Los funcionarios judiciales fueron irresponsables con la sentencia de un joven violador en libertad asistida. Es el autor del crimen de Laura Iglesias. Alguien está firmando papeles sin pensar, que alguien escribió sin estudiar. No todo lo cura el tiempo.
Laura intentaba volver a Mar del Plata para resolver una avería del coche, se perdió contacto con ella un día miércoles, y fue hallada muerta al día siguiente, a 200 metros de donde estaba el vehículo. Había sido golpeada en todas las partes del cuerpo, violada reiteradas veces, y ahorcada con el cordón de su propia zapatilla izquierda. El atacante debe de haberla atado con un nudo en el cuello y otro a un árbol, a unos veinte centímetros del piso. La obligó a desvestirse y luego a vestirse. Así y todo, a pesar del ensañamiento que mostraba el cadáver, algunos lanzaron la primera hipótesis casi risible de que la mujer hubiera decidido terminar con su vida. Cualquier cosa, menos aceptar que andaba suelto un hombre capaz de semejante crimen.
Ahora, las pericias indican que el atacante tuvo la frialdad de volver a manipular el cuerpo, acomodarle la ropa, y dejarla cerca del arbusto como si compusiera la foto de su propia obra.
En el lugar del hallazgo trabajaron durante todo el día los peritos forenses de la Policía Científica bajo las directivas del titular de la Jefatura Departamental Mar del Plata, Eduardo Quintela, y del superintendente Interior Sur, Carlos Maggi. A ellos se sumó la Sub DDI de Miramar con la presencia del jefe de la DDI de Mar del Plata, comisario Mario Choren. El caso está ahora bajo la investigación del fiscal Rodolfo Moure.
La autopsia, sin embargo, sería crucial en el avance de las averiguaciones. Al quitarle la ropa supieron que el cuerpo de la mujer estaba embarrado, y que había restos vegetales de especies propias de la zona donde fue encontrado. Que Laura había sido sometida a una feroz golpiza, y que alguien le había roto el cuello con sus propias manos.
El autor
Entonces apareció el nombre de un sospechoso: Esteban Cuello. La intervención rápida del fiscal ordenó las pericias necesarias sobre el ADN para confirmar lo que todo el mundo imaginaba. El joven, con antecedentes por abuso sexual, era el responsable del hecho aberrante. Pero ¿quién era Cuello?
El propio fiscal de Miramar dio detalles sobre los estudios practicados: “en horas del mediodía recibimos la noticia del laboratorio de Policía Científica de San Martín, diciéndonos que la pericia que había empezado el lunes arrojaba resultados satisfactorios. Se había detectado que en las primeras tres muestras había ADN del imputado en el lazo que usaron para ahorcar a la víctima; también hay ADN de la víctima en el calzoncillo y el jogging que le secuestramos a Cuello al momento de detenerlo”.
Cuello comenzó su carrera delictiva cuando aún era menor de edad. Por esa razón, sólo recibió una condena de cuatro años cuando violó a una joven de Otamendi que tenía en ese momento 14. La interceptó, la maniató y la violó. Pero en ese momento todavía no mataba a sus víctimas. Estuvo detenido en un centro cerrado, pero al momento de dictar sentencia ya había cumplido la mayoría de edad. El juez Salas fundamentó no obstante la necesidad de seguir las pautas de la ley de menores, y de valorar significativamente el avance favorable que Cuello había tenido en poco más de un año: parece que se adaptó de manera alentadora, y que aprovechó todas las ofertas educativas que el centro podía ofrecerle. Terminó la escuela general básica, hizo un curso de libre expresión, asistió a un taller de teatro, a un curso de formación profesional como mozo y a uno de moldería. Es decir, todo lo que viniera a sus manos, ya que la norma indica que cada certificación de curso educativo en rigor se computa para disminuir la pena.
Entre tanto, una psicóloga perito, Claudia Bertarini, indicaba que Cuello tenía un “yo lábil”, es decir influenciable y con poca tolerancia a la frustración. No obstante, y a pesar de que había cometido un crimen atroz, ya que atentó contra la libertad sexual de una menor, el juez aceptaba que su evolución era favorable. Centró su opinión en que tuvo, por ejemplo, una revinculación con su familia, que de por sí era disfuncional. Agregaba que había visto a su tía Graciela, y a su abuela Amanda: un amor.
Sin embargo, parece no haber tenido tanta fuerza para el juez el informe suscripto por el director del Centro Cerrado, Roberto Adán, el 5 de junio de 2012. Allí advertía que Cuello tenía dificultades para sostener normalmente su escolaridad, y lo corroboraba el informe del subdirector Diego Giagnorio, quien relató las inconductas que el joven estaba manifestando: faltas de respeto, roturas de ventanas e inconvenientes para concurrir a clases.
