El predio de disposición de residuos | El gigantesco basural a cielo abierto no da para más. Hay que buscar una solución conjunta y definitiva para el servicio de recolección de residuos, pero la Gobernadora viene a inaugurar una playa junto al mayor desagüe pluvial de la ciudad. Una vez más, los nombres conocidos de siempre.
La temporada estival comenzó con la polémica visita de la gobernadora Vidal a inaugurar playas públicas que se venden como gratuitas, y su presencia llegó hasta ahí. Porque la ciudad sigue sumergida en problemas históricos que requieren de una decisión política para lograr una salida definitiva y conveniente, no sólo en lo económico, sino también en lo ambiental. El problema es, obviamente, la disposición final de los residuos urbanos.
No obstante, la gobernadora sigue sonriendo con su equipo frente a cámara, sin considerar que el sitio donde las inauguraciones se realizaron es precisamente uno de los que los marplatenses evitan. Constitución y la costa, donde, sin ningún tratamiento mediante, desagua el pluvial en plena arena. Fue una operación de prensa importante, y significó mucho para la Gobernadora y poco para la ciudad: la Playa del Museo, desde Florisbelo Acosta hasta la avenida Constitución, con 500 sombrillas y sillas gratuitas, y la Playa Constitución, desde Constitución hasta Lijo López, que estará destinada a actividades recreativas y deportivas; todo pagado con dinero público, pero sin que se resuelva el problema ambiental, el agua de la calle que contamina la zona.
Claro que este no es el único drama que aqueja a la ciudad. Ni el peor, aunque el eje sigue el curso del problema ambiental: no se termina de resolver el problema de la recolección de residuos, su tratamiento y disposición. La licitación del actual Predio de Disposición de Residuos Sólidos Urbanos fue dispuesta durante la gestión anterior, cuando Gustavo Pulti era intendente, y se gestionó a través del Ministerio de Turismo. Además del de Mar del Plata, se licitaban predios en Paraná y Neuquén.
Fue el Ministerio el que concretó el procedimiento de licitación y el contrato consecuente: las ofertas debían prever un precio por la ejecución de obras y otro por la operación necesaria con los residuos. Las obras a realizar las pagaría precisamente el Ministerio, y el servicio de recolección quedaba a cargo de cada municipalidad. Esto significa que toda la documentación respaldatoria de la presentación de la oferta debería estar en el ministerio licitante, y que en el ente local no habría documentación; sólo el convenio entre ambas jurisdicciones que justificaba el vínculo entre ambos.
Como resultado del proceso, el contrato se adjudicó a la empresa Tecsan, con una vigencia de dos años, con opción a ser ampliado por uno más. El plazo se cumplió en mayo de 2014, tras lo cual se inició el año de ampliación.
Vencidos los plazos, el 15 de mayo de 2015 se otorgó una nueva ampliación, esta vez de 6 meses, justificada en el necesario mantenimiento del servicio. Cada una de las ampliaciones se hizo actualizando los precios originales según lo establecía un pliego realizado por el Ministerio. Pero claro, esa nueva ampliación vencía el 15 de diciembre de 2015. La nueva gestión debía hacerse cargo de buscar una solución para el problema al día siguiente de haber asumido. En ese momento se dio una nueva ampliación por otros 6 meses.
Lo grave
Ya en ese momento estaba claro que el problema de fondo era otro: la capacidad del sitio. La cantidad de ingresos para la cual el predio fue diseñado era la mitad de los que en ese momento se registraban: estaba colapsando. Y además estaban llegando al predio todo tipo de residuo, incluyendo los provenientes del Municipio de Mar Chiquita. La gestión Artime – Pulti autorizó esta incorporación, aun sabiendo que excedía la capacidad del lugar. Ellos fueron quienes no previeron que hubiera fondos para la necesaria ampliación, ni gestionaronun pliego que ordenara el servicio.Tampoco había espacio para llevar los líquidos lixiviados, pero Artime autorizó la construcción de piletones para ese fin, aunque no indicó de dónde saldrían los 23 millones necesarios para pagarlos.
