Licencias truchas | Todos los implicados en la causa de los registros de conducir irregulares acercan pruebas de que los funcionarios del Ejecutivo municipal estaban enterados del “negocio”. Dicen que era vox pópuli, y que ahora los entregaron a ellos.
La novedad en la causa de las licencias irregulares que extendía la Dirección de Tránsito local es que dos de los imputados, específicamente Jorge Rubilar y Juan Carlos Belmonte, acaban de presentar ante la justicia un video revelador. Se trata de una cinta casera de poco más de 5 minutos, en la cual se registra que el personal les entrega carnets irregulares a las dos chicas jóvenes que serían sobrinas del intendente local, Gustavo Pulti.
En efecto, los acusados recuerdan perfectamente el hecho en virtud de que sucedió pocos días antes del allanamiento que se produjo en la sede de El Gaucho. Cuentan que en aquel momento llegaron dos chicas veinteañeras, acompañadas de su madre, a quienes se les otorgaron registros de conducir sin haber rendido examen, por orden del intendente municipal. Según relatan, en aquel momento fue el mismo Belmonte quien urdió la estrategia de la filmación, porque quería tener una prueba en el caso de que sucediera algo y sus contactos políticos, enterados del accionar delictivo, decidieran restarle su apoyo.
Es que a la hora de las declaraciones, todos refieren que Belmonte hablaba por celular con el Intendente, que tenía tarjetas personales del jefe comunal con los nombres de las personas que le mandaba para que les entregara el carnet, y que a viva voz hacía gala de su apoyo. Nunca pensó que se terminaría. Los empleados afirman que el mismo jefe Belmonte hacía asados para toda la comitiva de Acción Marplatense, y que su trato con “Gustavito” era casi familiar: decía que él lo había puesto en el cargo.
Uno de los imputados, Jorge Rubilar, ya había declarado en el mes de marzo, y había dicho oportunamente: “Quiero decir que todo lo que dice la causa es verdad, pero lo de las licencias truchas no es de ahora, viene de hace mucho tiempo”. El ex empleado refiere todo su periplo por los distintos puestos de la Dirección de Tránsito, y que en cierta época decidió apartarse de estos mecanismos ilegales a través de los cuales se hacía de dinero extra. Pero que luego tuvo que volver porque el dinero no le alcanzaba.
Todos explican que la motivación siempre fue puramente económica, y que aun los empleados que en un principio no querían tener relación alguna con la venta de registros, luego terminaban impresionados por la prosperidad económica de quienes sí lo hacían, y tomaban una función en el circuito irregular, que les podía permitir ganar un poco de dinero extra o muchísimo, según fuera su grado de responsabilidad y su poder de realizar trámites.
De hecho, se habla de que personas con sueldos de $5.000 tenían coches cero kilómetro y vacacionaban todos los años en el exterior, lo cual alcanza para sacar una cuenta simple: todos sabían que existía un negocio de prebendas muy rentable.
Pero no sólo sabían los empleados: Brenda Burgos, que era pareja de Rubilar e iniciaba trámites, refirió que cualquier persona que estuviera en la sala de espera un rato apenas, debía darse cuenta inmediatamente. Primero, porque había más gente esperando un llamado que con el turno para ese día. Segundo, porque la mayoría se amontonaba en los boxes del fondo, que era el sitio donde atendían las empeladas que hacían el inicio de los trámites “por izquierda”. Supervisión, ninguna, mas allá del mismo Belmonte, que con su línea directa con el intendente permitía que se hiciera cualquier cosa, basta que le dieran la parte que le correspondía. “Era alevoso”, dijeron los declarantes.
Sucios
Las declaraciones de los acusados insisten en dejar sentado que aquella visita de las sobrinas no era la primera vez; que los funcionarios municipales y sus allegados y familiares se acercaban a ellos para obtener licencias sin rendir los exámenes médicos, teórico prácticos, y sobre todo, sin molestarse ni siquiera a concurrir. Indican, por ejemplo, que el registro del octogenario padre de Alveolite fue otorgado desde la sede del ACA, donde se desempeña una medio hermana del funcionario, María Soledad López Osornio. Pero la firma de la prueba física corresponde al facultativo que se desempeñaba en El Gaucho, Zelaschi, a pesar de que en el ACA había una médica permanente. Indica Rubilar que el otro médico de El Gaucho, Federico Mosser, también formó parte del negocio.
Ahora bien, el imputado aclaró que ellos no podían hacer registros a quienes resultaran inhabilitados. Que las inhabilitaciones se levantaban desde el tribunal de faltas de calle Mitre. Y que algunos clientes volvían en un ratito con la inhabilitación levantada. Eran los rehabilitados, que habían ido para allá a ver a… Miguel Vidal. ¿Se puede creer?
Sí, el Ejecutivo municipal nombró como jefe de división del área de Licencias de Conducir a Miguel Vidal, empleado de planta y titular –por concurso- del Registro Único de Infractores de Tránsito (Ruit). A pesar de aparecer nombrado en la causa como el hombre que acomodaba multas dentro del juzgado, ahora es el encargado de firmar y despachar las licencias en el Partido de General Pueyrredon.
