¡Los vieron!

La Liga de Compradores | Cayó La Liga, para sorpresa de muchos. Los imputados comienzan a declarar, pero sólo hay cuatro detenidos. ¿Algo cambia para que nada cambie? Los martilleros dicen que no se enteraron nunca de que hubiera arreglo.

Luego de años y años, era un secreto a voces. Cualquier persona podía decirte que en la ciudad era prácticamente imposible comprar una propiedad en una subasta judicial sin el acuerdo de La Liga, una organización irregular que tenía el monopolio de tales operaciones. Ahora, parece que los jueces se enteraron, después de que este medio hace años que da datos, nombres y apellidos de damnificados y ofendidos. Después de años y años de estafas y despojos a través de operaciones fraudulentas de la Liga y de su otra organización clandestina y socia, la Familia Salminci, parece que de una vez por todas alguien se ha dignado elevar un informe a la fiscalía para que tome el toro por las astas.

Puede que así, alguien le explique a esta gente que no pueden amañar los remates, que no pueden lavar dinero con tales operaciones, que no pueden ser los dueños de la compra y venta en subastas.

La investigación fechada en septiembre pasado da por sentado que, en los remates judiciales de Mar del Plata, llevados a cabo al menos entre el 1 de enero de 2013 y el 3 de octubre 2018, existió y operó una organización conocida como La Liga de Compradores, que utilizaba asiduamente una metodología ilegal con el fin de hacerse de bienes inmuebles y muebles subastados en remates. Pagaban por ellos valores muy inferiores a los que una puja libre hubiera determinado, para después sacar importantes comisiones o bien diferencias económicas exageradas en otras transacciones, porque evitaban los controles impositivos del Estado.

La procuración fiscal estableció que integran la Liga de Compradores : Oscar Roberto Larluz, Luis Alberto Puga, Héctor Ricardo Monteros, Diego Alejandro Larluz, Fernando Roberto Larluz, Alejandro Javier Fernández, Sergio Alberto Puga, Juan Carlos Hugo Vacatello, José Luis Gallo, Aníbal Raúl Simón Soria, Leandro Nahuel Soria, Gustavo Alfredo Cheppi, Horacio Jorge Panizzo, Julio César Consorte, Patricio Pablo Consorte, Roberto Daniel Andino, Leandro Andrés Marqués. Marcelo Alejandro Phillipp y García, Pablo del Corazón de Jesús Quiroz, Sergio Tadeo Mazur, José Luis Violini, Carlos Héctor Abitante, Miriam Elizabeth Lamas, Marta Susana Meriano, María Luján Fernández, y Simón Abel Quiroz (fallecido).

Cabe consignar que los datos estadísticos son resultantes del análisis de las 526 subastas judiciales que se llevaron a cabo en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata.  El denominador común entre todas las operaciones en las que interviene la Liga es el domicilio del estudio del abogado José Luis Gallo.

El método

Un capítulo aparte merece el análisis de los modos de actuación de La Liga de Compradores, que desalentaba ilegítimamente a los eventuales postores, o bien captaban posibles interesados para que compraran a través de ellos. Los ubicaban durante la visita previa para la exhibición del inmueble a rematar, o en las afueras del Colegio del Martilleros y Corredores Públicos.

La Liga de Compradores actuó en otras ocasiones favoreciendo a personas interesadas en adquirir una propiedad subastada. Recurrían a no pujar a cambio de una “comisión” extra pactada de antemano, o negociando por un permiso arbitrario para poder pujar. También algunos de los integrantes podía comprar un bien “en comisión”, mediante la imposición de la llamada intermediación forzosa.

Por supuesto que hay varios compradores que reconocieron la existencia de un acuerdo previo, y el pago de sumas de dinero en concepto de “comisión” por la intermediación de La Liga. Otros compradores aceptaron la existencia de un acuerdo para comprar con ayuda de La Liga, pero negaron que hubiera un pago de comisión alguna.

Es cierto que varios de los registros fílmicos coinciden en demostrar que, cuando la base de la subasta era alta, los integrantes de La Liga se enfocaban en que el remate fuera declarado desierto. Para eso se abstenían deliberadamente de pujar, y también impedían que otras personas ajenas a la organización pudieran ofertar. Así, reconducían las ofertas a un segundo o tercer remate, con precio de base reducido o ya sin base, para adquirir el bien a un precio más conveniente a sus intereses.

