Finalmente, trascendió a los medios la decisión judicial de procesar a los miembros de Jonestur. Sin embargo, tanto el juez como la cadena de corte y pegue meten todo en la misma bolsa y ensucian a gente que no tiene nada que ver.
En la sentencia donde el juez Inchausti decide procesar a Oscar Rigano y su banda, se menciona a otra empresa y, para los distraídos, podría dar la sensación de que se trata todo de lo mismo, cuando no es así: hay gente que abusó de la confianza de sus clientes, que se apropió de dinero que no le pertenecía y que lucró cobrando intereses a su nombre generados a partir de los ahorros de otros; y gente que no. Tratemos de no confundir manzanas con bananas.
Jonestur
Luego de su extensa y detallada confesión ante la justicia de Andorra, queda perfectamente claro qué fue lo que Oscar Rigano y compañía, las personas detrás de la firma Jonestur, hicieron con el dinero de cientos de ahorristas que confiaron en ellos y se lo dieron en custodia: sin comunicarles nada, lo transfirieron a cuentas en el exterior que estaban a nombre de ellos y, durante años, cobraron elevadas sumas en concepto de intereses, de los cuales se apropiaron de manera completamente indebida, sin participar de esas ganancias a los verdaderos dueños de la plata, en una operatoria que sólo salió a la luz cuando este grupo terminó en la mira de la justicia de Andorra, estuvieron a punto de terminar presos y, en un caso sin precedentes, firmaron un acuerdo que es, en sí, la perfecta confesión de estos crímenes.
No sólo eso: incluso llegaron a entrenar a gente para captar a más ahorristas con el fin de adueñarse de esos fondos para girarlos al exterior en cuentas a nombre de ellos y vivir de esos intereses.
Para colmo, cuando estalló este escándalo y parte de los ahorristas se enteró de buenas a primeras que su plata no estaba en el histórico local de la firma ubicado en la zona de la peatonal, tal como ellos creían, sino que había sido transferido a cuentas en el exterior sin su autorización, y quisieron recuperar su dinero, Oscar Rigano se negó y los amenazó diciendo que, quien fuera a reclamar a la justicia para que le devuelvan lo que era legítimamente suyo, no iba a recibir nada.
Además, cuando finalmente se firma el acuerdo en Andorra, y los directivos de Jonestur logran zafar de ir a la cárcel a cambio del pago de una multa, muy lejos de aceptar sus errores y hacerse cargo de esa erogación utilizando el dinero mal habido a partir de los intereses que cobraron por tener depositado a su nombre plata de otra gente, este grupo liderado por Rigano pretendió pasarle la factura a los ahorristas, a la gente que había confiado en ellos para que le cuiden su dinero.
Rigano en todo momento tuvo una actitud de absoluto desprecio por quienes habían confiado en él para que les cuide su plata, asumiendo —así se lo dijo a los representantes legales de las víctimas— que ese dinero era «todo grone», es decir, dinero mal habido, cuyo origen no se podía explicar, como si eso le diera a él la impunidad para disponer de esos bienes de manera caprichosa e inconsulta cuando no era así: muchos de los que confiaron en Jonestur, dejaron su dinero ahí a cambio de un papelito y luego se enteraron de todo esto, habían accedido a esos ahorros de manera legal, pagado todos los impuestos y gabelas correspondientes, y tenían todo absolutamente declarado; sólo que, en un país donde muchos aún recuerdan la crisis del año 2001 y el corralito, poner el dinero en Jonestur en vez de ponerlo en un banco les resultó una opción más confiable. Pobres.
En toda esta operatoria basada en abusarse de la confianza de la gente para generar un rédito a través de intereses generados y cobrados en el exterior a partir de cuentas a nombre propio sólo participaron Oscar Rigano y su banda, las personas que trabajaban en Jonestur. La otra empresa nombrada por Inchausti en su decisorio no tuvo nada que ver con estas operaciones. ¿Queda claro?
El principio del fin
Pedro Bove es abogado y representa a parte de los ahorristas que pusieron sus ahorros —debidamente justificados— en manos de Rigano y su banda. Para él, esta instancia de la investigación es «el principio del fin» de esta historia.
El letrado afirmó en una entrevista para la FM 99.9 que las sumas involucradas son «espeluznantes» y que, sólo en una de las piezas del expediente, se habla de la necesidad de repatriar «92 millones de dólares».
Según el abogado, la investigación avanzó pese a obstáculos procesales y a intervenciones de tribunales superiores que obligaron a «remontar absolutamente todo». Bove explicó que la causa reúne confesiones y elementos que describen el mecanismo de captación y fuga de fondos hacia el exterior: «En Andorra… confesaron los delitos con lujo de detalle: cómo se abrían las cuentas, cómo se cerraban, cómo se lavaba, cómo se hacía todo el mecanismo para que no quede la secuela del pase de holding a holding».
El letrado enfatizó el daño humano de la maniobra: «Hay gente que puso el dinero de la venta de un departamento para pagar un geriátrico y hoy no tiene ni el departamento ni el dinero», y contó que entre las víctimas hay desde empresarios hasta jubilados que confiaron sus ahorros. También criticó acuerdos internacionales que, a su juicio, atenuaron responsabilidades y complicaron la reparación: «Un acuerdo internacional vergonzoso transformó a la gente damnificada en parte de una negociación que revictimiza».
Bove valoró destacó que la resolución del juez federal Inchausti ordena embargos y medidas orientadas a la restitución: «Esa resolución dice que hay que trabar los bienes para devolver el dinero a los ahorristas». A la vez, advirtió que la vía judicial aún recorrerá etapas —apelaciones y eventuales revisiones por tribunales superiores— y que la recuperación efectiva de fondos requerirá persistencia procesal.
El abogado reclamó a las personas damnificadas que se presenten judicialmente para reclamar sus derechos y dijo que, pese a maniobras de impunidad y estrategias de intimidación contra quienes reclamaban, la causa ha logrado recomponerse y encaminarse «hacia la prosecución y la conclusión con una sentencia condenatoria firme». Para Bove, el objetivo principal ahora es claro: «Que se le devuelva a la gente el dinero que se le arrebató».