Cuentas duras | Los representantes sindicales de los empleados municipales no cobraron el sueldo de octubre. La comuna sigue la ley que dice que las licencias gremiales deben otorgarse sin goce de haberes: tal remuneración debe ser cubierta por la organización gremial. Esta no se la esperaban, y aún no terminan de reaccionar.
Desde que el nuevo secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, llegó a Mar del Plata, quedó bien en claro que venía a tomar medidas inéditas para sanear las cuentas. Y que esas medidas iban a dejar a más de uno contra las cuerdas, ya que la audacia de sus decisiones se había podido entrever de entrada. Por ejemplo, cuando exigió el cumplimiento de las obligaciones impositivas a todo aquel que tuviera un peso que cobrarle a la comuna, y cuando expuso su objetivo claro de llegar al déficit 0.
Mourelle anunció que venía a aplicar cortes drásticos, porque- como clarificó- “el municipio, así como está, es inviable”. Por eso este miércoles tomó una medida de alto impacto: no se le pagará más el sueldo a los 26 integrantes de la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales.
Pero la preanunciada batalla con el gremio ya se había iniciado antes. Cuando se registró una demora en el pago de salarios de un poco más de un día, el gremio resolvió decretar un paro por 24 horas. Y pararon sin mediar palabra, porque se enteraron de que en el quinto día hábil del mes -el plazo máximo previsto para que los trabajadores perciban su salario-, el municipio no pagaría. Desde la comuna argumentaron que el Día del Bancario había impedido cumplir con lo estipulado, y buscaron estirar un poco los tiempos, pero no fueron escuchados. Por eso las autoridades no tardaron en calificar la medida: el paro no tiene justificativo, y habrá descuento para los que se plieguen a la medida. No obstante, los servicios fueron suspendidos, y los municipales cobraron 36 horas después del plazo máximo previsto.
Las complicaciones fueron muchas, y el panorama en algunas dependencias se volvió tremendo con la vuelta a la actividad. Los turnos se agolparon, y todo se demoró. En el destacamento descentralizado El Gaucho, por ejemplo, el viernes había cien personas amontonadas tratando de renovar el registro de conducir. De todas maneras, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente pidió disculpas por la demora, y hasta les deseó un feliz día del municipal.
No obstante, si bien los sueldos se depositaron, no se hicieron efectivos los haberes correspondientes a los representantes gremiales, es decir los 26 integrantes de la cúpula del STM. La explicación desde el Ejecutivo fue clara: “Los integrantes del STM son todos empleados municipales. Pero ninguno va a trabajar. Eso saltó en las planillas, y en otros casos tenemos confirmado que sólo firman y se van”.
La respuesta de los sindicalistas todavía no se terminó de redondear, porque – como hemos dicho- es una medida que no se esperaban. Hasta ahora ha trascendido que cuando fueron a chequear sus cuentas bancarias y corroboraron la alarma, se reunieron en asamblea para analizar los pasos a seguir.
La medida se apoya no sólo en los anuncios de Hacienda, sino también en la línea de la política nacional de dimensionar los alcances de las fuerzas sindicales y también de su participación en medidas económicas reñidas con la norma.
Batallas
Pero no es la única medida de Mourelle que quedará para siempre en el recuerdo de los marplatenses. En una reunión con Néstor Nardone, referente del Sindicato de Guardavidas, le anticipó que este año no habrá posibilidad de otorgar ningún aumento a estos empleados, cuya labor es determinante para el normal desarrollo de la temporada estival.
Mientas los ánimos se empezaban a caldear, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Gilardi, junto a otros tres dirigentes de la misma organización, esperaban al intendente Carlos Fernando Arroyo, para conversar en su despacho acerca de la decisión de no pagarles el sueldo ni a él ni a otros 25 dirigentes del gremio. Una hora después, Gilardi decía esperar una reunión para que el intendente “notifique formalmente” las medidas adoptadas. Cuando le preguntaron si esto era legal, respondió: “Ha quedado evidenciado por distintas razones que este Ejecutivo puede hacer lo que quiere, más allá de la legislación vigente”.