El silencio de piedra

Esta no fue la única manera. En ciertas ocasiones, La Liga actuó subiendo el precio de la subasta con ofertas ridículas y exorbitantes, solamente para que otros legítimos interesados no resultaran ganadores. Una vez adjudicados los bienes, decían no tener el dinero para afrontar siquiera los gastos. Es decir, se reconocían como un “falso postor”, para lograr que el remate se adjudique al anteúltimo oferente, que era integrante de la organización o un tercero vinculado a ellos.

Por supuesto que hubo amenazas e intimidaciones para impedir que personas interesadas en los bienes, que eran ajenas a La Liga, pudieran ingresar al recinto, o pujar libremente si ya habían ingresado. En cuanto a los aspectos impositivos de las subastas judiciales, obviamente eran caldo de cultivo para la evasión y el posible lavado de activos de origen ilegal, ya que no había prácticamente ningún control sobre ellos.

Pero la investigación no solamente incluye a la llamada Liga de Compradores oficial, sino también a una segunda organización integrada por la familia   Salminci: Adolfo Salvador, Marcelo Daniel, Pablo Sebastián, Patricia Vanesa Gimeno Olate, Yesica Lorena Santa Ana, Dora Iris Jaime y Mario Castelao.

Todos los nombrados, con Adolfo Salminci a la cabeza, habrían pergeñado un inescrupuloso y sistemático mecanismo de corrupción privada para apropiarse en forma indebida de distintas unidades funcionales del Edificio Semar XI, sito en Arenales 2319, al menos desde noviembre de 2007 hasta la fecha. Para eso interponían demandas ejecutivas fraudulentas para el cobro de expensas, y acuerdos con la corporación de La Liga.

Según este semanario ya lo denunció en sendas notas tituladas “El edificio del terror I y II”, los integrantes de La Familia administraban infielmente los recursos económicos del edificio de propiedad horizontal para beneficio propio: manipulaban los resultados de las votaciones de las asambleas de propietarios a favor de lo que ellos necesitaban mediante poderes truchos y también con métodos intimidatorios, como amenazas y coacciones. Así perjudicaron a los integrantes del Consorcio de Propietarios del Semar XI, que administrara Adolfo Salminci y la sociedad Salminci SRL, compuesta por él y sus hijos Marcelo y Pablo.

El fiscal interviniente en la causa es Alejandro Pellegrinelli, y habló en la 99.9 sobre los resultados de la investigación, y la manera en la que el grupo actuaba.  Explicó que recientemente hubo 26 allanamientos, y así se pudo dar con 4 responsables hoy detenidos en el marco de la causa general. Además, remarcó: “se pudieron desmantelar las dos organizaciones. Una es La Liga, y la otra la Familia Salminci, que eran los martilleros que permitían este tipo de cosas”.

Uno de los temas centrales fue la participación del Colegio de Martilleros y su titular, Miguel Ángel Donsini. Dijo el fiscal: “participó en el marco de la investigación Donsini a título de testigo, junto con el grupo de integrantes del consejo directivo del colegio de martilleros. En muchos casos, con cuestiones inverosímiles, pero no los transforma en partícipes, al menos no tenemos elementos de prueba”.

De todas maneras, se sabe que muchos de los martilleros dijeron que La Liga no existía, y que se trataba de un grupo de profesionales que simplemente eran habitués de los remates.

Pellegrinelli explicó que lo más importante es encontrar más pruebas de las estafas, en nada menos que 500 casos: “la investigación permitió no dejar margen de duda de cómo era el accionar con mucho soporte fílmico más allá de la documentación. Se puede ver y analizar persona por persona cuál era el rol en las subastas y el manejo de esa sala”.

Después de casi 3 años de trabajo, por fin se pudo establecer todo el cronograma de partícipes, ya que compraban generalmente siempre los mismos: “se inicia en 2017 por una apelación en la instancia de una subasta de una cochera. Se decreta la nulidad de la subasta y visualiza el funcionamiento de este grupo de personas con la videofilmación. A partir de ahí, se nos da intervención y con el ministerio público empezamos con el trabajo de campo para determinar la verdadera dinámica de trabajo de este grupo de personas en más de 500 casos. Esto establece un patrón común con modalidades diferentes para determinar el destino de la subasta”.

Los perjudicados son muchos, ya que abarcan tanto a los acreedores como los deudores. Afirma el fiscal: “se ha determinado el lavado de activos y le hemos dado intervención a la Justicia Federal en turno y a la UIF y la AFIP, pero habrá que espera la posición de la justicia federal en términos de competencia”. Ojalá.