Por primera vez se investiga la figura penal de «desbaratamiento de empresa» en el marco de las acciones del gremio ATILRA con relación a la empresa Lácteos Vidal.
«ATILRA tiene menos fama, pero es bastante más violenta que Camioneros» es la fuerte definición del abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien representa a Alejandra Bada Vázquez, la apoderada de la empresa Lácteos Vidal. «Actúan como una banda del lejano oeste», aseguró el letrado. En 2022, la empresa fue bloqueada por el gremio durante casi dos meses luego de haberse negado a recategorizar a algunos de sus empleados, lo que impidió su normal funcionamiento y devino en fuertes pérdidas económicas. A eso, se le sumó este año un brutal embargo por parte de la Justicia.
El juez y los embargos
El conflicto gremial que rodea a Lácteos Vidal tomó verdadera relevancia a nivel nacional a fines del pasado junio, cuando el juez José Ignacio Ramonet le impuso a esta pyme un embargo por $167 millones, ante lo cual Alejandra Bada Vázquez se expresó categóricamente al asegurar: «Me quieren fundir».
El embargo, que tenía relación con el pago de las indemnizaciones por el despido de un grupo de empleados, fue fuertemente cuestionado tanto por el monto que se tomó para el cálculo, que sería cinco veces superior al que correspondería, como por el período que se tomó en cuenta para determinarlo: «Tomaron como válidos $50.000 por día, cuando lo único firme son $10.000. El embargo tendría que ser por $40 millones, no por $167 millones. Es una locura.», aseguró Bada Vázquez. Añadió: «no se puede pedir indemnización y reincorporación al mismo tiempo. Y (el juez) nos dio la razón. Pero en la misma resolución, les liquida los astreintes hasta el día en que pidieron la indemnización.»
Ante este escenario incomprensible, la apoderada de la empresa dijo en ese momento: «Estamos produciendo, pero si me embargan esa cuenta, no puedo pagar nada. Usamos ese dinero todos los días. No es una reserva, es el movimiento normal del negocio.» Añadió: «El mensaje es claro: fundite y callate. Nos están empujando al abismo con medidas que no tienen ni sentido ni justicia. Pero vamos a seguir peleando.»
Desbaratadores
Ahora, en un giro sin precedentes en este tipo de causas, la Fiscalía en lo Penal y Contravencional Nº26 de CABA les imputó a ocho de los dirigentes de ALTIRA los delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas, y compulsión a la huelga.
La imputación alcanza a Heber Ríos, secretario general de la Seccional General Rodríguez de ATILRA; Sergio Raúl Longo, subsecretario de ATILRA Seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en esa ciudad; Gastón Emilio Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen de ATILRA; Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Diego Armando Alarcón, vocales de ATILRA Trenque Lauquen; Rafael Alberto Ale, delegado en Lácteos Vidal, y Ariel Sánchez, secretario del gremio.
Al describir las conductas de estos individuos, dice el fiscal: «se destaca la ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas ubicadas en la calle Del Verdin s/n, de la localidad de Moctezuma, PBA y en la calle Tinogasta 4975, CABA, por personas que no pertenecían ni desempeñaban funciones en la empresa y que intimidaron al personal de la misma para que se sume a la huelga y/o no concurra a trabajar, impidiéndole acceder con normalidad a sus puestos. Asimismo, se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes. Todo ello ocurrió en virtud de actuación coordinada de las autoridades de ATILRA antes mencionadas.»
Lo que plantea la querella, es que las acciones de estos individuos no estuvieron motivadas por una supuesta defensa de los derechos de los trabajadores, sino que tenían la clara intención de llevar a la misma a la quiebra. ¿Para qué? Existen dos posibles razones: Una, sería beneficiar a los competidores de la misma. La otra, sería buscar que Lácteos Vidal, luego de fundirse, se convierta en una cooperativa administrada por los trabajadores, escenario que tiene varios antecedentes dentro de la misma industria.
A la hora de fijar el objeto procesal, la Fiscalía rescata algunos eventos sucedidos entre el 18 de julio y el 16 de septiembre del 2022, cuando a la empresa se le impedía su normal funcionamiento y que evidencian la presión que se ejerció sobre diferentes trabajadores para que se sumen a las medidas de fuerza en contra de su voluntad.
«Gastón Emilio Moreno, secretario general del sindicato Atilra, junto a Gastón Emilio Moreno, Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martin y Abel Osmar Damico, le expresaron a Patricio Norberto Alba “QUE NO IBA A PASAR NADIE, QUE ERA POR EL BIEN DE LOS CHICOS”, al momento que este último intentaba ingresar a la mentada fabrica, la mañana del 18 de julio de 2022, coaccionándolo de tal manera a no a ingresar al establecimiento productivo contra su voluntad y su libertad de trabajo», destaca.
Continúa: «Por su parte, Franco Marcelo Yedro, junto a Cristian José Martín, Abel Osmar Damico, Franco Marcelo Yedro, Sergio Raúl Longo y Gastón Emilio Moreno, se aproximaron a Carlos Alberto Morales, quien concurría a laborar al mencionado lugar, a explicarle los alcances de la medida de fuerza, aconsejándole no ingresar pero que la decisión era propia y al escoger prestar labores, Yedro le refirió en forma intimidatoria que no ingresaría a trabajar y que ninguno de sus compañeros lo haría, coaccionándolo de tal manera a no a ingresar al establecimiento productivo contra su voluntad y su libertad de trabajo. Esto tuvo lugar el día 11 de agosto de 2022, a las 2:00 horas, en las inmediaciones de la planta de Lácteos Vidal, ubicada en Moctezuma.»
