Causa contra Hooft | La Cámara Federal desestimó la denuncia por las irregularidades ocurridas en la causa que se lleva adelante contra Pedro Federico Hooft. Se lo acusa de supuestos delitos de lesa humanidad, pero la grabación en la que el fiscal reconoce presiones en contra del acusado, resulta que no vale.
Las pruebas en contra valen todas. Pero los testimonios a favor no entran y no cuentan. Hay declaraciones que sostienen que se presionó a la Justicia para perjudicar al juez Pedro Federico Hooft, pero justamente esas, ahora no pueden ser tenidas en cuenta por cuestiones técnicas. El magistrado había sido llevado a un jury por presuntos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, pero resultó absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.
La causa contra Hooft comenzó en 2006, tras varias denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero el fiscal Claudio Kishimoto —que tenía a su cargo la acusación contra Hooft– reconoció en una charla informal que sufría presiones oficiales para perjudicar al magistrado. Dijo que estaba preocupado, no había nada contra el juez, y que las personas que lo estaban obligando eran el doctor Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y el fiscal Daniel Adler.
Pero ahora, la Cámara integrada por los magistrados Alejandro Tazza, Jorge Ferro y César Alvarez decidió que la grabación de las palabras del fiscal no vale como prueba, porque fue obtenida sin los recaudos legales. Dicen que fue un abuso de confianza.
Cuando el escrito fue presentado ante la Cámara Federal, el fiscal Pettigiani aún no había sido citado a declarar por la Justicia, pese a los insistentes pedidos del juez Hooft y sus defensores. Ellos, ya en abril de 2013 presentaron una denuncia por presuntos hechos de corrupción en la Justicia federal, y al mismo tiempo pidieron que se investigara si se había conformado una asociación ilícita de abogados, funcionarios judiciales y miembros de la Procuración General de la Nación para armar la causa penal contra Hooft.
La denuncia realizada por la defensa se fundamentó principalmente en las expresiones del fiscal Kishimoto, quien personalmente le dijo a Federico Hooft –hijo y codefensor del acusado– que la causa era “un gran verso” y que su padre no había cometido delitos de lesa humanidad en la llamada Noche de las Corbatas. La charla mencionada duró cerca de cuarenta y cinco minutos, fue totalmente grabada, y luego desgrabada bajo un acta notarial que se entregó a la Justicia federal.
La presentación de Pettigiani se produjo por fin, aunque seis meses después del jury al juez Hooft que llevó adelante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el que concluyó con el reconocimiento de la total inocencia del magistrado. El jurado lo absolvió por 8 votos contra 2, y lo reintegró en su cargo. Pettiggiani confirmaba la vigencia de la grabación a Kishimoto.
Dada la gravedad del testimonio presentado por el fiscal Pettigiani, el juez Hooft y sus defensores esperaban que la Cámara Federal ordenara que se continuaran las investigaciones de los hechos denunciados. Pero no fue así.
Ellos mismos
Sí, los camaristas son Ferro, Tazza y Alvarez. Si bien el camarista Jorge Ferro no se encontraba entre los funcionarios judiciales denunciados por el juez Pedro Hooft, sí estaba mencionado en la grabación. Él mismo desestima el valor probatorio de esa grabación que lo menciona, cuando en realidad debió excusarse. El entonces fiscal federal subrogante Claudio Kishimoto decía allí: “Ferro está presionado por otro lado. Ferro está presionado por otro lado. Si a Ferro le sacan los trapitos sucios de Azul, está en el horno. Está en el horno. Por eso yo confiaba en que si venía el Negro Jiménez, dije, bueno, acá va a haber otro equilibrio”.
Por supuesto que sus dichos se refieren a que Ferro había sido designado por la dictadura militar. Como este semanario publicara en su artículo Violín en bolsa, de abril de 2010: “la historia del juez Ferro no es de hoy. Fue designando como juez federal en Azul por la dictadura militar de 1976, y juró por las actas del Proceso, teniendo muy lejos la Constitución Nacional, acerca de la cual hoy pretende dar cátedra. Ya en democracia, fue ratificado en sus funciones como juez federal en Mar del Plata, y en 1992, como juez de cámara. En ninguna de estas instancias fue legitimado por un concurso, ya que en aquel momento el sistema no los proveía. Como camarista, intentó concursar un cargo de igual rango al que hoy ostenta, pero quedó en los últimos lugares de la evaluación”. Él dice que la grabación en la que se lo menciona no vale como prueba, claro.
Kishimoto expresa textualmente: “Sí, sí, me pusieron una pistola en la cabeza a mí”. Más adelante, Federico Hooft (hijo) responde: “Yo sé que vos, en el fondo, sabés que esto no es así”.
Kishimoto: Sí, ya sé, yo lo sé.
Hooft: Y te pusieron en un lugar de mierda. Y también… está bien, yo tal vez tengo otra forma de ser. Tal vez actuaría distinto, pero a mí me quedó clavado en la cabeza ese día que hablé con vos y me dijiste: “mirá, pedí la indagatoria porque Adler me puso el revólver en la cabeza con coso… me apretaron… me contaban los días”, me dijiste vos para que metiera…
Posteriormente se aprecia: Hooft: Tenemos gente. Hasta los padres de Fresneda quieren… los amigos íntimos de Fresneda quieren declarar la atención que les dio mi viejo. Los acompañó hasta no sé si fue la Brigada, no sé si fue otra comisaría, para averiguar. Y el habeas corpus tramitó en otro juzgado por la cuestión del turno. No los dejan declarar. Y te vedan toda la prueba…
Kishimoto: Lo mismo, lo mismo del último. El último pedido de indagatoria… el último llamado a indagatoria es una vergüenza. La Cámara está bajando línea, loco… Vos tenés que llegar. Tenés que llegar más alto. Porque lamentablemente… lamentablemente la justicia la vas a tener más arriba. A este nivel no la tenés. Yo lo veo. No la tenés”.
