En este año electoral —que parece extenderse cada vez más, pero que está ya en su etapa final— ningún político argentino se atreve a hablar ni sobre los buques que entran en la milla 200, ni de la falta de regulaciones, ni del fraude del que somos víctimas cada vez que vamos a comprar a una pescadería y nos dan, en vez de lo que dice la etiqueta, cualquier otra cosa.
Nada nuevo se vive en la milla 200, con la permanencia de buques pesqueros pertenecientes a flotas de otros países sin derecho alguno a depredar los recursos que deberían estar bajo la tutela de nuestra soberanía nacional. Esta semana, brindó a la FM 99.9 una entrevista María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas ambientales, quien no sólo mencionó la falta de atención por parte del Estado a la hora de generar políticas públicas para el cuidado de nuestros recursos, sino que también hizo referencia al impacto ambiental —imposible de medir— que provoca la constante presencia de estas flotas extranjeras, especialmente la china: «lo que pescan de forma ilegal dentro de las aguas de soberanía o al borde exterior de la milla 200 donde no hay reglamentación ni tiene regulación, se vende en los mercados internacionales en los que comercializa su producción Argentina. Hay una competencia ilegal. En segunda instancia no hay control en absoluto de las capturas que realizan, no sabemos el impacto de la biodiversidad y el ecosistema. Esa flota genera contaminación también porque arrojan sustancias y basura en altamar».
Esta competencia desleal se genera principalmente porque los productos chinos se capturan en aguas que no están bajo la jurisdicción de dicho país y su producción no sigue ningún tipo de regulación, mientras que los pesqueros argentinos se atienen a las normas, con todo lo que ello implica. Al no haber controles ni restricciones por parte del Estado, la actividad de pesca ilegal genera un impacto biológico del cual no se tienen parámetros.
Pero eso no es todo: así como no hay controles sobre quiénes pescan, tampoco lo hay sobre qué es lo que se pesca. Así se produce la captura de especies que hasta se encuentran en peligro de extinción —como diferentes tipos de tiburones— que luego son comercializados bajo otro nombre, en una versión ictícola del famoso «gato por liebre». El impacto ambiental también se relaciona con los métodos de captura, ya que se arrojan al mar desechos que permiten atraer a las especies objetivo.
Mientras todo esto sucede en altamar, lejos de la mirada del vecino del común y sin intervención alguna por parte del Estado, hay una mirada vigilante a la que sí le preocupa la injerencia china en nuestro continente: la de Estados Unidos.
Mirada de halcón
La General Laura J. Richardson es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, un organismo de las fuerzas armadas estadounidenses que se enfoca en América Latina y el Caribe, quien dio recientemente una conferencia de prensa en Miami en la que respondió a diferentes cuestiones sobre seguridad. Richardson puso en foco que China es el primer socio comercial de América del Sur, mientras que Estados Unidos es el segundo, pero marcó una clara diferencia en las dinámicas de ambas potencias: «En cuanto a qué están haciendo Estados Unidos y China en la región, creo que hay que hablar de inversión versus extracción».
Esta utilización cuidadosa del lenguaje se debe a qué, legalmente, el Comando Sur no tiene atributos que le permitan imponer su voluntad sobre los territorios que controla, aunque sí puede informar a los gobiernos de los países que se vean afectados, por ejemplo, por cuestiones de pesca ilegal. Richardson explicaba que ellos consiguen las pruebas y luego las remiten ya sea a la nación vulnerada como a Global Fishing Watch, para que se tomen medidas. La General comentó que si tomara un día cualquiera de su trabajo en el hemisferio, vería que la República Popular de China es predominantemente el principal infractor. Argentina no es el único país que se ve afectado por el atrevimiento de China: Ecuador y Brasil se han visto vulneradas sus aguas pero, a diferencia de su hermano del sur, estas naciones sí tomaron cartas en el asunto, lo que debería servirnos como ejemplo.
