Fue parecida a la detención de Amado Boudou, sólo que de ésta, no hay imágenes: al ingresar, el fiscal general adjunto, Marcos Pagella, y el funcionario a cargo del CATI, Javier Pettigiani —acompañados de personal de Prefectura— hallaron a Segovia en paños menores, utilizando su pequeño lugar de placer que tenía armado en la Departamental.
¿Por qué «lugar de placer»? Porque fue allí donde ejerció su poder coercitivo sobre cuanta fémina enfundada en uniforme azul se le cruzó. Quizás ahora, con el jefe preso, se animen a hablar. Recuerde querido lector que este medio publicó una condena —ratificada por la Cámara Civil— que ha pasado llamativamente desapercibida para el resto de la media local.
Mal asesorado en su exposición, Segovia señaló que era «víctima de una persecución mediática». Preguntado por quién, me señaló a mí. Se ve que, según él, limitarse a publicar lo que ocurre implica una «persecución». Segovia armó una red que le dio tanta protección que, a 48 hs de su detención, los distintos medios, para ilustrar el hecho, utilizaban fotos del edificio de la Departamental.
Nunca fue «persecución», sino información. Quienes dicen que todo esto «se sabe hace rato» parecen ignorar que, jurídicamente, no es lo mismo creer que saber, y poder probarlo. La investigación del CATI, iniciada en 2021, es un trabajo de orfebrería minucioso compuesto por un millón y medio de cruces telefónicos.
En la calle, es brutal cómo se establece la vinculación del fiscal general Fabién Uriel Fernández Garello con Segovia, en particular, por parte de los propios policías que reflejan en las redes chats de WhatsApp donde se ve cómo el ex jefe de la Departamental degradaba a sus subordinados y hacía expresa mención a este vínculo.
Mi lectura —ajustada a los hechos— sobre este vínculo es conocida: Garello no debió ni debería seguir siendo siquiera fiscal, mucho menos fiscal general. Los hechos dicen que, cuando fue notificado del cúmulo de pruebas que dan pábulo a estas detenciones, éste se apartó y dejó todo el control de las acciones en manos de su adjunto, Pagella. En el ámbito de los fiscales, se asevera que esta supuesta amistad no lo era tanto, y que las intimidades de la relación relatadas por Segovia no eran reales.
Lo cierto, es que ha ocurrido un hecho sin precedentes: un jefe departamental detenido en su propio despacho, en donde tenía un «cotorro», por decirlo en términos coloquiales.
Hay varios temas en esta situación que preocupan: el juez de garantías, Daniel de Marco fue, como abogado, integrante del Estudio Sivo. César Sivo es el abogado del también letrado Lautaro Resúa, quien obtuvo el beneficio de no ser detenido.
El mencionado juez también le concede a José Luis Segovia el beneficio de transitar su detención en la seccional de Balcarce. Raro. Aduce su abogado que es porque, si no, su vida correría peligro a raíz de la cantidad de delincuentes que Segovia encarceló.
Para decirlo en criollo: nos están jodiendo. La Fiscalía General va a apelar ambos beneficios esta semana. Veremos qué hace De Marco a quien, en su momento, el ex intendente Carlos Fernando Arroyo le llegó a pedir públicamente juicio político.