Dictadura militar | Un juez federal decidió archivar las investigaciones por delitos de lesa humanidad que se llevaban a cabo en Miramar. La información involucraba a un dirigente político actual y a la Escuela Agraria, pero el juez dice que de esa época no encuentra a nadie. Andá a saber…
Una vez más Santiago Inchausti, el juez federal que parece no pegar una en lo que corresponde a llevar adelante una función por la cual la sociedad le suministra un suculento salario: ahora decidió archivar la causa en la que Adolfo Molina y otros ciudadanos aseguraban haber sido secuestrados en sendos edificios de General Alvarado, y sometidos a tormentos en esos sitios. No se refiere únicamente a la comisaría local, sino además al Concejo Deliberante y a la escuela agraria.
Efectivamente, el juez procedió al archivo de las actuaciones, y lo hizo hasta tanto aparecieran nuevos elementos que permitieran avanzar en la investigación, porque para él, con los dichos de las víctimas y su investigación de los sitios aludidos no alcanza: “Para arribar a tal conclusión, tengo en cuenta que parte de los hechos requeridos oportunamente por el Ministerio Público Fiscal, en particular aquellos que se refieren a las víctimas de autos, ya han sido judicializados, siendo que algunos de ellos ya han sido objeto de juicio oral y público (Molina, Alimontas, Lamas, Mosquera, Alves y Giménez) mientras que otros (Julio Alberto Mansilla, Raúl Rubén Mansilla, Oscar Arístides Mansilla y Adrián Ismael Mansilla) han sido elevados el Tribunal Oral Federal de esta ciudad, encontrándose a la espera de la realización del juicio oral”.
Es decir que Inchausti se niega precisamente a investigar lo ocurrido en ciertos espacios con ciertas personas: dice que ya fueron investigados, y que lo ocurrido en tales sitios o ya se aclaró o no se va a aclarar: “la situación de la Comisaría de Miramar ya ha sido valoraba en los autos 33004447, habiéndose procesado a quienes fueron responsables de dicha dependencia durante el año 1976”.
Espacios siniestros
Lo tremendo de la cuestión es que el juez no está investigando cualquier cosa, sino un lugar más o menos significativo de la ciudad. Se trata de lo acontecido precisamente en el Concejo Deliberante y en la Escuela Agrícola Martínez de Hoz, ambos de la ciudad de Miramar. Y dice: “no hay diligencias útiles que puedan permitir la prosecución de la investigación”.
¿Pero no las hay? Inchausti sabe perfectamente que está trabajando con el material sensible que surge de la denuncia de alguien que ha esperado justicia durante mucho tiempo. Precisamente la formulada por Adolfo Rafael Molina ante ese juzgado federal, en la que refiere las circunstancias en las que fue ilegalmente detenido.
Todo sucedió el 24 de marzo de 1976 en la ciudad de Miramar, cuando él se desempeñaba como Presidente del Concejo Deliberante de General Alvarado. A partir de las primeras acciones de la investigación, Inchausti empezó a dar vueltas buscando pruebas, y hasta dijo que le costaba “delimitar debidamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos”.
Por fin las cosas parecieron aclararse, y dijo que todo se dirigía a investigar la posible utilización del Concejo Deliberante de la Ciudad de Miramar, la Escuela Agrícola Martínez de Hoz y la Comisaría de Miramar como centros clandestinos de detención, en los que habrían sido privados ilegalmente de la libertad y sometidos a tormentos Adolfo Rafael Molina, Rubén Alimontas, Jorge Lamas, Mabel Mosquera, Camilo Alves, Adolfo Giménez, Julio Alberto Mansilla, Raúl Rubén Mansilla, Oscar Arístides Mansilla y Adrián Ismael Mansilla. Es decir, si era cierto que se torturaba gente en una escuela y en el mismísimo Concejo Deliberante.
Así las cosas, se deja en claro que esta causa se encuentra conectada con otra, en la cual se investiga el accionar represivo de la Armada Argentina durante los años 1976 al 83. Principalmente en las dependencias bajo su órbita, que fueron utilizadas como centros clandestinos de detención, hablamos de la Base Naval Mar del Plata, la ESIM, y otras.
Pero sucedió además que a partir del 24 de marzo de 1976, la ciudad de Miramar fue intervenida por la Armada Argentina y quedó a cargo del entonces capitán Pertusio, quien tuvo toda la libertad para disponer a su criterio del Palacio Municipal y las diferentes dependencias públicas. Podía hacer lo que quisiera.
