Causa Hooft | La declaración de un juez da cuenta de los aprietes contra el fiscal Kishimoto para que acusara a Hooft. Acoso laboral y persecuciones en el ámbito tribunalicio. Como si faltara algo…
Con estas palabras califica el juez Rodolfo Pradas la actitud que vio en el fiscal Kishimoto en los tiempos en los que llevaba adelante la acusación contra Pedro Federico Hooft, por pretendidos delitos de lesa humanidad. El fiscal tenía miedo, y parece que no es el único caso, porque según dicen, si el jefe Adler te toma broca, si no haces lo que él dice, si no llevas adelante sus órdenes sin preguntar nada, sufrís las consecuencias en el trabajo, que terminan afectando tu vida, tu salud. El acoso aboral en su máxima expresión podría volverse extorsión. En este caso se representa en la amenaza de aislamiento, en quedarse fuera de todo, en no poder avanzar en la carrera, o hasta ser acusado falsamente, lo que podría terminar en condena. Le tienen terror.
Como todos recordarán, la grabación obtenida en 2013 por el abogado Federico Hooft, hijo y defensor del juez homónimo, dejaba oír la voz del fiscal federal Claudio Kishimoto, que procuraba por entonces la causa del magistrado. Allí confesaba que el proceso contra Hooft era, en sus palabras, “un gran verso”, y que Daniel Adler lo obligaba a firmar el pedido de indagatoria.
Adler es Fiscal General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, y se hizo conocido por haber presidido el fallido jury contra el fiscal José María Campagnoli. En su momento, se excusó de actuar en la causa contra Hooft, argumentando que siempre lo ha tenido al juez como “un ser humano preocupado por los más débiles y activo en la situación de las personas privadas de libertad”. Pero parece que no era cierto.
El juez fue Martín Bava, titular del Juzgado Civil y Comercial 2 de Azul, subrogante del Juzgado 1 de la misma ciudad, y del 3 de Mar del Plata: allí radicó la causa. Pero tras las confesiones involuntarias de Kishimoto, Federico Hooft presentó una denuncia penal contra parte de la Justicia federal, entre ellos el fiscal Daniel Adler. En un primer momento, la denuncia fue rechazada por el juez subrogante Luciano Bianchi, que además era secretario de juzgado contratado en la Cámara de Apelaciones, de donde Adler es fiscal. Es decir, si aceptaba la denuncia, debía decidir sobre acusaciones contra su superior en un cargo sin estabilidad. ¿Es claro?
“Canallada”
La Cámara Federal de Casación Penal declaró la legalidad y validez de la grabación de una conversación entre particulares como prueba. Durante esa conversación, Kishimoto le confesaba a Hooft hijo que estaba recibiendo presiones de sus superiores, en la causa que acusaba al magistrado marplatense por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Hooft, oportunamente, denunció que desde marzo de 2006 es objeto de una persecución penal en una causa en la que lo acusan de ser responsable de dichos delitos sin ningún asidero real. Esa supuesta confabulación habría sido llevada a cabo -según la denuncia- por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Martín Bava, miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones de Derechos Humanos y algunos abogados.
La denuncia -desestimada en primera instancia- ahora es confirmada por la Cámara Federal. Frente a esa resolución, Hooft interpuso un recurso de Casación alegando la arbitrariedad de los fallos anteriores, que no tomaron en cuenta ninguna prueba y rechazaron la denuncia. Por eso, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a ese planteo y resolvió que se investigue la denuncia de Hooft.
En este marco, el juez Rodolfo Pradas prestó declaración ante el Juzgado Federal 3, y en su transcurso expuso cuestiones precisas a propósito de su relación con Adler: “Yo en el año 2010 formulé una denuncia en la Procuración General por ciertas irregularidades en la remisión y devolución de causas al Ministerio Público”. Relató que ya en 2011, la situación entre ellos se complicó en lo profesional, cuando el fiscal requería que se le entregaran determinados expedientes: “Este expediente, junto a otro, se relacionaba con la denuncia del Dr. López, juez federal, contra el Dr. Jiménez, juez federal; y la del Dr. Jorge Ferro, juez federal contra el Dr. Jiménez también. El oficio de Adler motivó la comunicación mía con la Procuración General a través del Dr. Ugarte, quien a las dos horas me envió un fax firmado por el Procurador General donde decía que la causa es del Juzgado, y que si el Fiscal General no es parte, no tenía por qué mandársela”.
