No sólo se apropian del sacro término acuñado por la democracia, sino que también eluden la verdad, manoseando la memoria colectiva, y vapuleando el sistema de salud público provincial.
Mucha carga emotiva y política en las frases y palabras con las que el gobernador provincial Axel Kicillof anunció el cierre del área de neuropsiquiatría del Hospital Alejandro Korn, más conocido como Melchor Romero. «¡Manicomio Nunca Más!». Así se lee en la placa que se colocó en el lugar, señalándolo como un «espacio de vulneración».
Las desafortunadas expresiones plasmadas en la placa amurada a la pared en el nosocomio y las que salieron de la boca de Kicillof, como parte de su diatriba discursiva, generaron repudio de los médicos y especialistas. Los mismos profesionales que en estos días —como durante muchos años— prestaron servicio en el hospital atendiendo y tratando a personas con enfermedades psiquiátricas.
Kicillof dijo cosas inapropiadas y graves, como que desde la década de 1960 hasta abril de este año funcionó allí un «espacio de vulneración» mientras la placa colocada en una de las paredes del hospital rinde un pretendido homenaje, así: «En la memoria de los cientos de personas que vivieron, sobrevivieron y murieron aquí. ¡Manicomio nunca más!».
La Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) salió al cruce del Gobernador respondiendo que no se puede insinuar que los profesionales fueran cómplices de las violaciones a los derechos humanos, y que tampoco se pueden dejar pasar ni normalizar este tipo de provocaciones. Y, finalmente, que una sala de internación psiquiátrica no es un centro clandestino de tortura.
Delitos de lesa humanidad
En Mar del Plata los psiquiatras también se hicieron sentir. Requerido por la FM 99.9, el presidente a la Sociedad de Psiquiatría y Psicología Médica, Dr. Alonso Ansaldi, dijo que «la psiquiatría está lejos de querer matar o torturar gente, la psiquiatría salva vidas» y lamentó que no se pueda alcanzar una reforma rápida a la ley nacional de salud mental, aunque reconoció que en el Congreso se está abordando la normativa, desde varias líneas políticas, como un problema por resolver.
«Cuando se promulgó la ley nacional de salud mental no citaron a ninguna sociedad científica de psiquiatras del país, y eso que son muchas. Ni desde las más reformistas a las más conservadoras. Sin embargo, todas las sociedades coinciden en lo mismo frente a la ley: están de acuerdo en que hay que cambiarla o por lo menos modificar varios artículos. Saben que hay que hacer algo con esta ley porque no está funcionando como se espera. En el “mientras tanto”, los discursos de las personas que están a favor de la ley actual son sólo relatos», señaló.
Además, expuso con claridad lo que ocurre en la práctica: cuando una persona no quiere ser internada se considera que si el profesional avanza con la derivación a un tratamiento de encierro, éste estaría incurriendo en un delito de la categoría de los llamados «de lesa humanidad». Por eso, los psiquiatras le huyen a prescribir la internación a pesar de que las familias, casi siempre, peregrinan incansablemente por la ayuda profesional.
Para una internación por recomendación del médico y en contra de la voluntad de la persona, la ley prevé que se deba activar un dispositivo judicial, mediante el cual un juez le pida una evaluación a un psiquiatra, esta tenga que ser analizada por un equipo interdisciplinario que le dé lugar al juez para determinar si es oportuna la internación. Ese proceso suele ser demasiado lento para la necesidad de salud del paciente, por lo que en el medio ocurren episodios propios de la patología que pueden derivar en hechos violentos, hasta la muerte misma del paciente o de las personas que lo acompañan.
La situación de englobar a los psiquiatras bajo la figura de un delito de lesa humanidad podría darse cuando el médico tratase a una persona con consumos problemáticos de drogas y, para indicarle un tratamiento adecuado, se requiera la internación, que por lo general viene avalada del pedido de las familias. Sin embargo, sin el consentimiento del paciente se estaría cayendo en la comisión del delito por parte del profesional. «Estos ataques contra la psiquiatría nacieron con la sanción de las leyes de salud mental del actual oficialismo en sus anteriores gestiones y se enfocan en hacernos ver a los psiquiatras como si fuéramos genocidas», redondea el entrevistado.