Pero la Cámara federal, frente a esta grabación, dice que es ilegal. Dice que no fue obtenida con recaudos legales, y que para que valiera debió ser hecha por un particular que estuviera en riesgo, alguien que pudiera considerarse víctima, o en una situación equiparable a la legitima defensa. Como eso no pasaba, dicen los jueces que fue generada a propósito tratando de que Kishimoto se autoincrimine. Dice Ferro: “Las apreciaciones hasta aquí analizadas denotan no sólo que Hooft (h) ha ocasionado la conversación y que Kishimoto ha sido engañado en cuanto a la intimidad de la misma, sino, insisto, un abuso de la relación de confianza que existía entre los mismos, dada la clandestinidad con que Hooft (h) efectuó la grabación”.
De allí concluye que Kishimoto se ha visto lesionado en la intimidad, ya que se logró una suerte de confesión a través de un engaño por “abuso de una situación de confianza”: podría interpretarse una vulneración a su derecho de intimidad. Dice que si bien la conversación en sí se realizó con anuencia de Kishimoto, se produjo en el acceso a su domicilio, lo que denotaría aun más el aprovechamiento de dicha situación de abuso de confianza. Y concluye para invalidar la prueba: “resultaría repugnante que el Estado utilizara para sostener una imputación, o aun para encaminar una investigación, una prueba habida de manera ilegal por un particular, en este caso por Hooft (h)”.
Todo dicho
La grabación ahora invalidada como prueba dice todo lo que tiene que decir. Dice quiénes son los que presionaron para acusar al juez, y de dónde viene la orden.
Hooft: Y sé que sabés que te han obligado. Pero que vos tengas que soportar que Adler, que está excusado por presión de Sivo…, porque no lo sé yo, porque hasta vos me lo reconociste que es así (…) ¡Es una locura! Pero yo veo, te lo juro, yo estoy en un nivel de desesperación pero no porque esté desesperado en cuanto a no saber qué hacer. Porque veo que no hay uno solo…
Kishimoto: Sí, sí, sí… No te quepa la menor duda de que la línea directa de Auat es este Daniel Adler… Es al que usan por este tema. No te quepa la menor duda de que es así.
Hooft: Pero ya lo sé que Adler es el que foguea. Y Adler afuera se hace el inocente, el que no tiene nada que ver.
Sin embargo, el juez dice que como la prueba es invalida para Kishimoto, también lo es para los otros a quienes considera titulares de la garantía afectada: “…bloqueando la incriminación de los restantes sujetos denunciados, ya que a esa prueba se ha llegado mediante un procedimiento inválido”. Tampoco acepta la denuncia sobre que se descartó todo tratamiento específico a las testimoniales producidas, de las cuales el juez podría haber obtenido un cauce independiente de investigación, ya que omitió citar a los testigos Juan M. Pettigiani y Daniel Hijano.
En cuanto a la figura del posible complot para denunciar a Hooft, el tribunal sostiene que no cabe la acusación ya que no se denunció mucho antes el aludido plan que supuestamente se estaba gestando. Tampoco acepta que existiera una asociación ilícita, y justifica: “no sólo no se avizora un acuerdo previo de voluntades, sino que tampoco la existencia de delito alguno, ni intención de cometerlos, ni la permanencia temporal existente entre ellos, lo que me llevan a la consecuente reflexión de que no existe una asociación ilícita destinada a facilitar la perpetración de ilícitos”.
Nada de nada
Decir que la Cámara se explaya en no entender, sería poco. La Cámara no escucha ninguna objeción. Sobre la acusación concreta de prevaricato, afirmó que para que se configure tal delito, el autor tiene que poseer conocimiento y voluntad de resolver contra lo que dispone la ley como fundamento de su fallo. Es necesario el dolo directo, y la existencia de culpa o error excluyen el prevaricato. No es suficiente la mera incorrección jurídica de la decisión. Y en este caso: “Entiendo, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia citadas, que no existen indicios que permitan suponer que existió, de parte de los magistrados actuantes, una conducta de tipo dolosa, por lo cual entiendo que corresponde confirmar la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito también en este supuesto”.
En la ampliación de la denuncia se indicaba precisamente que el juez federal Martín Bava había dictado una resolución pretendidamente ordenatoria el 6 de agosto de 2014, donde habría incurrido en prevaricato. Sostuvo Pedro Hooft, como fundamento que, teniendo a su cargo causas judiciales sobre tales eventos, nada habría hecho Bava para esclarecer lo sucedido, por lo menos escuchar los testimonios de las personas que fueron liberadas. Responde Ferro: “me permito concluir respecto de estas ampliaciones, que efectivamente estamos ante un supuesto de divergencia de criterios entre la defensa y el juez de la causa (…) en cuanto no existen indicios que permitan suponer de parte del magistrado actuante una conducta de tipo dolosa”. Y agrega que los jueces no están obligados a seguir todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimen conducentes para resolver la cuestión.
Entonces, nada vale: ellos desestiman la denuncia y toda la prueba, lo cual, alguien diría, era de esperarse. Porque ya lo dijo el denunciante en la grabación aludida: no se salva ni uno.