierno del Partido de General Pueyrredón, Alejandro Vicente, se había referido con franca preocupación a las contrataciones en el área de Cultura que había realizado la gestión de Gustavo Pulti. Las mismas se habían concretado sin que hubiera partidas presupuestarias previstas para el posterior pago.
Muchos de estos casos son los que terminaron en reclamos constantes por parte de los damnificados. Dijo Vicente: “la contratación sin presupuesto es una anomalía desde el punto de vista económico que el Tribunal de Cuentas debe absorber y sancionar a los que lo llevaron a cabo”, aclaró.
Mucho menor fue la cobertura que los medios de prensa dieron a un comunicado de aquel momento, cuando uno de los artistas que exigían el pago pudo cobrar el dinero que la Secretaría de Cultura le adeudaba. Se evidenciaba que el gobierno anterior se había comprometido con muchos artistas a darles un trabajo, sin tener una partida de dinero afectada para dicho fin. Por primera vez, una de las víctimas dejó en evidencia el accionar del gobierno de Gustavo Pulti en su último año de gestión y, principalmente, del encargado del área, Leandro Laserna.
En 2017, Vicente señalaba en la 99.9: “son varios los expedientes donde surgen contrataciones de artistas, un capacitador o una obra teatral sin una previsión presupuestaria para responder a esa contratación. Hubo una falta de responsabilidad del gobierno anterior al contratar sin tener dinero para pagar. Lo que hicimos fue llevar adelante los procedimientos para que, a través de resortes legales, puedan cobrar. Esto no se puede hacer de un día para el otro”.
Las multas
Ya en aquel momento destacó que, de a poco, se estaban cumpliendo los compromisos asumidos. Pero sin duda, la gestión anterior había dejado el legado de la imprudencia: los funcionarios actuales sólo ligaban innumerables reclamos por compromisos asumidos por el estado comunal encabezado por Gustavo Pulti. Los funcionarios técnicos relatan que desde el área de Economía le advertían al intendente que no había dinero para pagarles, pero nadie escuchaba. Dijo Vicente: “muchísimas de las obras contratadas por la anterior gestión municipal en 2015 no tenían fondos previstos. Incluso, cuando la Secretaría de Cultura de la anterior gestión, la Secretaría de Hacienda le respondía que no había previsión presupuestaria para realizar esos pagos. Cuando vamos pagando, es porque antes hubo un reconocimiento de deuda y la autorización del Concejo Deliberante”.
Pero desde que asumió la nueva gestión, las voces de prensa no hacen más que hablar de los recortes en el área de Cultura. Respecto de ese punto, Vicente indica que no se hizo más que sincerar la realidad, es decir gastar el dinero que efectivamente está dispuesto para pagar. Y agrega: “el gobierno anterior había generado expectativas en el sector cultural imposibles de cumplir”. Específicamente en el área de Cultura, también confesó la existencia de una deuda oculta, no regularizada, que dejó Laserna: “había contrataciones que superaban los 50 o 60 mil pesos, y estos no fueron pagos, y en muchos casos, los servicios fueron prestados.”
En síntesis, la posición del funcionario advierte que hubo una conducta de parte de la administración pública anterior que él llama “no sana”, y en contraposición se cuida de establecer claramente cuáles son los alcances del presupuesto legítimo: “nosotros no queremos prometer cosas que no podamos cumplir”.
Pero ahora las cosas parecen haber llegado a un límite preciso. Los organismos de fiscalización administrativa han decidido que sean los funcionarios salientes quienes hagan frente a las multas con su propio patrimonio. Habrá que ver quién paga los 9 millones, sanción que atañe a Pulti, sus secretarios de Hacienda y el director de Contrataciones de aquella gestión.