Causa ANSES | Luego del escándalo de los abogados acusados de gestionar jubilaciones apócrifas, llegó ahora el turno de los médicos. Son los que firmaban certificados falsos: sobrevaloraban la neurosis, para que sus clientes merecieran la pensión del Estado. Hasta tenían su propio perito.
El titular del Juzgado Federal 3 de esta ciudad procesó a los médicos Luis Alberto Funes y Rodrigo Jones, les dictó la inhibición y embargo de sus bienes, por el delito de defraudación a la administración pública. Consideró que suscribían certificados médicos a sus clientes determinando una o varias patologías, muchas apócrifas y sobrevaloradas, para justificar la obtención de un beneficio jubilatorio por incapacidad.
En esta causa ya se probó que en el estudio jurídico de Juan J. Paso 2882/90 de Mar del Plata funcionaba una organización delictiva denominada Organización Jurídico Previsional, integrada por los abogados Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Irós y Luciano Conrado Diez Suárez. En el marco de estas acciones legales, prestaron colaboración los imputados José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández y Daniela Andrea Livi, pero no se descartaba aun la participación de algún otro miembro o funcionario de la ANSES, de AFIP o de alguna otra dependencia del Estado. Así, aparece ahora la nutrida pata médica de la banda, que se ocupaba de fraguar incapacidades psíquicas.
Esta asociación, que funcionaba en el estudio jurídico mencionado, se ocupaba de tramitar beneficios jubilatorios falsos, los que generaron un considerable perjuicio patrimonial para la administración pública. Para eso utilizaban empleadores falsos o sin actividad comercial activa y simulaban vínculos laborales con supuestos empleados, fraguando períodos de prestación laboral sobre los cuales nunca se habían realizado los aportes obligatorios.
Habitualmente presentaban declaraciones juradas extemporáneas, y en muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes muy elevados, que se tradujeron en haberes previsionales que superaron el monto mínimo legal. Alteraron registros de AFIP, utilizaron documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema aparecían como extraviados, y demás.
El método
En ese estudio jurídico funcionaba además un consultorio médico sin habilitación para lograr dictamen favorable en la Comisión Médica Nº 12. Así elevaban el porcentaje de invalidez para lograr el beneficio.
La metodología fue siempre la misma: un beneficiario iniciaba un trámite en la UDAI, bajo el patrocinio de los abogados Cagni e Irós. Para reunir los requisitos exigidos por ley, se falseaban relaciones laborales con empleadores inexistentes. El cliente aducía alguna patología con certificados médicos firmados por Funes y Jones, y luego era evaluado por personal médico de la Comisión Médica 12. Allí se le terminaba otorgando un porcentaje de incapacidad, que en la mayoría de los casos no alcanzaba el que la ley exige para habilitar la pensión.
Entonces, los abogados apelaban el dictamen ante la Comisión Médica Central en Buenos Aires, que también la negaba. En ese marco intervenía la Cámara Federal de Seguridad Social, que solicitaba a los juzgados federales que el beneficiario fuera visto por un perito médico oficial o de un centro médico público. El hospital público que intervenía era siempre el Hospital Interzonal local, donde Ariel Fati emitía dictámenes como supuesto perito, y elevaba el porcentaje de incapacidad inicial.
La apertura de la investigación llevó a verificar la existencia de decenas de casos similares, que vienen a engrosar ahora el cuerpo de la causa. En la mayoría de los acasos, los profesionales lograron para sus clientes jubilaciones por Reacción Vivencial Anormal Neurótica de grado III, diagnóstico al que en algunos casos se le agrega la especificación del Tipo Fóbico.
El Hospital Interzonal fue allanado en octubre último, en busca de la documentación probatoria de los datos que sospechaban los investigadores de la fiscalía. Más allá de los haberes que merecieran los “neuróticos” hoy imputados -en la mayor parte de los casos, jubilaciones mínimas- todos ellos cobraron un beneficio retroactivo que en ciertos casos alcanzó los $800.000.
El acusado Luis Alberto Funes es médico clínico y también prestador en PAMI, y a requerimiento de los integrantes del estudio jurídico realizaba los primeros exámenes a sus clientes, para justificar alguna patología en el marco de un trámite de un RTI. Néstor Rodrigo Jones es médico psiquiatra, también realizaba exámenes a los clientes del estudio, y extendía certificados médicos con la patología Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado III, que no reflejaban la realidad psiquiátrica del paciente, pero buscaban obtener un beneficio de retiro transitorio por invalidez. Esos certificados eran presentados ante la Comisión Médica Nº 12 o en el falso peritaje hecho por Ariel Fati, en su calidad de médico perito laboral y previsional del Hospital Interzonal General de Agudos y zona sanitaria VIII.
Afirma el magistrado que, finalmente, y gracias a todos los ardides antes descriptos, la Cámara Federal de Apelaciones de Seguridad Social concedía el beneficio solicitado, cuando en realidad el Hospital no efectuaba tales requerimientos judiciales, ni cuenta con peritos médicos que realicen ese tipo de estudios, que sin embargo aparecen firmados por Fati, que se arrogaba esa condición.
La banda armada
El allanamiento efectuado al domicilio del médico Funes mostró que el 11 de octubre del corriente año contaba con una serie de armas sin autorización legal. Se trata de un revólver 38 largo especial marca Smith and Wesson, una pistola automática calibre 22 marca Saurio, un revólver plateado calibre 38 especial Amadeo Rossi, y un revólver calibre 38 corto especial, también Smith and Wesson. Se encontraron también 44 municiones calibre 38 especial y 4 calibre 22.
Por eso ahora el juez decidió dictar el procesamiento de ambos médicos, junto a otras veinte personas que resultan también imputadas en tanto falsos beneficiarios de pensiones por invalidez. Determina también el embargo preventivo de sus bienes, y una caución como garantía para lograr la excarcelación de Funes, que resulta ser merecedor de la prisión preventiva.
No sólo abogados hacían falta para fingir las jubilaciones de los falsos incapacitados. Ahora llegó el turno de los galenos, que eran los encargados de jubilar a cuanto neurótico encontraron por la calle Paso. La causa sigue adelante, y parece no agotarse en las presentes actuaciones.