Desarrollo Social | La cuestión candente son los planes sociales y el manejo de la plata amañada por la política. ¿Qué hay que hacer para cobrar? ¿Quién reparte la comida? Los comedores y los planes, vinieron para quedarse.
El dinero de la política volvió a ser tema la semana pasada, cuando la jueza federal Alicia Vence ordenó 23 allanamientos en sitios vinculados con punteros de la Corriente Clasista y Combativa en San Martín, Leferrere y La Paternal: encontraron 50 mil dólares y 7 millones de pesos, más planillas de asistencia con nombres y apellidos de personas afiliadas, con sus montos asignados a cobrar. Por supuesto, había también cantidad de leche en polvo, yerba y otros productos.
Además de los allanamientos, hay intervenciones sobre las comunicaciones de las personas cuyos domicilios eran objeto de esta investigación. De todos los celulares secuestrados, uno causa especial interés: el que estaba escondido debajo de una baldosa. La policía lo había buscado con mucha insistencia, sin duda porque debería haber información previa acerca de su contenido, o conversaciones de interés para la verificación de un posible delito.
Ahora habrá que aclarar dos cuestiones: si la mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social distribuye en los movimientos sociales realmente se vende, y si hay una exigencia de dinero a los beneficiarios de las prestaciones como una forma de retorno.
La investigación fue iniciada por el mismo ministerio durante la gestión de Cambiemos, porque hubo una serie de denuncias anónimas por extorsión a beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete. Decían que eran obligados a aportar a la organización una parte de lo que ganaban.
El legislador sostiene que se trata de una causa armada, y que solicitará la anulación de todo lo actuado. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández recibió a Alderete y a un grupo de referentes de organizaciones sociales, y cuestionó el avance del caso. «Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social», comunicó el mandatario. Alderete también se refirió al avance de esta causa y dijo: «La justicia macrista nos quiere meter presos».
Desde siempre
Pero estas denuncias no son novedad. Ya en julio de 2021, un grupo de manifestantes identificados con el grupo Vecinos Unidos realizaba un acampe en la Ruta 226. En representación de ellos hablaba en la 99.9 Carlos Samite, quien señalaba: «desde febrero solicitamos el programa Potenciar Trabajo para 300 compañeros… el Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social ofreció 50 cupos del Potenciar Trabajo que nos sirven, pero no nos alcanza».
Pero ya en ese momento, Vecinos Unidos dejaba en claro que sus integrantes querían un trabajo genuino, y no formar parte de una estructura política. Agregaba: «el que maneja esto es Emilio Pérsico del movimiento Evita, y ellos ponen las trabas. Nos dicen que si no trabajamos con el Evita o con La Cámpora, los programas a Mar del Plata no llegan. Es muy injusto. No queremos hacer política ni nada por el estilo, nosotros queremos que cada vecino esté un poco mejor».
Hace años que se trata de hablar de la política clientelar, de la herencia feudal en los partidos políticos, y del manejo discrecional de los recursos que un puntero barrial puede realizar hasta punto tal de someter a una familia necesitada a realizar tareas que no desea, con una exposición que nunca hubiera elegido. Ya en 2014, la titular del Juzgado de Familia de la localidad de Eldorado, Margarita Potschka, ordenó a la Unidad Regional III de Policía que retirara a niñas, niños y embarazadas en los eventuales cortes de ruta que se produjeran en su jurisdicción, y dispuso que, los pequeños que estuvieran en una protesta sin sus padres, debían ser llevados a la Comisaría de la Mujer.
La magistrada emitió su resolución después de haber recibido un planteo del Ministerio de Derechos Humanos misionero y de analizar las fotografías de un corte realizado sobre la ruta nacional 12, en inmediaciones del Paraje Línea Chica (Montecarlo) donde, según la Comisaría de la Mujer local, los niños habrían sido utilizados como escudo humano ante el eventual desalojo de los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.
«La exposición de los menores a situaciones de riesgo efectivo y la posible y eventual vulneración de derechos y garantías afianzados tanto en normas internas como de raigambre constitucional, debe ser cesada, extremándose las medidas pertinentes a tal efecto», indicó el fallo. Es un inicio, y quizá un precedente jurídico que podría invocarse.
Pero no todos los sectores del abanico político están de acuerdo con este manejo oportunista de los recursos, ni con lo que significa para la sociedad. Walter Orozco, referente del Polo Obrero, explicó que su sector busca trabajo genuino y está en absoluto desacuerdo con los planes sociales y con el trabajo a través de las cooperativas que facilitan oscuridades en el manejo y la distribución de la plata.
El Polo Obrero
En septiembre del 2021, se estaba llevando a cabo el bloqueo de sitios emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata por parte de militantes de este sector partidario, y su dirigente justificaba el accionar en el crecimiento de la pobreza: «los comedores han crecido, concurren los jubilados, y los insumos frescos que llegaban han sido recortados por el gobierno de Montenegro», decía en una entrevista con la 99.9. Anunciaba que realizaban una jornada de acampe en el marco de la jornada nacional por el consejo del salario mínimo, vital y móvil: «El salario mínimo va a ser —recién en febrero— de 33000 (se refería a 2022). Este monto rige lo que van a cobrar muchos trabajadores, incluso los que trabajan en negro, como los esenciales que trabajan en los comedores y están por debajo de la línea de pobreza».
Pero Orozco deseaba que quedara muy en claro la conformación de su fuerza: «Los que estuvieron acampando son todas personas que trabajan, y que para sostener el acampe se han estado turnando: el que hace una changa no llega a fin de mes».
Explicaba que el gobierno municipal le había propuesto una reunión con los responsables de Obras Públicas y del trabajo en cooperativas, por lo que el Polo Obrero había levantado el acampe. Según explicó, aprovecharían la oportunidad para llevar a la reunión un relevamiento del estado de los barrios marplatenses: «Cada vez que hay un temporal se inundan y no pueden salir de sus casas. Falta de obra pública». Esa obra pública tan necesaria podría ser fuente del trabajo genuino que reclaman.
Como se sabe, los comedores nacieron a la sombra de la crisis de los 90, pero hoy nadie sabe decir cuántos ni cuáles son: «el poder del Movimiento Evita acá digita lo que recibe uno o lo que recibe el otro», dice el dirigente. Y agrega: «el Movimiento Evita y la CCC son organizaciones sociales que están integradas al gobierno: muchos de sus integrantes son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por lo tanto, tienen un control de los recursos. Nosotros damos una pelea para que esos recursos se repartan de la manera más equitativa posible. Porque si no lo hiciéramos, los comedores de la oposición no recibiríamos nada». De esta manera dejaba en claro un problema inamovible: el manejo de los punteros en los recursos de la comida.
El problema es la institucionalización de los comedores populares, que debieron ser un recurso provisorio, pero esto, según afirma el dirigente, significa que hay una política para perpetuar la miseria.
Lo mismo ocurre con los planes sociales: «Nosotros no queremos planes sociales: son una política fomentada por el FMI y el Banco Mundial», afirma el referente, a la vez que explica que en Argentina hay quienes cobran programas desde hace 10 años: «No es un seguro al parado transitoriamente. Se ha perpetuado porque no existe política que genere fuentes de trabajo».