Justicia en lo penal | Los fiscales hablan del problema de la reincidencia. El sistema de control de liberados es tan deficiente y desaprensivo que la mayoría de los detenidos son personas cumpliendo una condena en libertad. No hay manera de mejorar sin supervisión.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Aunque esta cita se atribuye frecuentemente a Einstein, no existen pruebas de que sea suya. Lo importante es que nos detengamos a pensar por qué el mero repetir las condiciones de un conflicto podría producir un resultado que fuera diferente. Es decir, ¿por qué enviar a quienes ha faltado a la ley penal otra vez a su medio, con los mismos familiares, los mismos amigos, las mismas condiciones, y limitaciones, la misma estructura y la misma falta de controles normativos del estado, podría sin embargo generar un resultado diferente? Es decir, si lo único que hacemos es encarcelar, y cuando la justicia lo dispone morigerar la pena sin que el Estado genere los suficientes controles.
El resultado se llama reincidencia. Y factiblemente no sea la prensa ni la ciudadanía en general la que tiene que otorgar a solución a uno de los mayores conflictos de la sociedad contemporánea. Pero hay quienes sí cobran sueldos para generar soluciones, hay quienes deberían estar sumamente ocupados en controlar a las personas con libertades asistidas o medidas de morigeración de pena, no solamente para proteger a la sociedad, sino también para protegerlos a ellos mismos. Para que la mera repetición no traiga otra vez el mismo resultado.
El fiscal Mariano Moyano habló sobre el desbaratamiento de una nueva banda que realizaba entraderas en Mar del Plata, y destacó que varias de las personas detenidas tenían penas en cumplimiento y gozaban de beneficios como las salidas transitorias: “El control tiene falencias y los hechos lo demuestran”, agregó en la 99.9 el funcionario.
Explicó además que durante distintos allanamientos desarrollados la semana pasada se pudo desbaratar la banda, y que entre los detenidos había dos personas tenían pedido de captura vigente.
Afirmaba en su entrevista el fiscal Mariano Moyano: “comenzó días atrás en dos viviendas de Parque Luro y Villa Primera donde se cometieron dos robos. En el primero ingresaron tres personas que luego se dieron a la fuga en un automóvil. Minutos después, hacen otro robo en una vivienda de Don Bosco al 1.000 donde ingresaron dos personas, redujeron al morador y escaparon con el automóvil de la misma víctima. Ese automóvil fue abandonado en Albarracín casi Saavedra”.
Según su relato, luego fue el efectivo seguimiento lo que determinó las detenciones: “en ese domicilio ingresaron unas personas y cuando egresan a bordo de un automóvil cuatro personas, se dispuso la aprehensión por cuestiones de urgencia. Pedimos a garantías dos órdenes de allanamiento en otros dos domicilios, y como resultado tenemos seis personas imputadas en la fiscalía, de las cuáles a cuatro no las teníamos investigadas, pero sin embargo registran antecedentes penales. Una incluso tenía un pedido de captura activo”.
El trabajo continuó y dieron con dos integrantes más de esa banda: “luego se aprehendieron dos personas más por posesión de arma de fuego y una de ellas tenía pedido de captura porque estaba siendo investigado por un robo en un comercio”.
Hacer algo
Pero claro, hay que reconocer que por más que el sistema se haya movido ahora, seguimos yendo por detrás de los hechos. El pedido de capturano alcanza si no hay un sistema de identificación eficiente como el que opera en otras jurisdicciones: “más allá de casos puntuales se necesita reforzar. Muchas de las personas que cometen delitos lo hacen en alguna parte de ejecución de la pena. Los hechos demuestran que faltan los controles ya que estas salidas y beneficios que se otorgan a los condenados necesitan un sistema de monitoreo”.
El agente del ministerio público se refiere además a la complejidad que tiene este tipo de delitos —es decir, las entraderas en domicilios familiares—, y específicamente habló de la repercusión que este tipo de actos violentos tiene en las personas que son asaltadas: “el daño psicológico lo vemos habitualmente en la fiscalía. Va más allá de la violencia física, el daño que se causa es enorme, es algo que siempre merituamos como agravante cuando llegamos a juicio”, finalizó.
“Al reconocer a uno de los agresores, una de las personas rompió en llanto”, dijo para poner en claro los efectos psicológicos del asalto.