En aquella denuncia, Pradas terminó diciendo que la situación planteada con el Fiscal General se había tornado enfermiza, y que la continuidad iba a ser “enfermante”. Agregó que la denuncia ante la Procuración fue el corolario de una situación que se inició desde que juró como juez subrogante, en diciembre del año 2006.
Dice Pradas: “En definitiva, no soy enemigo del Fiscal General, pero sí sufrí una especie de acoso laboral por parte del funcionario. Voy a citar un ejemplo claro: Cuando la Fiscalía General estaba en la Avenida Luro y San Luis, dicho por los empleados -esto creo que lo puse en la denuncia- los lunes llegaba el Fiscal General manifestando “busquen algo para denunciarlo a Pradas”.
Luego se aborda el tema de la denuncia y de los audios es cuestión, y allí el juez Pradas asegura que cuando se enteró de la denuncia relacionada con la causa contra Hooft, en un principio se sorprendió de que lo mencionaran, pero que consideró que lo relatado resultaba verosímil.
Inmediatamente, comienza el racconto acerca de lo que recuerda sobre la situación del fiscal Kishimoto en el momento en el que lo frecuentaba laboralmente. Refiere un recuerdo del 2010, cuando a una hora avanzada de la tarde, encontró al fiscal en el patio posterior del juzgado. Cuenta que Kishimoto venía “totalmente apesadumbrado e inclinado, en un estado de total depresión”; que se sorprendió al verlo en ese estado, y que Kishimoto dijo textualmente: “este tipo me va a arruinar la salud, me va a cagar la vida”. Se estaba refiriendo al fiscal general Adler. En ese encuentro, el fiscal le habría asegurado que estaba teniendo muchas presiones para firmar dos dictámenes: el llamado a indagatoria de Hooft, y un dictamen de la causa del mismo Pradas, pero no le especificó qué era, sólo dijo que tenía que activarla. Tiempo después, volvió a conversar con él y su esposa, y les dijo: “la única solución para ustedes, para la vida, es que digan la verdad”.
Lo que pida el doctor
En la declaración del juez se recorren varios temas. Pero el denominador común es el mismo: las presiones de Adler. Por eso, en la interrogación se trae el tema de lo acontecido con el fiscal subrogante, Gustavo Rodríguez, que también intervino en la denuncia contra el juez Hooft. Entonces Pradas mencionó como ejemplo la causa La Posada de 2010, cuyo dictamen calificó de “farragoso, equivocado, errado” y agregó que casi empuja al magistrado al prevaricato. Afirmó que en 2011, el fiscal Rodríguez le trajo al juez Castellanos la misma causa, que reiteró el dictamen, y que en esa oportunidad le manifestó que lo hacía “por la presión y directiva que le dio el fiscal general Daniel Adler”. Castellanos contestó en un despacho de rechazo: le vuelve a decir al Ministerio Público que intentan hacerle firmar algo casi delictual. Explica Pradas que en el dictamen se pretendía dar como bienes provenientes del delito de trata de personas, cosas que habían sido obtenidas cinco o diez años antes de que existiera la norma legal. Después de esto, dice el juez, el fiscal Rodríguez renunció, dejó la jurisdicción porque no soportaba más las presiones laborales que tenía. ¿Alcanza?
Pero Federico Hooft, el hijo del magistrado, tomó la iniciativa de denunciar las irregularidades que se podían verificar en la denuncia contra su padre. Y por supuesto, continuó trabajando en el Poder Judicial. La suerte que corrió es previsible. Al menos, así lo relata Pradas en su testimonio: “En cuanto al trato personal, hubo prácticamente un aislamiento, y ese tipo de situaciones las conozco porque las viví personalmente. Me doy cuenta cuando suceden. Después hubo temor por parte de los empleados, evitando encontrarse con Federico; y en lo funcional, se desató una serie de falsas denuncias, calumnias e injurias respecto a su persona y actividad laboral”. Lo condenaron.
Pradas dijo además que es asombroso cómo se transforman los funcionarios y los magistrados cuando tienen que intervenir en la causa contra el Juez Hooft. Y puso el ejemplo del fiscal Jorge Gutiérrez, que fue el que firmó el primer dictamen con requerimiento de instrucción en la causa. Él –relata Pradas- sufrió un decaimiento en su salud, en su vida normal, que lo llevó a pedir varias licencias médicas, y finalmente se jubiló. En una ocasión en que el declarante le cuestionó alguno de sus dichos, Gutiérrez le habría respondido: “Yo lo hago porque me lo pide el doc”, refiriéndose específicamente al jefe Adler. ¿Hace falta más?