En este marco comienzan a cobrar realidad lo hechos de los que resultaron ser víctimas los ahora denunciantes. En el trascurso del proceso, y a partir del llamado a indagatoria efectuado el 4 de junio de 2013, se corroboró al menos de manera provisoria que la Comisaría de Miramar había quedado afectada al alojamiento ilegal de detenidos políticos.
Ya entonces, no sólo se evaluaba la responsabilidad de oficiales de la Armada, sino que también se determinó el procesamiento de Juan Alberto Rincón y Mario Rubén Maiti, quienes se desempeñaron como jefes de la Comisaría de Miramar durante 1976. Estos hechos se encuentran actualmente en juicio, excepto Maiti por “incapacidad sobreviniente”.
Entonces, dice el juez, ya dimos por hecho que la Comisaría de Miramar fue utilizada como centro clandestino de alojamiento de detenidos políticos. Ahora corresponde analizar la situación del Concejo Deliberante y de la Escuela Agrícola Martínez de Hoz. Y aquí agrega: si bien existen testimonios que identificarían a ambos lugares como centro de detención y tortura, con esas pruebas no alcanza.
Una escuela, “La Agraria”, como se la conoce en la zona, la Escuela Agrícola Martínez de Hoz, convertida en un lugar donde se alojaban detenidos según los testimonios de Alfredo Molina y de Mabel Mosquera: ambos mencionaron que habrían pasado por ese lugar, y que fueron torturados allí. Precisamente Mosquera dijo: “allí sufrí simulacros de fusilamiento al aire libre, en el campo, nunca entré al edificio. Había más gente en esos simulacros, entre los que estaba Adolfo Giménez”. Lo afirmó. Pero cuando declaró Giménez, no confirmó tal circunstancia. Al ser preguntado sobre la Escuela Agrícola Martínez de Hoz, afirmó que no sabía que allí hubiera funcionado un CCD, y que en las conversaciones que había tenido con Adolfo Molina, nunca le había mencionado ese lugar. El otro denunciante es Camilo Alves, quien dijo que no le constaba que la Escuela Agrícola había funcionado como CCD, pero que había escuchado versiones posteriores.
En cuanto al Concejo Deliberante, el juez consideró que tampoco se ha podido probar que haya funcionado como Centro Clandestino de Detención. Si bien algunos testigos han mencionado que habrían pasado por ese lugar, no se ha podido corroborar. Por ejemplo, Oscar Pascual Bermejo, que se desempeñó como secretario del Concejo Deliberante de Miramar entre los años 1973 y 76, declaró que no le constaba que dicho lugar hubiera funcionado como centro de detención, y que sólo escuchó comentarios sobre eso.
Una pena
Inchausti parece salirse del lugar de la responsabilidad, y actúa como si no quisiera encontrar nada más. Dice que quisieron profundizar la investigación sobre el Concejo Deliberante, pero no pudieron. Porque todo fue culpa de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, que informó que la base de datos de los municipios que posee tiene información a partir de 1983, por lo cual no se pudo informar los datos de las personas que integraron el Concejo Deliberante durante el año 1976. Sí, han leído bien: no saben a ciencia cierta quiénes ocuparon los cargos antes de esa fecha.
Mediante el programa Verdad y Justicia, quisieron encontrar a aquellas personas mencionadas por Bermejo en su declaración, pero no pudieron. Sólo encontraron a Elvio Osvaldo Chiappa, quien fue concejal de General Alvarado hasta 1976. Dijo no tener conocimiento de que hayan existido personas detenidas en las instalaciones del Concejo Deliberante. Pero, ¿a quién protegen?
Resulta que en la bolsa negra de nombres ocultos, en esa que no pueden encontrar, hay nombres que siguen siendo conocidos en la política actual. Porque como si fuera una broma, sabemos quién llevaba las actas de la Primera Junta de 1810, ¿pero no quiénes integraban tareas políticas antes del advenimiento de la democracia?
Uno de los nombres que se repite es el de Tomás Hogan, designado en Alvarado por el interventor de la Armada, Pertusi, y vinculado también a la gestión de la Escuela Agraria. Exintendente de tradición justicialista, Hogan aparece hoy muy ligado al Frente Renovador, y se presentó en el lanzamiento del Frente 1País previo a las PASO. Dicen las crónicas que el espacio Leopoldo Marechal contó con la presencia del propio intendente, Germán Di Cesare, del senador provincial y precandidato a diputado nacional, Patricio Hogan y el presidente del Partido Justicialista de General Alvarado, Tomás Hogan. Sí, el mismo que sería seriamente cuestionado, porque los peronistas no quieren que los conduzca un dirigente que se fue al Frente Renovador. Impresionante lo cerca que estaba este dirigente que Inchausti no puede encontrar. Se lo trajo la Historia.