Investigación central de la semana
Juzgado de Garantías | El juez Juan Tapia sobreseyó al exfuncionario Eduardo Bruzetta, a quien se acusaba por hechos que devinieron de su prepotencia habitual: demolió una propiedad sin permiso, amenazó a un vendedor de pochoclos e intimidó a otros comerciantes. La apelación está en marcha.
Cooperadoras escolares | Denuncian que una exdirectora de escuela habría falseado documentación correspondiente a la Asociación Cooperadora, al punto de hacer figurar como revisora de cuentas a una docente que nunca cumplió tal función. La documentación pertinente no aparece, y se borran las huellas.
Cambio de nombre | Una resolución administrativa le dice a Florencio Aldrey Iglesias que debe cambiar el nombre del shopping. El edificio del Estado nunca debió modificar su denominación, ya que la concesión sólo le permite explotar la Estación Terminal Sur, que, por supuesto, no es suya.
Estafa a inversores | Solicitan embargo y detención inmediata de otros estafadores ilustres. Otros que proponían a la gente hacerse rico sin trabajar. Sacar oro de la pura especulación sobre dinero negro, sin dar explicaciones al Estado. Los que cayeron están al horno, porque los autores parecen no tener propiedades ni cuentas.
Detención de Ullúa | Detuvieron a un criminal con pedido de captura internacional por su participación en numerosos crímenes. No sólo le caben delitos de lesa humanidad en Argentina, sino que ha estado vinculado activamente en fuerzas de la derecha latinoamericana. Acá tiene amigos poderosos: lo defendió el mismísimo juez Falcone.
Tráfico de drogas | El fiscal Rodolfo Moure apeló la decisión del juez de garantías Roberto Errandonea, por la que había declarado nula la requisa de un auto en Balcarce. El procedimiento en cuestión había arrojado un resultado ampliamente positivo: 90 dosis de LSD, pero el juez consideró que resultaba injustificada. Dijo que no era necesario.