Pero el problema es precisamente ese: la ley. Lo que dice la norma, que parece que al nuevo secretario no se le escapa. Los sindicalistas reclaman la continuidad de un acuerdo político que regía desde el reinicio de la democracia, en 1983: los integrantes de la comisión directiva del STM percibirían su salario como empleados municipales, aunque no concurrieran a sus puesto de trabajo por estar afectados a labores de otro orden, en este caso la defensa de los derechos de los trabajadores comunales. De hecho, según señalaron fuentes del sindicato, este miércoles percibieron su salario como todos los meses, pero luego hubo una contraorden, y el dinero fue retirado de sus cuentas.
Pero ¿qué dice la ley? Al parecer, la decisión está lejos del secretario de Hacienda Mourelle, porque los aspectos concernientes a licencias gremiales, por estar vinculados al derecho del trabajo, resultan facultad del Gobierno nacional. La ley, que tiene el carácter de norma federal, es obligatoria para las provincias y comunas. Dicho vulgarmente, la ley nacional es una ley superior que no puede ser contradicha por una norma local.
La ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, en su artículo 48 establece: “Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejaran de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido…”.
Esto quiere decir que cuando una persona es elegida como el representante sindical, puede tomar licencia, es decir no concurrir a su puesto de trabajo con permiso. Ese puesto le será reservado mientras dure su representación, y un año más. Pero el salario debe de ser pagado por la organización gremial, y no por la empleadora.
La Ley Nacional de Asociaciones Sindicales tiene por objeto proteger la libertad sindical, y para esto prevé una serie de garantías que impiden al empleador obstaculizar el libre ejercicio de la acción sindical, porque la actividad de los sindicatos se encuentra garantizada en forma expresa en la Constitución Nacional, a través de su artículo 14 bis, y en la Constitución Provincial, en el artículo 39, como en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales. Se protege la actividad sindical pero no se paga salario: la remuneración al representante debe provenir de sus representados.
Explicaciones
El intendente Carlos Arroyo dijo oportunamente que estaban analizando la situación de los empleados municipales que ocupaban cargos en la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales, a quienes no les pagaron el sueldo este miércoles:” Hay un análisis de documentación y antecedentes, y oportunamente se informará”, dijo Arroyo. Pero la decisión estaba basada en que las autoridades del STM siguen ejerciendo como empleados del municipio, aunque no cumplen su horario ni sus funciones como el resto de los trabajadores comunales. El intendente agregó: “No noté, ni dejé de notar que no van a trabajar. Estoy investigando. Vamos a analizar todas las situaciones y variantes posibles, y en su momento presentaremos un informe”.
Mal que les pese a los sindicalistas, la situación tiene sus precedentes en la justicia. Durante 2011, había llegado hasta la Suprema Corte de Justicia una cuestión perteneciente al fuero de lo contencioso administrativo. Allí, el exintendente de Lincoln y su contador pretendían que se dejara sin efecto una medida por la cual se les había generado un cargo deudor suculento, a partir de la rendición de cuentas de1995 ante el Supremo Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. La deuda tuvo su origen en haber realizado el pago indebido de haberes al delegado municipal durante todo el ejercicio mencionado.
¿Por qué lo habían hecho? Porque si bien el artículo 48 de la mencionada ley 23551 indicaba que la licencia sindical se otorgaba sin goce de haberes, un Estatuto para la Estabilidad de los Empleados Municipales vigente en Lincoln contemplaba su pago. La justicia consideró que, si bien el empleo público se encuentra regulado por las autoridades locales, resulta que las licencias gremiales están regidas por una ley nacional, obligatoria para las provincias y comunas. El intendente le pagó con firma del contador, y tuvieron que devolver la plata de un año de sueldo.
En la conferencia de prensa del viernes 10 por la noche, y luego de innumerables cabildeos internos -que llevó incluso a consultas externas por preocupaciones sobre los efectos legales de la medida y un viaje del secretario de Hacienda a La Plata-, la decisión final estuvo tomada. Quedó expuesta y graficada en palabras de Mourelle: “lo que se llevan los gremialistas equivale a un jardín de infantes por año”, al tiempo que reclamó que los dirigentes le devuelvan a la comunidad los treinta y tres jardines municipales que se podrían haber construido con el dinero que de manera ilegítima los dirigidos por Gilardi y Zacarías se metían sin pudor en sus bolsillos.
Hay una serie de interrogantes que se develarán en sumarios internos, juicios de recuperación de haberes, y en sede penal, por la estafa reiterada al municipio. Lo de este viernes es un primer capítulo en Mar del Plata. El cambio ha comenzado, y está claro que las autoridades van a ir por mucho más.