Apunta también: «Además, Cristian José Martín, mientras Norma Karina Broum llegaba a su lugar de trabajo en el citado establecimiento, le refirió de manera intimidatoria «NO LO INTENTES PORQUE NO VAS A ENTRAR», frenándola para que no pase, ante lo cual se retiró, coaccionándola de tal manera a no a ingresar al establecimiento productivo contra su voluntad y su libertad de trabajo.» Esto sucedió el 18 de julio de 2022, a las 06.00 horas, en las inmediaciones de la planta de Lácteos Vidal, ubicada en Moctezuma.»
Estos son sólo algunos de los ejemplos que toma la Justicia a la hora de configurar esta imputación. Concluye: «A raíz de todo este despliegue de conductas detalladas, la firma Lácteos Vidal no pudo recibir materia prima (leche) en su planta de Moctezuma, viéndose obligada a derivarla a otras empresas en la provincia de Buenos Aires y el resto del país, lo que incrementó sus costos y afectó su productividad. Durante ese período, solo se logró enviar a la fábrica de CABA, donde se terminaban y comercializaban los productos finales, una cantidad muy inferior a la habitual. Por otro lado, el producto semielaborado procesado en las fábricas alternativas tuvo que venderse en ese estado, generando pérdidas económicas al no poder ser terminado en CABA. A esto se sumó el descenso en las ventas debido a la presencia intimidatoria de miembros de ATILRA en la sede de Lácteos Vidal apostada en la calle Tinogasta, de esta CABA, que dificultó tanto la salida de mercadería para repartos como el acceso de clientes que solían retirar sus pedidos directamente.»
En declaraciones a la FM 99.9, el abogado Pablo Abdón Torres Barthe se refirió a estas acciones por parte de ATILRA asegurando: «Ellos lo que hacen es tomar empresas, bloquearlas, atacarlas. Asolan pueblos chicos del interior del país donde no hay ningún tipo de protección.»
Torres Barthe explicó que el caso de Lácteos Vidal se inscribe en un patrón que también afecta a otras firmas. «Fuimos haciendo el hilo conductor en la ciudad de Buenos Aires y el fiscal entendió que la huelga había sido declarada de manera irregular, intempestiva, y llevada a cabo de manera violenta», indicó.
Según detalló, la investigación penal logró avanzar en una figura poco habitual: «Nosotros lo que logramos demostrar fue que la huelga no tenía como fin un reclamo sindical, sino dañar la empresa. El fiscal empezó a investigar un delito que no se usa demasiado, que es el desbaratamiento de empresas, es decir, afectar maniobras para bajarle el precio o impedir su normal funcionamiento».
En esa línea, fue más allá al señalar que «una de las especulaciones es que estas acciones tienen por objetivo hacer desaparecer empresas para favorecer a otras». También planteó una segunda hipótesis: «Otra idea que sobrevuela siempre en estos bloqueos es el movimiento de empresas recuperadas. Hay casos donde efectivamente se busca que la pyme no crezca y se transforme en cooperativa manejada por el gremio».
«Está muy claro que el reclamo gremial, a mi juicio, es un invento. El objetivo final puede ser beneficiar a grandes empresas o quedarse directamente con la pyme», agregó.
La bajeza no tiene fin
Sin embargo, entre todas las acciones que esta banda de forajidos disfrazados de gremialistas llevaron adelante, destaca la intimidación que de su parte recibió Norma Karina Broum, la cual es descripta en estos términos por el fiscal: «el día 19 de julio de 2022, a las 9:21 horas, Norma Karina Broum recibió desde el abonado telefónico n.º 02392-610992 utilizado por Gastón Emilio Moreno, secretario general del sindicato ATILRA y en el marco de un huelga que se desarrollaba en la fábrica “Lácteos Vidal”, ubicada en Del Verdin s/n de la localidad de Moctezuma, un mensaje de texto por la aplicación Whatsapp donde consignó “..QUE HERMOSA MANERA DE DEVOLVER A LA INSTITUCION QUE TE SALVO LA VIDA..” en referencia al tratamiento oncológico que lleva adelante por padecer cáncer de mamas costeado por la obra social del gremio.»
Este episodio revela de manera muy clara la forma de pensar que tienen estos individuos: en vez de entender que la obra social es una entidad a la que los trabajadores aportan todos los meses a cambio de asegurarse un servicio de salud adecuado, comprenden esta relación como una serie de favores cuasi mafiosos que luego los empleados deben «devolver» siguiendo sin cuestionar las órdenes de los jefes sindicales. Creen que el sólo hecho de administrar una obra social les da potestad para tratar a los afiliados como siervos de los cuales pueden disponer para hacer avanzar su agenda de oscuros objetivos.
Reclamarle a alguien por haber tenido que pasar por un tratamiento oncológico: imposible pensar en una actitud que sea aún más baja, mezquina y aborrecible.