Todo lo expuesto se multiplica por diez cuando se habla de la justicia del menor, y del enorme daño que se genera cuando se facilitan las fugas por falta de controles, y se otorgan domiciliarias sin ninguna forma de control a una familia que muchas veces ha demostrado no poder dar abrigo al joven. Otras tantas, los jóvenes han habitado la calle sin contención familiar, han integrado el universo delictivo como única forma de pertenencia, y la justicia deficiente los vuelve a arrojar una vez más al mismo sitio.
Al puntualizar sobre la labor de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, otro fiscal —esta vez del Fuero de Responsabilidad Juvenil, Marcelo Yáñez Urrutia— reconoció los esfuerzos de los organismos intervinientes pero sostuvo que el trabajo sigue siendo insuficiente. Ya en otras oportunidades había hablado con la prensa acerca de la falta de presupuesto para generar un mejor espacio para tratar a los chicos, tener más profesionales y operadores de calle, lo cual dificulta el abordaje.
Había dicho Urrutia: “Tendremos unos 15 o 20 casos aproximadamente, que muchos son inimputables, pero que están en situación de calle y que tienen constantes conflictos con la ley de penal, y desde el Ministerio Público se los deriva a los fines de que se trabaje tanto con el joven y con la familia, pero los resultados no han sido los esperados o los mejores”, señaló el funcionario judicial.
Experiencia propia
Yáñez Urrutia reveló que él mismo estuvo en situación de calle en su juventud, por eso cuando algunos medios de prensa publicaron su punto de vista acerca de las dificultades de los chicos en situación de calle, el fiscal siempre se refiere a ellos como jóvenes con derechos vulnerados. La ley 13298 faculta al Poder Ejecutivo provincial y municipal para que intervenga en estas situaciones pero “lo que observamos desde nuestro rol es que hay una falta de una buena contención por parte del organismo del Estado”, remarcó.
Había expuesto: “Esta situación viene siendo acarreada desde 2008 pero no he visto un cambio favorable. Estamos en el mismo lugar y, en algunos casos, hasta se ha empeorado“, aseguró. Añadió: “Constantemente como fiscales hemos tenido reuniones con la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Manifiestan que trabajan con la voluntariedad de los jóvenes, pero esto muchas veces se ve frustrado por la vulneración de derechos que sufren”.
En esa misma línea, el fiscal de menores remarcó la necesidad de hacer que los menores “recapaciten y entiendan que el mejor camino no es estar en las calles y cometer estos delitos”: “Yo no puedo entender que no haya personas capaces de hacerle ver eso a un joven“, cuestionó.
El fiscal del fuero de menores Urrutia también dio detalles en la 99.9 sobre el reciente caso de los perros pitbulls que atacaron a un hombre hasta causarle la muerte. Esos animales eran propiedad de un joven de 16 años en situación de calle, cuya madre está privada de la libertad. Explicaba:”El tema es la falta de prevención del Estado, nosotros estábamos notificados de este joven pero ningún informe dice que tenía los perros, porque hubiéramos intervenido”.
Ralata: “El chico vive en una especie de ranchito que se hizo para vivir junto a una novia, pero no hubo un control de los entes que deben actuar ni del poder ejecutivo. Ahora hay que actuar y hacerlo mejor. Yo cuando tenía 12 o 13 viví en situación de calle mucho tiempo, y se decía venía la perrera y todos corrían. El joven no tiene responsabilidad directa, sino los entes del ejecutivo. No ha habido control”.
Sobre esto último, Yáñez Urrutia admitió que lo que sucede en la mayoría de los casos, es que a los menores se los procesa y se los somete al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, pero en un estado de libertad: “Muchas veces se los deriva y en muchos casos son chicos en situación de calle”, graficó, sobre la situación actual.
En lo que hace al rol del Servicio Zonal —dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de la provincia de Buenos Aires— para el fiscal es necesario entender por qué hoy en día nadie parece capaz de retener a los menores, al menos un para darles albergue, darles de comer, asistirlos, hablar con ellos y “hacerles entender que en la ciudad hay lugares para que estén bien, en otras condiciones”. La mayoría de los chicos de la calle se hacen merecedores de derechos recién cuando cometen un delito: antes, nadie los había visto.