Los datos dicen que, en 2022, desde que se inició la invasión criminal por parte del zarato ruso a Ucrania, fueron asesinados 3.004 civiles. Las estadísticas —imperfectas— de nuestro país, sostienen que en ese mismo año, 3.000 argentinos fueron asesinados en hechos delictivos en toda la Argentina.
¿Cómo puede sostenerse este ritmo de locura? En nombre de algunos derechos humanos: los de los criminales, que son sistemáticamente exculpados por la izquierda y la plétora peronista como «víctimas de la sociedad», en una inversión del sentido común que —ya hace décadas— no resiste la confrontación con la realidad ni el parloterío absurdo de pretender etiquetar, la obligación del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos, como «políticas de derecha».
Por estas horas, en un medio local marplatense, se expresó la docente y filósofa Patricia Britos al respecto de la cuestión de la violencia en su conexión con la droga, y la necesidad de recuperar los criterios de orden en todos los planos.
Britos asevera que la mirada de la sociedad normalmente se enfoca en la policía, pero los docentes son acosados, cuestionados y sufren la falta de respeto que implica un desprecio absoluto al concepto de «autoridad». Recién cuatro décadas después del colapso del gobierno militar —y tras miles de civiles muertos en manos de la delincuencia—, se comienzan a alzar voces ya sin temor de ser tildados de «fachos» por plantear y exigir que hay que reconstruir los criterios de autoridad en nuestra sociedad.
Es extraño, porque hay muertos a diario, un reguero de sangre que corre por nuestras vidas como agua de manantial. Sin embargo, no todas las vidas parecen importar por igual: el asesinato de Morena impactó por haber sido registrado en video. No hay palabras, esas imágenes proscriben el palabrerío. Sucede lo mismo con la ejecución del médico Juan Carlos Cruz. Porque a Cruz, lo ejecutaron. Le aplicaron la pena de muerte, la que los criminales en nuestro país aplican todos los días, sin compasión. Sin esa compasión que el sistema judicial prodiga, a lo ancho y largo del país, a estos mismos delincuentes.
El poder judicial ha sido cooptado, tal como lo dice el ex fiscal Marcelo Romero en declaraciones a la 99.9: «la respuesta que le estamos dando desde el sistema penal a la comunidad es paupérrima. Por otra parte, hay una ideología nefasta e imperante en el sistema penal incluso a nivel prevención y carcelario que es el abolicionismo. No es nuevo, no se le puede adjudicar al gobierno actual o el anterior, sino que hace 40 años que se viene metiendo en las Facultades de Derecho, los institutos de posgrado y el Consejo de la Magistratura».
Es tiempo de abrazar nuevamente el sentido común y darle valor a las reglas que hacen posible que exista una sociedad. No hay democracia sin reglas. Las palabras de Romero se deben extender a medios de comunicación y ser replicadas por los profesionales de la comunicación en todos los ámbitos.
El temor a ser señalado como «facho», hace daño. Hay una cobardía cívica en callar y seguir a la manada. En Argentina, existe la pena de muerte y, en un absurdo juego de la ruleta rusa, nos están matando de a uno.