El marketing del fraude
El fraude del pescado, esta dinámica de «gato por liebre», es algo que no debe ser tomado a la ligera: cuando uno cuando va a comprar a una pescadería, confía en lo que dice la etiqueta. Sin embargo, un estudio del 2019 realizado por investigadores del CONICET demostró que uno de cada cinco filetes que se venden en la costa bonaerense, no son de la especie promocionada. ¿Alguien hizo algo? Gabriela Delpiani, una de las investigadoras de este descubrimiento, negó la preocupación del Estado, ni de ningún ente público o político, por esta problemática: «Nadie se interesó por el estudio», dijo.
El documento reveló que las pescaderías venden especies vulnerables como el cazón y el gattuso, que son tiburones —peces cartilaginosos— que cuentan con períodos reproductivos largos y con pocos ejemplares de descendencia, en comparación —por ejemplo— con la merluza. Pero no queda ahí, sino que se cambian el nombre de un producto para poder venderlo más fácilmente, como sucede con el Palo Rosado, al cual evitan llamarlo tiburón —pese a serlo—, por cómo se vería reflejado en la venta. Según Delpiani, todo lo que se pesca se aprovecha en las pescaderías, sea tiburón o rayas. Otro ejemplo muy claro es lo que se comercializa como «lomito de atún», que es un producto que ni siquiera tiene el color rojo característico de esa especie. Sin embargo, diferencia de lo que pasa en otros países como Brasil, este fraude al consumidor en la Argentina no se controla ni se castiga: «nadie se interesó por esto. Tenemos muchas ganas de trabajar para que se haga una reglamentación como existe en muchos países. A las pescaderías que tienen este tipo de actividad le ponen una multa o lo cierran. Es un fraude económico al cliente y además es una cuestión ambiental», aseguró Delpani.
¿Hay solución?
La información es pública. Hay gente especializada que sabe sobre estos temas. Sólo se requiere se voluntad política para que, tanto el gobierno nacional como el provincial —cuya representante en el Consejo Federal Pesquero, la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Estefanía Seain, poco hace para representar los intereses de los bonaerenses— tomen cartas en el asunto. «Argentina no tiene sistemas de trazabilidad para evitar el fraude de la sustitución de especies que sucede en un 36% en el mercado, según lo medido por el CONICET», dice María Eugenia Testa. Ese mismo sistema de trazabilidad permitiría castigar la pesca ilegal, identificar de manera fehaciente la pesca argentina regulada de cara a los mercados internacionales y obtener datos como de dónde vienen los animales, y así poder evitar el cambio de una especie por otra.
«Argentina lo que hace respecto de la pesca ilegal es generar políticas con escasos recursos y las fuerzas de seguridad hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero no se está trabajando en términos de políticas exteriores con los países ribereños limítrofes o los países de las principales banderas de la flota que está por fuera de la milla 200 para llegar a un acuerdo internacional que permita una regulación de esa flota», dice Testa. De las patrullas oceánicas que deberían estar controlando la milla 200, tres de ellas están en el puerto de Mar del Plata sin operar por falta de combustible. Esto no responde a la reciente crisis de abastecimiento: que las patrullas estén paradas es algo habitual. De hecho, de las tres, sólo funciona una.
A este escenario de desidia, se suma la falta de políticas exteriores: nunca se sentaron las bases que permitan abrir un diálogo ya sea con China, o con alguno de los países ribereños fronterizos. De hecho, la flota china se abastece en el puerto de Montevideo: «la mayoría de la flota tiene al puerto de Montevideo como base operativa que las aprovisiona. Argentina no tiene acuerdo ni conversación con Uruguay para tener políticas de control de lo que están haciendo esos pesqueros. Tampoco hay políticas con Brasil que sufren este tipo de problema también. Tampoco hay una relación bilateral con China para cuidar el recurso que, de alguna manera, estamos compartiendo», denuncia Testa.
La General Laura Richardson, en la conferencia de Miami, aportó cifras sobre la importancia global de la región de América Latina: para 2028, el 25% de la pesca se realizará en el continente sur. Inclusive, países que ya son conscientes de la importancia del recurso ya tomaron cartas en el asunto, como por ejemplo Ecuador sobre las Islas Galápagos y los buques chinos que la acechaban.
Urge tomar cartas en el asunto, antes de que la situación, tanto del recurso, como la ambiental, se vuelva insostenible.