Justicia del TOF | Denuncia contra el juez Falcone por ir contra sus deberes legales en el TOF. Se lo acusa de prevaricato por ser parcial y tener animosidad contra los acusados. Rechazó 11 testigos de descargo.
Sí, otra vez los federales. El abogado Martín Ferrá elevó una denuncia formal contra la intervención del Tribunal Oral Federal n°1 de Mar del Plata, actualmente constituido por un único juez: Roberto Falcone. El magistrado habría cometido posibles delitos de acción pública en la figura de abuso de autoridad, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, toda vez que — en un proceso en el que dos integrantes de la comunidad gitana eran acusados de trata de personas— simplemente eligió a los testigos que más le convenían. Y no fue por economizar recursos, porque los policías que intervinieron en la causa fueron citados todos. Pero, de los once testigos que el abogado presentaba para probar que en realidad la denuncia de la joven GC era falsa, el tribunal descartó como quiso, y los consideró superabundantes. Es decir, que lo que tenían para agregar era más de lo mismo, o que no venía a cuento.
En efecto, la pareja de Laura y Horacio Crespo llevaban presos mucho tiempo cuando el abogado presentó la recusación contra Falcone, por considerar que no se mostraba imparcial. El magistrado no otorgaba la prisión domiciliaria que correspondía porque no había argumentos para negarla, y de hecho el abogado creía ver una posible animosidad en su contra. Todo empeoró cuando Falcone terminó eligiendo qué testigos podían testificar y qué testigos no.
La joven GC —hoy ya mayor de edad— había llegado a la ciudad traída por su hermano, que es uno de los testigos rechazados, pero en su denuncia aseguró que había sido su madre con su nueva pareja quienes la habían vendido a la comunidad zíngara con fines de que contrajera matrimonio con otro menor de edad. Que había sido sometida a malos tratos, obligada a limpiar y a preparar el desayuno para la familia. Que la habían golpeado y presionado para que mantuviera relaciones sexuales sin protección.
Sin defensa
Ahora, el abogado Ferrá habla de la actitud inquisitiva del magistrado, que no le permitió llevar adelante la defensa de los acusados, impidió el libre ejercicio de la profesión de abogado, y destruyó su estrategia defensista de manera tal, que puso en duda las garantías del debido proceso.
Pero, ya en aquel momento en que se pidió la recusación del juez y la nulidad de lo actuado, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz no lo aceptaron. Quizá, ni lo hayan leído.
Los Crespo eran sus defendidos, y Ferrá no estaba encontrando espacio para darles la defensa debida. Él sostenía que la falsa denuncia se debía a que GC quería separarse del joven BC, y tener una excusa válida para no reanudar la convivencia con el joven del cual deseaba separarse. Según su presentación de los hechos, puede acreditarse que el hecho denunciado no aconteció. Así que solicitaba el sobreseimiento de sus defendidos desde abril de 2019, sin éxito.
Claro que pasó el tiempo y las acciones adversas del tribunal hicieron mella. El juez nunca permitió que se otorgara la prisión domiciliaria y prorrogó injustamente la preventiva hasta septiembre de 2020, bajo la excusa de que los acusados podrían complicar el proceso o poner el riesgo la seguridad de la menor, aún cuando todos desconocían su paradero. Los Crespo estaban minados en su ánimo y su salud psíquica, por lo cual propusieron aceptar el descabellado juicio abreviado que proponía el fiscal Pettigiani, aunque eso implicara declararse culpables del delito que se les imputaba. El acuerdo incluía una pena mínima de cinco años de prisión.
Tras dos años de cárcel y la negativa a todos los pedidos de excarcelación, los acusados sabían que el juez decidía solo, y que sólo tomaría en cuenta las argumentaciones de la parte acusatoria: “asume exclusivamente y sin tapujos la posición fiscalista cuando debiera ser un juez imparcial”, dice el defensor.
La presunta víctima de los hechos GC se retiró de Mar del Plata en febrero de 2017 luego de prestar testimonio, y se desconoce su paradero exacto. Ni siquiera el Juzgado Federal de Instrucción de Mar del Plata, ni las fiscalías generales, conocen el domicilio certero, sólo la localidad, y que se halla en compañía de su familia de sangre. La joven ya ha alcanzado la mayoría de edad, por lo tanto mal podrían los acusados influir sobre ella cuando ni siquiera conocen su ubicación.
Es por todo esto que el matrimonio Crespo pasó de defender su inocencia a ultranza a verse doblegado en su espíritu, luego del rechazo de sus 11 testigos de descargo, y de la prórroga de la prisión preventiva. Así, terminó aceptando una culpabilidad indebida.
Tras esto, el abogado defensor decidió retirarse de su tarea porque no estaba dispuesto a firmar esa aceptación de hechos que no acontecieron, y por eso fueron designados como defensores oficiales César Sivo y Romina Merino. Inmediatamente se fijó la fecha de la audiencia oral para mayo del corriente.
