José Luis Segovia se sentía intocable, hasta que dos hechos prácticamente fortuitos permitieron penetrar el blindaje delictivo que lo protegía y reunir las pruebas suficientes como para que hoy esté preso.
Los lectores habituales de este medio saben que hace años que venimos publicando lo que los demás —hasta ahora— callaban: las diversas acusaciones, causas y denuncias en contra de José Luis Segovia, el ex jefe de la Departamental. Y si una conclusión puede sacarse de lo ventilado a través del accionar de la justicia en esta última semana, es que Segovia se sentía efectivamente «intocable»: a pesar de haber sido expuesto en este medio, y de haber recibido denuncias claras y concretas al respecto de su accionar, lejos de replegarse y hacer «buena letra», el también ex jefe de la DDI continuó con su accionar delictivo hasta que, luego de una serie de errores —motivados, sin duda alguna, por una avaricia y una sensación de impunidad enormes—, la Justicia pudo caer sobre él.
El robo y el apriete
El 19 de diciembre de 2020 ocurrió un violento robo en un edificio ubicado en la zona de Cabo Corrientes, en el que dos delincuentes —un hombre y una mujer— ingresaron al departamento de una pareja de personas mayores y de manera violenta les sustrajeron importantes sumas de dinero, tanto en pesos como en dólares, así como también otros objetos de valor. No fue una acción al voleo: tenían el dato concreto de que en esa vivienda había dinero, y hasta les habían pasado información sobre cómo entrar al edificio. Fue una acción planeada de manera meticulosa en un café de Güemes, donde se concretó una reunión entre los delincuentes y los entregadores. Y al respecto de estos últimos, existe una cadena de vínculos que permiten llegar de ellos a Segovia en muy pocos pasos.
Sin embargo, a poco tiempo de ocurrido este hecho, y a partir de un dato emergido del entorno más cercano a José Luis Segovia, la investigación se centra de manera casi exclusiva sobre un individuo que —luego quedó demostrado— nada tenía que ver con ese ilícito. ¡Oh, casualidad! Se trataba de una persona que había tenido más de un roce con gente del entorno de Segovia y que actuaba de «arbolito» en la zona de Luro e Independencia.
Buscando dar con esta persona, la policía hizo cuatro allanamientos. Ninguna de esas acciones tuvo resultados significativos, lo que inmediatamente le llamó la atención a los agentes de policía que participaron en dichas acciones. Lo único que se pudo rescatar luego de estas pesquisas, fue el celular de la pareja del sospechoso. Este primer hecho fortuito, fue la primera mella en la armadura de impunidad que rodeó a Segovia durante tanto tiempo.
A partir del análisis de los mensajes que el sospechoso en cuestión intercambiaba con su pareja, se pudo llegar a la conclusión de que éste sabía de antemano cuáles iban a ser los allanamientos y en qué momento se iban a producir, y así pudo evitarlos. El dato fue descubierto por una agente policial a la cual Segovia, lejos de felicitar, la castigó haciéndole engranzar —junto a su pareja, y a otros dos policías— el estacionamiento ubicado frente a la DDI, para luego intentar trasladarlos a cualquier parte, en una clara acción de represalia por haberse metido donde no la llamaban.
Por otro lado, y un tiempo después de haberse producido el robo en cuestión, quien sí resultó ser el autor material de dicho crimen hizo una extraña denuncia: dijo que había sido privado de su libertad de manera irregular por unos policías. Este segundo hecho permitió terminar de desarmar todo el entramado de impunidad alrededor de Segovia.
¿Cuál es la hipótesis que maneja la Justicia? Que existía un arreglo económico entre el entorno de Segovia y los autores materiales del robo en el edificio de Cabo Corrientes para garantizarles impunidad, la cual buscaban desviando la causa mediante el uso de un chivo expiatorio. Pero no contentos con eso, también le cobraban, a la persona sobre la cual desviaron la investigación, la información sobre dónde y cuándo se iban a realizar los allanamientos, logrando una segunda entrada de dinero mal habido, así como también el entorpecer aún más las pesquisas.
