Sobreseimiento a Hooft | El sobreseimiento es la segunda respuesta del juez Bava acerca de la acusación contra Pedro Hooft. Como si fuera poco con todo lo que ya se ha dicho, la sentencia da a conocer nuevos testimonios que alejan al magistrado de cualquier duda.
Hace un año, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata —integrada por Alejandro Tazza, Santiago Martín y Julio Reborero— había mostrado su disconformidad con el sobreseimiento del juez provincial Pedro Hooft, en la causa en la que se le imputaban supuestos delitos de lesa humanidad. No estaba conforme con el tratamiento que se había dado al tema, y exigía un nuevo análisis de la cuestión y, por supuesto, un nuevo pronunciamiento que fuera más favorable a sus pretensiones.
Lejos de eso, el juez federal Martín Bava ratificó la decisión que ya había tomado en 2018 y, por lo tanto, volvió a sobreseer tanto a Hooft como al resto de los imputados en la investigación por su posible intervención en los hechos ilegales que se terminaron conociendo como La noche de las Corbatas, es decir, en el secuestro, tortura y, en varios casos, asesinato de un importante grupo de abogados de la matrícula local. Bava es el juez de Azul que interviene en la causa que está radicada en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.
La nueva resolución alcanza no sólo a Hooft, sino también a Federico Gastón Amadeo L’Homme, Rodolfo Bernardino Morales Ridecos, Edgardo Osvaldo Bernuzzi, Carlos Enrique Reinaldo Haller, Jorge Horacio Gabriel García Collins, Alicia María Teresa Ramos de Fondeville y Alicia Morrell. Una vez más sostuvo que lo que ya había resuelto la Corte Suprema de la Nación, al fundamentar la absolución de Hooft en el jury de enjuiciamiento de 2014. Y reiteró que, lo dicho en aquella oportunidad, “no puede ser ignorado”: la resolución del máximo tribunal de Justicia confirmaba novedosos criterios para analizar los hechos aquí investigados, y unificaba la perspectiva de lo que debe o no ser calificado como “delito de lesa humanidad”.
Pero, además, aquel documento determinaba específicamente cómo debía ser la interpretada la actividad judicial que se llevó a cabo en el período 1976-1983: “Reitero que ignorar las conclusiones de convalidación en la respectiva revisión judicial de la Corte Suprema de la Nación y la revisión administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al fallo del jury de enjuiciamiento, de fecha 28 de abril de 2014, en atención a una supuesta irrelevancia sobre los efectos de esta causa, atenta contra el imperio de una sola ley a aplicar a los ciudadanos de la nación”.
A media máquina
La resolución que firma Bava fundamenta en extenso la llamada “función jurisdiccional disminuida”: a través de numerosos testimonios de diferentes integrantes del poder judicial del momento, con diferente grado de responsabilidad, se pudo explicar el clima que se vivía en los tribunales tras los secuestros de abogados tan renombrados como las víctimas de este caso.
“Los integrantes del período 1976-1983 del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no podían ejercer la totalidad de su ‘imperio’, ya que la persecución de la acción penal ‘estaba muy cerrada’”, indica el fallo. De tal manera, los testimonios descartan cualquier vinculación de la conducta de Hooft con los delitos de lesa humanidad. No se ha acreditado que formara parte del aparato represivo, ni que su conducta haya facilitado que se cometa un crimen. Tampoco se demostró que Hooft tuviese intencionalidad vinculada a los delitos padecidos por las víctimas de las causas que estaban a su cargo. Es esta “función jurisdiccional disminuida” la que determina que no hay intención específica de proyectarse en favorecimiento del gobierno militar de facto: “ya no importan las opiniones vertidas en la causa original ya que la decisión de la Corte sella definitivamente cualquier tipo de discusión sobre los hechos investigados y cómo deben ser interpretados”. Es decir, que a los jueces no podía pedírseles que hicieran más que lo que hicieron. Ni a los fiscales, ni a los ordenanzas del tribunal. A nadie.
Recordemos que las acusaciones contra el magistrado Hooft datan de 2006, momento de la presentación de la denuncia en su contra, en la que se lo acusaba de tener participación por omisión en Noche de las Corbatas de 1977. Los denunciantes lo acusaban de haber obstruido los trámites de habeas corpus presentados por los familiares de los abogados, así como de haber ocupado información sobre el asesinato de Jorge Candeloro. Hooft fue sometido a jury de enjuiciamiento en 2014 y finalmente resultó absuelto.