Vidal fue nombrado en la causa por Brenda Burgos como uno de los que mandaba personas para que se le iniciaran los trámites. En el momento de su confirmación, el director de Movilidad Urbana Guillermo Iglesias había dicho: “Es un trabajador responsable, con muchos años en la estructura municipal y con experiencia para el cargo. A principios de este año, concursó para el Ruit y hoy es su titular. Nos pareció oportuno que ambas áreas estén a cargo de la misma persona porque es como deben funcionar. Una depende de la otra”. Y lo mejor es que agregó: “este nombramiento da cuenta de lo que se venía anticipando: la dependencia está absolutamente normalizada”. Es lógico: los empleados dicen que cuando Belmonte estaba de vacaciones, Iglesias ni siquiera iba.
“Nos manejábamos con la seguridad de que no pasaba nada, de que todo estaba bien”, indicaba Rubilar. Y no era para menos. Como examinador, él podía hacer un registro falso haciendo constar que para rendir esa prueba se había utilizado un coche cualquiera: ponía el número de patente de uno que pasaba por la calle. Para completar el escándalo, relata que en los últimos meses directamente venía un puntero de Acción Marplatense con todos los DNI en la mano de las personas a la que les generaba el registro. No era empleado de esa dependencia, pero se conducía como si lo fuera: se trata de un hombre alto, canoso, que trabaja en el Concejo Deliberante.
Complicados
El abogado Sergio Sosa Ortega habló en la 99.9, y señaló: “Belmonte amplió sobre otras situaciones de la causa principal, en la cual está imputado. Señaló que la expedición de carnets no es un tema exclusivo de Belmonte, sino que, como él mismo lo definió, era “el boludo de turno”. Reconoce el grado de responsabilidad que tenía, pero no era jefe, ni manejaba nada. Indicó que había un poder político que mandaba, y él era el funcionario colocado”.
Para comprender cómo funcionaba esa trama, hay un factor fundamental y es que varias personas contaban con la clave personal de Belmonte para realizar el trámite: “Habló también sobre las claves que deberían ser personales, pero todo el mundo tenía las suyas tanto para el inicio como para el cierre del trámite. Esto consta en el expediente desde el mes de marzo. Pedimos que se investigue y la fiscalía negó esa posibilidad. Incluso indicó que pidió cambiarla, Iglesias le hace el trámite en La Plata, le dio la nueva clave pero también la tenían todos. Desde cualquier terminal de Internet se permitía el acceso con esa clave para hacer el trámite completo”, agregó.
Es evidente que la actual gestión municipal tiene que dar una serie de explicaciones en esta y otras cuestiones que tienen que ver con flagrantes irregularidades por todos conocidas. En el marco de la causa, y para demostrar el obvio conocimiento que todos tenían del sistema de prebendas que se encontraba vigente, los abogados presentan el pormenorizado análisis de la cuestión de dos licencias irregulares, realizadas en el viejo sistema de cartón amarillo, que ya no se encontraba en vigencia. Fueron entregadas al entonces secretario Marcelo Artime, y a Martín Aiello.
Según indican, el sistema anterior había perdido vigencia en 2011, y entre enero y marzo de 2012 fueron gestionados dos registros amarillos a nombre de los funcionarios, que no fueron informados a la Dirección de la provincia. Presentaban fotos que visiblemente habían sido obtenidas en uno de los pasillos de las oficinas de El Gaucho.
Llamativamente, Artime se presentó a obtener un duplicado en el mes de agosto del mismo año, pero en sede del ACA. Pero afirman los abogados que lo que consideran es que en realidad no se haya producido un robo o pérdida del carnet, sino que lo hayan tramitado con el fin de tener una doble documentación, y evitar así exponerse con un registro de confección visiblemente imposible.
La investigación indica que algo similar habría sucedido con el registro de Aiello, cuya numeración no corresponde con la lógica por cantidad de emisiones diarias del documento, sino que sería inconsistente y haría pensar también en una irregularidad que debe ser investigada.
Todos sabían, todos. Un contacto en la municipalidad es lo que hacía falta para sacar un registro. Aunque se tratara de registros profesionales, y obviamente, usados para conducir transportes públicos de personas. Cuentan que le habían dado licencia por orden de arriba a María Delia Sebastiani, a un vicecónsul, a padres y madres de medio mundo y hasta al mismísimo Cholo Ciano, que obviamente no iba a manejar para que lo viera un examinador.
Una lógica intachable: todos creían que con el aval de la planta política de la cual dependían, lo que hacían no podría llevarlos a la cárcel. Nunca creyeron que les iban a soltar la mano. Nunca creyeron que, encima de tocarles el trabajo sucio de cometer el delito, les tocaba el delito sin código, donde solamente cae el perejil mientras el jefe pone cara de espantado para los medios. Están todos adentro, pero los acusados son unos pocos.