Sin embargo, queriendo sacarles aún más plata a los delincuentes, pasado un tiempo del crimen, fueron a buscar a uno de ellos y lo privaron por un tiempo de su libertad de manera ilegal, en una maniobra de apriete que les terminó saliendo muy mal, porque el delincuente —sorprendentemente— los denunció.
Los arbolitos
Uno de los partícipes del apriete en cuestión, hoy detenido por esta causa, Christian Holtkamp, fue subalterno de Segovia en el pasado. Sus estrechos vínculos actuales, con personas de extrema confianza del ex jefe de la Departamental, son innegables. Cuando Holtkamp tuvo en el pasado un roce con la Justicia, Segovia declaró sobre él en excelentes términos, diciendo que tenía «el mejor concepto funcional (…) lamento no tenerlo actualmente en el equipo, es una persona muy capaz y con mucha experiencia».
Y, llamativamente, a partir del momento en que Segovia fue designado al frente de la Departamental Mar del Plata, Holtkamp logró posicionarse como uno de los dueños del monopolio del negocio de los «arbolitos» en la zona de Independencia y Luro.
¿Cómo lo lograron? Junto a su socio, Jorge Toletti, lisa y llanamente fueron desplazando a los cambistas que operaban en la zona y poniendo gente propia. Además, montaron un local en donde, además de dedicarse a la compra y venta de dólares, también pusieron un garito de juego clandestino y hasta lo usaron como centro de distribución de dólares falsos. Cuando este local fue allanado, en los movimientos registrados, además de aparecer pagos que, se presumen, eran para Lautaro Resúa —quien resulta ser el abogado del arbolito que fue utilizado como chivo expiatorio por el entorno de Segovia y quien, seguramente, a través de sus vínculos, también le brindaba y le cobraba por la información de la causa que emergía de la propia policía— y dinero para un recaudador de la Policía Federal, aparecía varias veces, bajo el concepto de «gastos» las siglas «DDI».
¿Intocable? ¿O «tocadito»?
Semejante entramado delictivo habla de una voracidad insaciable, pero también de una sensación de impunidad muy fuerte. El que hace meses que viene denunciando públicamente el accionar de Segovia es el ex comisario Raúl Legizamón, quien, en una entrevista a fondo en la FM 99.9, fue contundente cuando describió que el ex jefe de la Departamental se jactaba de una supuesta relación de amistad que había logrado con el ex director Torres y el Fiscal General Fabián Fernández Garello. Y mencionó que por aquella vinculación se podría explicar que a Segovia no se le hubiera apartado de la fuerza, aún cuando pesa sobre él la sentencia condenatoria por el caso de abuso deshonesto contra una subalterna. Además, agrega que «no sólo que no fue desplazado de la institución por cometer esas vejaciones sino que lo protegieron, sino que lo ascendieron a comisario mayor y le dieron el cargo más alto de la policía en este distrito de Mar del Plata» (sic).
Pero todo llega, y hoy Segovia está preso. Los allanamientos de esta última semana seguramente permitirán reunir pruebas concretas que permitan validar las hipótesis que maneja la justicia: que Segovia le vendía protección a los delincuentes, que él —o al menos, gente de su entorno— tenían relación directa con personas que actuaron como entregadores en esos mismos delitos, y que manejaba, a través de sus esbirros, el cambalache de negocios ilegales que pululan en la zona de Luro e Independencia.
Pero al hablar de Segovia, no podemos dejar de mencionar que, en su declaración, una persona cuya única profesión durante toda la vida fue ser policía, declare ser dueño de cuatro propiedades, una de las cuales vendió recientemente. ¿De dónde sale semejante nivel de riqueza?
Otro dato que surge de las declaraciones recogidas por la justicia, es el temor con el que los subalternos de Segovia hablaban de él. Temor a represalias, a traslados, a la «ira del jefe». Más que estar hablando de alguien intocable, pareciera que hacen referencia a un tipo que está bastante «tocadito».