En ese marco fue que, tanto el Ministerio Público Fiscal, y las querellas, apelaron este resultado, y así fue que en 2019 la Cámara Federal de Apelaciones revocó aquella resolución y ordenó a Bava a emitir una nueva: ahora el magistrado ratificó el sobreseimiento oportunamente dictado.
El testimonio
De todas las voces que se volcaron en el decurso de este nuevo proceso, algunas destacan por su realismo estremecedor. Es el caso de Cecilia Margarita Boeri, que trabajó muchos años en el Juzgado Criminal N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, y cuenta que comenzó su carrera judicial como auxiliar cuarto. Pudo describir cómo era el funcionamiento de las secretarías n°5 y 6 del juzgado en aquel momento, es decir, durante la dictadura militar, y quiénes eran sus integrantes.
Precisamente, la abogada se refirió a la forma en la que se tramitaba un habeas corpus cuando la autoridad de detención era militar o puesta a disposición del poder ejecutivo: “…que no sé con precisión el trámite de estos habeas corpus porque no pasaban por el conducto normal de la mesa de entrada…”. Y explica que los hechos vinculados a la noche de las corbatas motivaron una gran conmoción en tribunales: “Habían desaparecido abogados, que conocíamos algunos, a su(s) familias, que yo no me olvido de María Eva Centeno y Mónica Iglesias, era terrible, estaba todo el mundo conmocionado por eso, había un entrar y salir de personas que preguntaban qué había pasado. Fue muy grave, pero aparte fue un impacto terrible, estábamos todos pendientes de la situación…”.
Explicó que esos habeas corpus eran tramitados por el Dr. L´Homme o el juez en persona, y que se atendía a los familiares y a la gente del Colegio de Abogados. Relató la manera en la que se visitaban las comisarías de Mar del Plata, y se realizaban entrevistas con los detenidos.
“Si lo secuestraban a Ricci, ningún abogado puede dormir tranquilo en esta ciudad porque no había ningún elemento de juicio de ninguna índole. Porque él era apolítico de muy bajo perfil, de centro”, explicaba la abogada dando a entender el estado de cosas en la justicia.
A continuación le preguntaron cobre la presencia de militares en el Colegio de Abogados, y relató: “…personalmente atendí en el Colegio de Abogados a un oficial del que no puedo precisar el nombre, que concurrió a informar que el comando de la zona, estaba investigando el secuestro y desaparición del Dr. Centeno cuya responsabilidad atribuían al grupo subversivo Montoneros. Esto en manifestación de este oficial por su puesto, que llegó a la puerta del Colegio de Abogados en un Unimog con varios efectivos que quedaron apostados en la vereda del Colegio. Habrá sido el 10 o 14 de julio de 1976, antes de la aparición de los cuerpos”. Abundó en explicar que el Poder Judicial —de la misma manera que el foro de abogados— estaba atravesando un momento de conmoción, terror y, en algunos casos, casi de paranoia. Dijo que este estado los afectaba a todos, a cada uno de los actores del mundo judicial, pero con diferentes grados de intensidad en función de sus ideas, y de las posiciones personales, este es el contexto.
El doloroso relato de los testigos demuestra que los familiares de los abogados desaparecidos concurrían al Colegio de Abogados para solicitar la intervención de esa institución. El Colegio, obviamente, enviaba notas al Ministro del Interior de la Nación, al General Harguindeguy, al Jefe del Comando Militar de Mar del Plata, Teniente Coronel Barda. A propósito de esto, la testigo Boeri indicó: “esta carta la fuimos a entregar personalmente con el Dr. Bernal, y eso tiene que haber sido en el mes de julio agosto. Llegamos hasta la puerta del GADA, yo estaba al lado del Dr. Bernal, y había un retén con ametralladoras, bolsas de arena y el personal militar nos atendió ahí. Tuvimos que parar como a cien metros porque no estaba permitido llegar con el auto. El Dr. Bernal se hizo anunciar como Presidente del Colegio de Abogados, y sencillamente nos dijeron que no podíamos ingresar, que dejáramos la nota en la guardia y que sería entregada. Regresamos al auto y volvimos al Colegio de Abogados con la clara convicción de que no había posibilidad de poder conversar con ellos, y la inexistencia de instituciones…”. Fin de la cuestión.