Nada de nada
No hay política de salud acorde a lo que la sociedad necesita. Hace casi dos meses, en Mar del Plata, el gobernador anunció el inicio de un Plan Quinquenal de Salud. En el mismo no hubo más que relatos políticos. Y algo de hipocresía en su máxima expresión: «es imposible plantear una mejora sustancial desde arriba, por eso nuestro método de gestión implica promover la transformación desde adentro, junto a los protagonistas y con planificación». Ergo, hagan ustedes. Lo que demuestra la falta de gestión de la provincia en materia sanitaria.
Consultado sobre el plan quinquenal y la actual campaña para hacer ver al brote de bronquiolitis como «la próxima pandemia», el ex director del Hospital Garraham, Carlos Kamburian, criticó en los micrófonos de la FM 99.9 la actitud del Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y la de Kicillof diciendo que «si uno de sienta detrás de una camilla en un hospital los casos de bronquiolitis son los mismos de todos los años. Se puede adelantar una semana en el inicio del brote, pero lo que Kreplak quiere es hacer creer que el desborde que se va a vivir sea producto de una bronquiolitis y no de su mala gestión».
Kamburian describió la crisis del sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires. Mencionó que recorre hospitales a diario. Y puso como ejemplo el de José C. Paz, donde días atrás, mientras caminaba por los pasillos, observó una reunión asamblearia de los médicos y enfermeras con el turno de la Guardia paralizado y entre 200 y 250 personas esperando para ser atendidas. Kamburian resaltó que «en los hospitales los médicos cobran mal, falta personal, y eso hace que un pediatra esté cuatros días de guardia con el riesgo que implica para su salud y las consecuencias que podría causar en un niño». Mientras tanto, comentó que «el personal administrativo, que en su mayoría son militantes de La Cámpora, cobran salarios de $ 250.000 al mes».
Camino a los últimos meses de la gestión de Kicillof al frente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, queda a la luz la falta de capacidad suya y de su equipo en materia de Salud. Y cabe preguntarse cuál será la herencia por legar para quienes, a partir de diciembre próximo, deban afrontar el déficit sanitario que deja el gobernador, con hospitales en pésimo estado edilicio, sin servicios públicos elementales como el del gas, que permanece cortado en el Interzonal de Mar del Plata desde noviembre de 2022, o incluso las repetidas «fugas de profesionales» que se escapan del sistema público y buscan trabajo en el sector privado, porque los salarios no les alcanzan y los tratos desde «arriba hacia abajo» —y ahí sí que se aplican— no califican para lo que una sociedad democrática debiera tener, sino más bien al verticalismo ideológico.
En el medio, y como si nada, la banalización y la cosificación con la que el gobierno provincial aborda dos temas de altísima sensibilidad social es pavorosa. La salud mental, primero, y el recuerdo permanente de las víctimas de los años más oscuros de la historia reciente argentina reflejados en el libro Nunca Más, después, causando irritación por todo lo alto. Porque la comparación fue directa, relatando y describiendo un escenario al que le cambiaron los actores y le aplicaron una percepción diferente de tiempos y espacios. Al área de neuropsiquiatría la colocaron en el lugar de un centro clandestino de detención y tortura; a los tratamientos ahí facilitados los hicieron ver como represión; a los profesionales médicos y tratantes terapéuticos los ubicaron en el lugar de aquellos colaboracionistas de represores y genocidas; y a los pacientes los emularon como víctimas de las peores calamidades de los años de oscuridad setentista.
Todo un desparpajo en un tiempo donde los hospitales ucranianos de Kiev, bajo ataque de la ofensiva soviética de Vladimir Putin, todavía lucen mejor que los de la provincia de Buenos Aires.