General Pueyrredon está en riesgo. Ahora, lo confirma un informe propio de Policía. Demanda mayor eficiencia al comisario mayor Segovia. Recursos humanos y logísticos desaprovechados.
Cuenta la historia reciente que, tiempo atrás, el intendente Guillermo Montenegro tomó la autovía 2, fue hasta La Matanza, a «Puente 12», donde funciona el bunker del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y pidió que fuera relevado del cargo el entonces jefe departamental.
Los obsecuentes de turno aprovechaban aquella imagen de caminata conjunta de los dos funcionarios y hacían gala de la alta eficiencia del intendente y la rápida reacción en la toma de decisiones articulada con Berni. En ambos lados del imaginario mostrador político se mencionaba el lazo de amistad entre uno y otro.
Una seguidilla de hechos de inseguridad azotaban a la ciudad por aquel entonces: taxistas y remiseros expresaban su bronca frente a la ola de delitos que los ponía en el foco de la delincuencia y se llevaba la vida de los trabajadores del volante en asaltos violentos. Pero no era solo eso: los robos cotidianos daban sustento a las crónicas periodísticas que exponían la deficiencia de la seguridad.
La cobertura de patrullaje de las zonas o cuadrículas en las que se divide el territorio de la ciudad tendría un nivel considerado «óptimo», que oscilaba entre el 70 y el 80 por ciento por aquel entonces. Y ese dato concreto se llevó puesto al otrora jefe policial.
El reciente informe de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II, con fecha 31 de julio —menos de dos semanas— que lleva las firmas del Comisario Mayor José Miguel Ojeda, el Superintendente de Seguridad regional; y del Comisario Cristian Cestorame, respectivamente, indica que en la actualidad solamente 12 de las 70 cuadrículaso zonas alcanzan un nivel «óptimo» de cobertura de patrullaje. El resto no lo logra. Y en el tablero de control 38 de esas cuadrículas están «en rojo», lo que significa «alto porcentaje de patrullaje deficiente» y otras 20 se encuentran en color «amarillo», lo que para la verificación policial implica «un porcentaje de patrullaje que aún no alcanza el grado de eficiencia necesario».
Hechos
El dictamen de Ojeda y Cestorame involucra y hace cargos concretos a varios numerarios de la fuerza, desde altos cargos con designación Ministerial hasta policías de a pie. La inspección que le hicieran desde la Superintendencia a la comisaría Primera de Mar del Plata, donde se constataron infinidad de hechos que fueron expuestos como deficiencias en el servicio, puso en evidencia la falta de compromiso en la calidad de las tareas que se debían realizar allí.
Algunas fueron de carácter administrativas, como faltantes de firmas de oficiales responsables en planillas de asistencias y presentismos; registros de horas Co.Re.S.; enmiendas sin salvar en libros puntuales del quehacer policial; ausencia de un mapa delictual en el caso del Gabinete Técnico Operativo, entre varias más. Sin embargo, no hay que dejar de observar que todas y cada una de esas puntualizaciones que se hicieran desde la Superintendencia tienen un costo presupuestario por prestaciones que se deben brindar y que en algunos casos no se pueden constatar en los papeles.
Otras observaciones podrían resultar más risueñas si no fuera por la institucionalidad del lugar y lo que implica para la gente la mala calidad del servicio de seguridad. Son muchas, pero tres conforman una pintura de la realidad inequívoca: oficial de imaginaria distraído en el cuidado de cuatro aprehendidos en la seccional; patio de la comisaría con motos en mal estado de conservación y palomas; y lo más absurdo y triste al mismo tiempo, es que se estaba usando un juego de esposas para cerrar una puerta. Los oficiales a cargo de la inspección tomaron registro fotográfico de este último suceso para documentarlo.
El informe deja en firme y expresado en un expediente público lo que el comisario Raúl Leguizamón, hoy jubilado de la fuerza, y otros efectivos, venían poniendo en negro sobre blanco en cuanto al desmanejo administrativo del comisario mayor José Luis Segovia. Hacían notar que una administración laxa y relajada en la gestión de Segovia generaba consecuencias en la seguridad de los vecinos de Mar del Plata y Batán.
En este caso, existen imputaciones de parte de la Superintendencia que se enfocan enla mala utilización de los recursos humanos y logísticos entre los que se cuentan las inexplicables asignaciones de las horas Co.Re.S y otros elementos, como el combustible de las patrullas.