A esa altura, la deuda del Ente con TECSAN era de unos 70 millones. El pliego licitatorio que aún sostenía el servicio establecía que una parte se pagaría en pesos y otra en dólares, y también de qué manera se actualizarían los montos. Para la parte en pesos se utilizaba una fórmula con índices de variación provistos por el INDEC, pero la parte en dólares se actualizaba según otro criterio. El problema sobrevino porque el pliego admitía aplicar índices de variación de precio de insumos en dólares, y el INDEC no generaba esos índices. Entonces se adoptó la variación del dólar, y a la hora de pagar, se pagaba la parte de dólares en pesos, considerando el precio que correspondía.
Entre 2012 y 2016 se pagaron —por la parte en dólares— 5.489.755, de los cuales 2.582.890 corresponden al monto ofertado sin aplicar la fórmula de actualización, y 2.906.864 a la actualización por aplicarle la fórmula. De aquí que el mecanismo de los sobrepagos resultó formal, pero ilegal. Por eso, para que no volviera a pasar, el contrato de la ampliación se hizo en pesos, y a un precio único.
El negocio de la empresa es millonario, y en cada mesa de acuerdo interviene mucha gente. En la fallida reunión que se llevó a cabo el pasado lunes 8 en el Ministerio de Trabajo provincial, la lista de exigencias de Tecsan —empresa del grupo Roggio— crecía hasta exigir el pago de dieciocho millones de pesos de modo inmediato, bajo amenaza de bloquear nuevamente el predio. El esquema de presión fue inaudito, y la violencia verbal incluyó insultos de Juan Vargas, secretario general de Camioneros, contra el intendente Arroyo.
Pero mientras tanto, los funcionarios locales acordaban con la Provincia, que aseguró el pago del contrato a valores de diciembre de 2017, por sesenta días que concluyen el viernes 9 de marzo. Vencido ese plazo, Mar del Plata debe encontrar una solución, lo cual representa el momento perfecto para que le vendan al intendente una solución mágica: el CEAMSE. Entonces,¿cuál sería el cambio?
Un buzón
El CEAMSE es una estructura pública que opera con contratistas privados, y el servicio de disposición final en José León Suarez también es brindado por Tecsan. Sucede que las conexiones del CEAMSE con el poder son un capítulo aparte. El secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores del CEAMSE, Jorge Mancini, es diputado provincial de Cambiemos por el PRO. Y ronda toda la cuestión, la presencia inefable del ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín De la Torre, a quien se lo conoce por una poco clara gestión al frente del municipio de San Miguel. Sus constantes cambios de partido lo llevaron de kirchnerista furioso en 2011 a fundador del Frente Renovador en 2013, y ahora a flamante vidalista en 2016. Es el que se filma manejando sin manos, y tiene a su cargo la Agencia de Seguridad Vial bonaerense. Viene a la ciudad dos veces por semana, y dice que fue enviado a “colaborar”.
La gobernadora Vidal no vino a la ciudad a colaborar con el problema de la basura que nos tapa, sino a inaugurar las playas. Se sacó las fotos, pero no se bañó en esas aguas, quizá porque sabe que se trata del sitio donde termina uno de los desagües pluviales más grandes de la ciudad. Por este punto desagota una gran superficie urbana, y algunas áreas rurales del partido. Es una de las salidas al mar con las que cuenta la cuenca del arroyo Las Chacras. Antiguamente, el perfil de la costa en el sector de la avenida Constitución era una barranca sin playa, donde el desagüe pluvial descargaba directamente al mar. Luego se construyó un espigón de roca al sur del punto de descarga, con lo que se inició la formación de la playa.
Posteriormente se amplió la escollera hasta ser el espigón en T, que requirió la correspondiente declaración de Impacto Ambiental, emitida por la OPDS, Organismo para el Desarrollo Sustentable.En la declaración del 2007 se fija que las descargas pluviales deben ampliarse para que descarguen en el frente del espigón, y no en la playa. Nunca se hizo. La responsabilidad de la red de desagües pluviales y del vuelco corresponde a OSSE, es decir que la entidad sabe de la exigencia de aquella resolución.
Para que la playa sea utilizable, el punto de descarga debe estar al frente del espigón, lo cual no eliminará el vuelco del agua sucia, pero al menos sacaría el arroyo de suciedad de la arena, y el riesgo que conlleva estar en contacto con aguas no controladas. Sigue pareciendo que quien no puede pagar una carpa es invitado por el Estado a disfrutar de una hermosa estancia con vista a la alcantarilla.