Una investigación judicial se cierne sobre la ministra de Desarrollo Social por el manejo de fondos del programa Argentina Trabaja. En Mar del Plata, el dinero del Estado para las cooperativas de trabajo sólo alimenta poderes previamente instalados. ¿Llega la ayuda a los más necesitados?
A partir del mes pasado, el juez federal Norberto Oyarbide quedó al frente de una causa en la que se investiga a la ministra Alicia Kirchner por presunto abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público por el manejo del programa Argentina Trabaja. La acción judicial fue promovida por el abogado Jorge Luis Vitale, el mismo que presentó la denuncia que diera inicio a la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou en la denominada causa Ciccone.
Según la denuncia, la ministra maneja en su área 27.485 millones de pesos, y dedica expresamente 5.000 millones al Plan Argentina Trabaja. Allí también se hace referencia a que la metodología se aplica en especial en todo el Gran Buenos Aires, en los municipios que son afines al Gobierno.
Uno de los planes de ese ministerio es el Programa de Inversión Social –PRIS-, que tuvo como principal objetivo la creación de empleo para los trabajadores desocupados a través de la conformación de 1.009 nuevas cooperativas. El alcance estuvo orientado a la provincia de Buenos Aires, y se dispuso de un presupuesto de 750 millones de pesos para ofrecer trabajo en pequeña obra pública a estos trabajadores recién asociados.
Luego, el municipio y los movimientos sociales que militan en cada zona debían acordar quiénes serían los desocupados que finalmente formarían parte de la operatoria. Esta selección debía a su vez ser aprobada por el ministerio, que corroboraría a través del cruce de datos con la AFIP y el Ministerio de Trabajo, que los inscriptos no tuvieran otro empleo. Una vez seleccionados, los empleados se dividirían en grupos que habitualmente rondarían los 16 y 20 miembros. Ellos, a través de las gestiones ministeriales, serían inscriptos al mismo tiempo en el INAES, conformando sendas cooperativas de trabajo.
Esta última entidad, que también depende de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, debería cumplir tres funciones: habilitar a las cooperativas allí inscriptas a ser contratadas por los municipios de manera directa, es decir sin necesidad de que medie una licitación pública, eximirlas del pago del IVA, y brindar obra social, aportes jubilatorios y salario familiar a cada uno de los cooperativistas insertos en el PRIS. Es decir que mecanismos de contralor había. El esquema es ordenado y, quizá, podría haberse cumplido con precisión.
Según el plan, las cooperativas son contratadas por los municipios para desarrollar distintos trabajos: construcción de plazas, centros culturales, playones deportivos, veredas y cordones, reparación de calles y avenidas, refacción de edificios públicos, limpieza y desmalezamiento de espacios públicos, mejoras de instalaciones eléctricas en villas y asentamientos precarios, etc.
Teóricamente, una vez aprobadas, las cooperativas comenzarían a trabajar contratadas por los municipios, con financiamiento, maquinaria, ropa, elementos de seguridad (cascos, guantes, antiparras protectoras, etc.), materiales e insumos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. En Mar del Plata, esto nunca pasó. Denuncian que aquí cada miembro de la cooperativa debía ser registrado como monotributista social, y percibió mensualmente $1.344, en concepto de adelanto de excedentes de la cooperativa de la que formara parte. Considérese que los municipios son los responsables de la dirección y certificación de las diferentes obras, a la vez que deben rendir cuentas ante el ministerio del destino de los fondos cursados a su distrito. Ahí comienza el problema.
Porque la realidad es que la mayoría de los inscriptos en la operatoria tienen nula experiencia asociativa y escasa actividad laboral, por lo que comúnmente funcionan como cuadrillas de trabajo al servicio de los municipios.
Desde su lanzamiento, a través del Programa de Inversión Social y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se crearon 828 cooperativas que significan 14.400 puestos de trabajo para desocupados, beneficiarios de planes sociales y de empleo.
En La Feliz
La instrumentación de los planes dentro del municipio de General Pueyrredon estuvo a cargo de Agustín González, el novio de la hija de Lucila Branderiz, esposa del intendente Gustavo Pulti. Las cooperativas beneficiarias de los planes de empleo fueron puntualmente seleccionadas por este funcionario de extrema confianza del intendente, y así quedaron asegurados los retornos.
Hay cooperativas que no llevan adelante ninguna obra y que no están integradas por trabajadores. Otras, integradas por familiares y amigos que se reparten los puestos y sueldos.