«Zona roja»
Entrevistado por la FM 99.9 el comisario Leguizamón dio su punto de vista sobre lo ocurrido: recordó que la actuación de la Superintendencia fue como resultado de una denuncia efectuada por un grupo de vecinos que pertenecen a una asociación de ciclistas, que cansados de ser víctimas de la inseguridad, llevaron hasta esa dependencia de control el pedido de separación del cargo de José Luis Segovia, por tener condena en un caso de abuso deshonesto y acoso laboral.
Por otro lado, Leguizamón habló de las consecuencias de la mala gestión administrativa y operativa y dijo que «toda esta zona roja que es Mar del Plata es un beneficio para el narcotráfico. Segovia empezó a escalar de manera descomunal desde que era Jefe de Operaciones de Narcotráfico en Mar del Plata. Ahí empezó a tener los teléfonos, conocer y tener las vinculaciones directas con quienes manejaban el narcotráfico en la ciudad».
La forma en la que la Policía no presta su servicio, expresado en la deficiencia de las cuadrículas, es para Leguizamón un dato que no dejó pasar por alto, describiendo con crudeza el resultado de la falta de apego o compromiso con la tarea: «este mapa con las deficiencias en las cuadriculas lo vincula (a Segovia) con el narcotráfico, porque la venta y el delivery de droga tienen asegurado su trabajo», puntualizó. En el mismo sentido hizo referencia a la carrera del comisario mayor en la fuerza, asegurando que «para llegar a estar al frente de una DDI hacen falta, por lo menos, 30 años de servicio en la institución, y este chico llega con 26».
Leguizamón mencionó los vínculos de amistad entre Segovia y funcionarios judiciales. Dijo que nadie con 10 denuncias puede dejar de ser investigado por algún fiscal y agregó que «lo más triste es que los fiscales de Mar del Plata lo saben. Los vecinos tenemos que ir a la Procuraduría a denunciar, porque la cabeza de los fiscales, el Dr. Fernández Garello, está funcionando mal y sabe que lo vinculan con Segovia».
De la imputación
Todo está en el terreno de la investigación y la prueba. Los funcionarios policiales imputados tienen plazos de defensa para hacer sus descargos en el terreno interno en el cual se los observa por faltas graves a la Ley 13.982, Ley de Personal Policial.
A Segovia se le imputa «no haber desempeñado su función de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes en clara violación a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 13.982». Se le achaca «responsabilidad respecto del control de las tareas llevadas a cabo por sus subordinados, más aun cuando estos poseen cargos jerárquicos de importancia y con designaciónMinisterial, lo que conlleva a un compromiso superior que el resto de los efectivos con el reconocimiento salarial que esto involucra». Dicen que no ha controlado ni ha delegado el control a persona subordinada, y ponen como ejemplo el caso de la División Comando de Patrullas, cuyo último control fue el 23 de enero de 2021 —más de dos años atrás— y la Comisaría Seccional Primera, sin otro registro de visita en los últimos 9 meses. Además se le reclama «una clara omisión del deber de supervisión sobre los imputados en la investigación, los cuales tampoco cumplieron sus funciones, constatando un despropósito o absurdo desuso de recursos humanos y logísticos asignados a cada estamento».
En el expediente al que tuvo acceso N&P, Ojeda y Cestorame afirman que, según la prueba recolectada, «se ha verificado la ausencia total de contralor y/o supervisión para con sus subordinados respecto de la Policía Departamental de Seguridad General Pueyrredon, lo cual evidencia una actitud pasiva de quien oficia como resorte de control y garante de la calidad del servicio de seguridad brindado». Ergo, «se observa un claro desaprovechamiento de los recursos humanos y logísticos asignados, evidenciándose una clara mala administración de todos los recursos pre existentes en dicha área, lo cual atraviesa a todos los estamentos subordinados».
Mientras, la ciudad padece el avance de la delincuencia. Los vecinos lo sufren. En lo alto de la pirámide organizacional los organismos de control del Ministerio de Seguridad reclaman por el uso de los recursos. Y, en la base de la misma pirámide, en los pasillos de las dependencias locales, todos parecen mirar para otro lado deslindando sus propias responsabilidades.