Podría ya pensarse que Cuello presentaba una conducta frente a los peritos psicólogos o los funcionarios judiciales, y otra con los operadores de su encierro. Pero en el informe del Centro de Contención de Dolores se indicaba que, si bien los resultados eran buenos porque el joven se posicionaba de otra manera frente a la norma, el tratamiento aún no había concluido. Ahora, ¿había, seriamente hablando, un tratamiento?
A pesar de esto, Salas dijo que había recibido una buena impresión del joven porque “es respetuoso e interesado en el proceso judicial”. Quizá esté viendo demasiadas películas de Disney, pero Cuello tiene más de 18 años, y sabe exactamente cómo comportarse delante de un juez para ser respetuoso y recibir su aprobación. Lo que no sabe es cómo actuar con una mujer desvalida que encuentra en un descampado: ¿en qué cabeza cabe que un hombre de la justicia se lleve por impresiones personales a la hora de decidir sobre la seguridad de sus congéneres? Sólo le faltó decir que el joven estaba bañado y bien vestido: “manifestó que la privación de la libertad le sirvió para darse cuenta de las cosas que hizo mal, que tiene proyectos de futuro que son trabajar con su padrastro en el campo y terminar la secundaria en Lobería”.
Cuello no tiene antecedentes, por lo tanto las partes acordaron una pena de cuatro años, pero se le otorgaría la libertad condicional a partir del 15 de julio de 2012, ya que se computaba el cumplimiento necesario de la pena por el tiempo que permaneció privado de la libertad a la espera de su sentencia. Ese tiempo es el que aprovechó para hacer cursos de plástica, y otras actividades expresivas en las cuales -al decir del juez- mostró gran creatividad.
El fiscal Marcelo Yáñez Urrutia aceptó, porque estaban dadas las condiciones de la ley, pero puso unas condiciones: que Cuello no pudiera acercarse otra vez a Otamendi, más un informe del equipo interdisciplinario del Centro de Recepción, que dé cuenta del trabajo que se realizó en el joven, con relación al delito por el que se lo ha responsabilizado, y que se aclare si él requiere algún tipo de tratamiento para evitar tener otro conflicto penal de similares características. Es decir, quiere que un psicólogo se haga cargo de que no lo va a hacer otra vez en cuanto salga, como si eso fuera posible.
La farsa
Entonces la licenciada Virginia Vaccaroni afirma que el joven, en este breve período de encierro, ha realizado un proceso de responsabilización e implicación subjetiva. Conclusión maravillosa, un tanto arriesgada en términos terapéuticos. Agrega que “pudo transitar por las cuestiones que pusieron al joven en aquel momento en particular, en circunstancias de vulnerabilidad para él y para otros. Que esto se evidenció por signos tales como el arrepentimiento, angustia, vergüenza, estimando la profesional que el joven cuenta con herramientas que le permiten poder alejarse de situaciones de riesgo, así como medir las consecuencias de sus actos”.
La psicología no es una disciplina predictiva: nadie puede asegurar lo que un sujeto va a hacer cuando las circunstancias que lo rodean vuelvan a variar. Por eso, a los requerimientos del fiscal sobre un posible tratamiento de reaseguro, se le responde que el joven concurrirá al Centro de Referencia, que en general no brinda una verdadera psicoterapia, sino simplemente entrevistas que evalúan la conducta del sujeto.
¿Qué pasó después? Cuello cometió varios delitos más, pero fueron menores: robo, hurto, allanamiento de morada. En cada ocasión fue evaluado y nadie dijo que debía ir preso porque estaba violando los términos de una libertad asistida anterior. Siguió en la calle y fue referido al Patronato de Liberados, sitio donde casualmente trabajaba la siguiente víctima mortal: Laura Iglesias.
La cuestión que no se ha decidido es qué hará la justicia con los violadores, ya que el abuso es un delito llevado a cabo por personas cuya estructura psíquica parece ser de las más complejas. El juez Salas lo resuelve con términos casi graciosos: terminó la escuela y hace plástica. Los operadores del centro cerrado no terminan de creerse que haya cambiado, pero los psicólogos creyeron en el arrepentimiento. El fiscal está pidiendo un reaseguro, y lo conforman diciendo que el Centro de Referencia se va a encargar.
La familia de Laura Iglesias pide una respuesta, y cientos de agrupaciones que trabajan por detener los femicidios, también.