A los efectos de probar la situación de violencia que sufren los socios de las cooperativas por parte de los punteros políticos de las denominadas organizaciones sociales, se ha denunciado el accionar de Marcos y Mario Puche, de la Cooperativa La Unión, vinculada a la agrupación Atahualpa, el primero de los cuales fue procesado por amenazas y tenencia de armas de fuego en perjuicio de los asociados de la entidad. Él y su hermano habrían agredido durante el año pasado a Ariel Menéndez y a Fabio Quintana, quienes radicaron la denuncia en la comisaría 12 de esta ciudad.
Los Puche son las personas que manejan los fondos asignados por el Estado nacional con la complicidad de la municipalidad, a través de la Cooperativa La Unión limitada. Ellos pagan a los trabajadores con simples fotocopias, sin ningún tipo de registración contable, y en su liquidación deducen importes de una manera ajena a lo establecido en los lineamientos del plan.
Los mismos Puche fueron quienes tomaron por asalto el Concejo Deliberante de General Pueyrredon y produjeron destrozos. Extorsionaron a las autoridades para que el municipio les confiera la responsabilidad de manejar los fondos de las cooperativas.
A principios de 2010, la Auditoría General de la Nación anunció una investigación del programa Argentina Trabaja por estas y otras irregularidades, y solicitó la creación de una fiscalía especial para este tipo de instrucción.
Las denuncias por el manejo clientelar de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja ya eran un hecho: un grupo de diputados de la oposición presentó entonces un proyecto que exigía explicaciones acerca del modo en que se ejecutaban los fondos del programa, los parámetros con los que se elegía o apartaba a sus beneficiarios, o se controlaba el uso de los recursos por parte de los intendentes del conurbano bonaerense. La iniciativa fue motorizada por legisladores de GEN, la UCR, el Partido Socialista, Proyecto Sur y Libres del Sur, quienes presentaron luego un segundo pedido de informes sobre los criterios de ejecución. Según los legisladores, sólo el Gobierno conoce cuánto dinero se destinó y se destinará al plan, cuánto se ha ejecutado hasta hoy y de qué manera se distribuyen y controlan esos recursos.
De entrecasa
Durante 2011, varias personas que integraban cooperativas de trabajo vinculadas a la municipalidad local denunciaron las irregularidades cometidas con su régimen de funcionamiento y la distribución de los fondos asignados por el Estado nacional. Se trata de Mirna Anahí Saubidet, María Elsa Saubidet, Antonio Miguel Menéndez, Gerardo Ariel Menéndez y María Cristina Pérez, quienes con el acompañamiento letrado de Andrés Barbieri se presentaron ante la justicia a denunciar que se han visto perjudicados por el manejo irregular de los puestos de trabajo en las cooperativas.
Este semanario, en ediciones anteriores, publicó sobre los acontecimientos sucedidos cuando un grupo de ex trabajadoras de las cooperativas de empleo que surgieran del plan Ingreso Social con Trabajo, denunciaba desde la banca 25 las irregularidades que permanentemente se cometían.
En las denuncias se puede verificar no solamente el manejo que “los Puche” hacen de los fondos, sino además que se registra en los pagos de los trabajadores un descuento del 10%, que se supone es para la caja de la cooperativa. Una de las testigos reclamó por la retención y asegura que Puche le dijo que “la única manera de no pagar el 10 era tener sexo con él”.
Los Puche no figuran a cargo de la cooperativa La Unión, que en los papeles es custodiada por Juan David Pino Gatica, Mariana Oro y Carlos Mauricio Giménez. Pero las cosas importantes se hablan en la municipalidad con el secretario de Desarrollo Social, Fernando Gauna, que cuando recibe una denuncia dice que él no tiene nada que ver, porque eso es “una cosa interna”.
Parece que los pagos, en riguroso negro, los hace la mujer de uno de los Puche dentro de la sociedad de fomento del barrio Jorge Newbery.
Los denunciantes se quejan de que les ha tocado ser multifunción, porque para no ligar el descuento del día debían hacer lo que se les encomendara, incluso “cosas que no querían”, como participar de marchas, pintar banderas, cortar rutas o hacer escraches. Si resistían el descuento, la tercera falta implicaría la baja definitiva. También pueden llamarlos para realizar la tarea de otra cooperativa cuyos integrantes son fantasmas, cuyos sueldos van a parar a un saco roto, o para lo que sea.
Los capangas de siempre, los que se sirven de la necesidad del otro para tejer un poder sin fisuras, frente al cual la municipalidad no hace nada si no es que fogonea los manejos. Unos capangas que van cambiando de forma según cambian las épocas, pero que al fin y al cabo son más o menos siempre los mismos: los que viven del sudor ajeno. Se reparten otra porción de torta en concepto de peaje, y van quién sabe cuántas.
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