Entonces sí, y como quien ha ganado la pulseada, el juez parece olvidar la supuesta peligrosidad de los acusados y les otorga rápidamente la domiciliaria como si los motivos que había argumentado 60 días antes para negarles el beneficio, rápidamente se hubieran esfumado.
Los Crespo fueron acusados de haber captado, recibido y acogido a la menor GC, sin DNI ni partida de nacimiento, quien no estaba escolarizada ni sabía leer ni escribir, para someterla a la explotación laboral, sexual y reducirla a la servidumbre, lo cual habría sucedido en la casa familiar de calle Polonia desde mediados de 2016 hasta febrero de 2017. En esa fecha, la joven habría logrado escaparse. Serían ellos los que la habrían obligado a casarse con BC,con quien también habría sido obligada a mantener relaciones sexuales al menos en una oportunidad.
Pero en el juicio abreviado, el fiscal se volvió comprensivo: tuvo en cuenta que los imputados pertenecen a la comunidad gitana, que por lo tanto se habían criado bajo las costumbres zíngaras, por lo cual solicitó una pena menor que el mínimo que prevé la ley para este delito. Pero los testigos de descargo que se habían propuesto fueron rechazados: son todos terceros ajenos a la comunidad gitana que no son familiares directos ni políticos de la familia Crespo. Sin embargo, no los aceptaron.
Los testigos
Anahí Ullúa, por ejemplo, hubiera dicho que conoce a la familia desde hace 15 años. Que sus integrantes son educados, trabajadores y respetuosos, y que ella le enseñó a leer y a escribir a toda la familia. Que el joven BC es una excelente persona, que lo conoce como un chico educado, que no le falta el respeto a nadie. Ullúa colaboraba con la familia en tareas de limpieza, y dijo que no hubo una compra de la menor, sino que a GC la había traído el hermano mayor: “era una nena normal, hacía lo que quería, iba a los chinos”. Dijo que el trato que le daban era excelente, y que la tenían como una hija más. Dijo que había visto que la puerta de casa estaba abierta, que la menor se levantaba muy tarde y se iba a pasear con B: “no hacía nada en la casa, yo ayudaba a Laura a limpiar y ella se quedaba mirando la TV”. Según ella, las puertas no tienen cerradura, ni las ventanas reja.
María Caratu es otra testigo que trabaja en el supermercado chino que queda enfrente a su casa, desde hace 11 años, y dijo que nunca tuvo problemas con ellos: “para mí son buenas personas. Conozco a todos sus hijos desde que nacieron”.
Sin embargo, dijo que la joven GC le parecía violenta: “les pegaba a los chicos y al marido delante de mí. Les pegaba a los chicos más chiquitos, a los hermanitos de BC. Tenía un carácter violento…a B lo vi varias veces golpeado con moretones”. Agregó que en una ocasión Laura Crespo le dijo que GC le había pegado a BC, y que él no quería salir de la casa porque tenía el ojo negro.
La testigo agregaba: “…A G la veía moverse por el barrio sola, acompañada con los nenitos, con su marido. Esto lo veía a cualquier hora y cualquier horario. G a la mañana compraba pan, galletitas, también cigarrillos, también compraba golosinas. Ella fumaba mucho. B le compraba muchos chocolates y esas cosas pero no fumaba. Ella se manejaba con plata en efectivo”.
El tercer testigo, rechazado, es un trabajador que estuvo en la casa de los Crespo haciendo albañilería: Natanel Dos Santos. Dijo haber visto una relación buena, que ellos se hablaban y se trataban bien. Que se los veía felices: “Después cambió la idea. Ella quería salir, se levantaba tarde. Ya no era la misma piba. Esto habrá sido dos meses después del casamiento”. “Se escuchaba que ella quería salir de noche, salir de la casa. Quería hacer vida de soltera. B se quedaba frío y no sabía que decirle. Él es un chico que no tenía maldad. Eso era tarde y de noche… Ella estaba libre en la casa. Se levantaba tarde. Después miraba una novela. Yo la ví que iba a hacer mandados a los chinos de enfrente”.
Es decir que GC realizó una denuncia falsa a criterio del abogado defensor. Martín Ferrá fundamenta que ella no exhibe las lesiones que relató, según lo indica la pericia de la médica forense. Tampoco constan documentos de que haya sido atendida en el hospital, como también relató. Los vecinos dicen que no estaba encerrada, y que no la trajo la madre sino el hermano. GC manejaba dinero, porque hacía mandados, compras en el barrio. Pero simplemente un día desistió de la relación que había iniciado y celebrado según el rito gitano, y buscó la forma de salir de la situación que la incomodaba.
Al menos eso es lo que se desprende del relato de todos los testigos que Falcone descalificó. Porque no es la primera vez que los jueces del TOF construyen la verdad jurídica con las versiones de la realidad que mejor concuerdan con la versión de los hechos que ellos han diseñado previamente. Y eso, es faltar a derecho.