La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el recurso de un grupo de trabajadores no docentes de la Universidad local, que reclaman diferencias salariales por una recategorización. El error procesal es del abogado, y los jueces lo ven como negligencia. Una bobada con intención.¿Quién defiende a la gente de sus propios abogados?¿Quién la cuida de los intereses creados que los letrados conocen y la gente común, no? El caso es paradigmático, y factible de ser presentado como un símbolo de la indefensión en el terreno del complejísimo contexto de la legislación laboral. Hay mucho dinero en juego, y cuesta creer en errores tan básicos cuando esto sucede.
Como resultado de todo lo expuesto, persiste un enfrentamiento entre los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y los responsables del gremio APU, el sindicato que debía defender los intereses de esos trabajadores. Cristian Cardozo, empleado de la Universidad, relató: “Todo comenzó después de un reencasillamiento que tuvimos hace algunos años, cuando entró en vigencia el convenio colectivo de trabajo. Se tenía que reencasillar nuevamente, y hubo algunos errores por la negativa del gremio… porque nunca estuvo de acuerdo con el convenio y la estructura. Los errores fueron por apresuramiento y los llevamos a la Justicia. El gremio puso un abogado para que aquellos que veían que injustamente habían quedado en una categoría, reclamaran”.
Obviamente, los empleados a quienes se les habían descontado mensualmente entre $1.000 y $1.500 por una recategorización indebida creyeron que el abogado que su gremio les ofrecía iba a realizar las acciones necesarias ante la justica para que el dinero les fuera devuelto. Muchos de ellos, además, ya lo daban por hecho, y hasta hacían cuentas sobre las posibilidades de resarcimiento que les ofrecería el cobro de ese retroactivo que la Universidad debería pagar.
El abogado de APU era Juan Pablo Gelemur, a quien los empleados definen como un primo de uno de los secretarios del gremio. Pero sucedió que el profesional cometió lo que los jueces consideran una torpeza: no presentó en tiempo y forma los instrumentos necesarios para que el proceso prosiguiera. Más precisamente, olvidó acreditar su personería. Esto es: comprobar en calidad de qué se presenta ante la justicia, es decir comprobar su condición de representante.
Claro que el resultado fue el previsible: el juez de primera instancia, sin necesidad de analizar las condiciones del caso, debió determinar la nulidad de lo actuado. Se sabe que aunque un abogado puede acreditar condiciones de urgencia para presentarse sin todos los instrumentos legales necesarios, debe – y lo sabe de sobra- cumplir los plazos perentorios para dar pruebas de su condición de representante.
Los damnificados
Aunque en principio no quisieron pensar mal de la situación, se repitió el error. Creyeron que no se trataba de una trampa sino de un olvido, y se les explicó que el error no debía ser únicamente del abogado, ya que era su mismo gremio quien debía ocuparse de la logística, es decir hacer que circularan en tiempo y forma las cartas que los damnificados debían firmar para aceptar ser representados jurídicamente por el abogado Gelemur. Pero la cosa se complicó.
Dijo esta vez Cardozo en entrevista para Noticias & Protagonistas: “Puede ser que se equivoque, pero después tenía tres días para apelar y se volvió a equivocar. Ahora, la gente empieza a dudar si no hay una mala praxis del abogado o algo del gremio, que no quiere que los trabajadores reclamen”.
Esta acción quizá sea el corolario de una historia reciente donde el gremio no parece respaldar a sus afiliados. “Por el gremio APU, los trabajadores pierden sus derechos. Estamos en una escalada de acciones directas totalmente desmedidas respecto del foco del reclamo. Se está hablando de dos trabajadores en planta transitoria y los tratan de ilegales a la luz del convenio colectivo, que en ningún lado habla de trabajadores transitorios. Además, focalizan sobre dos personas, cuando hay muchos en esa situación”, aclaró Cardozo.
Se refiere a que, una vez hecha la macana, Juan Pablo Gelemur tenía tres días para apelar a la Cámara, y solicitar que la resolución de primera instancia no quedara firme, situación en la que debía acreditar de qué orden había sido el error que no le había permitido cumplir con una medida tan elemental. Pero no lo hizo; en lugar de respetar las 72 horas, se presentó diez días después. Dice Cardozo: “Para mí, sabe muy bien lo que hizo, y no tiene otra más que responder ante los trabajadores por su mala praxis. El gremio tendría que ponerse al frente de los reclamos; si no, hay una connivencia entre el gremio y el abogado”.
Por otro lado, focalizó sobre el responsable sindical: “el secretario general de APU es Sergio Mendoza, que sobre esto nunca habló nada y se limitó a mandar un mail muy escueto. Acá se debe analizar la actuación del gremio con todos los trabajadores, y no sobre los 140 que están afectados directamente con este problema”.
En este contexto, es inevitable hablar de dinero. Si estos reclamos hubieran llegado a buen puerto, la Universidad tendría que haber pagado más de 2 millones de pesos. Quizá haya determinados vínculos entre los dirigentes de la gestión y la patronal que hacen que, sospechosamente, ningún documento llegue a destino. Quizá, aunque cueste creerlo, se trate de simple torpeza.
La resolución de la Cámara de apelaciones firmada por los magistrados Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Ramón Bautista Colobig es clara: no es posible iniciar el tratamiento de la cuestión porque “quien no ha presentado el instrumento en término ha incurrido en su propia torpeza”. Y esta torpeza sólo les permite ratificar la nulidad de lo actuado, si bien recuerdan que, dada la situación especial, es decir el hecho de haber presentado el recurso de apelación fuera de los plazos, sólo hay una desestimación por cuestiones formales. Tal situación permite querellar nuevamente: aunque el objeto sea el mismo y los actores también, no habría imposibilidad, ya que el tribunal no se ha expedido con un pronunciamiento sobre lo sustancial del reclamo. “Ha sido mal concedido el recurso de apelación interpuesto”, dijeron.
Los otros
Pero hay otras 50 personas que no son representadas por el sindicato APU, y que eligieron seguir adelante con el asesoramiento legal de otro abogado: Javier Linier.
Ante los micrófonos de la emisora 99.9, el letrado explicó: “Yo era profesor y abogado de todos los compañeros no docentes, pero por cuestiones de índole política, debí apartarme del sindicato. Tenía amistades que no eran del tinte político del sindicato, ellos eran de izquierda y yo tenía muchos compañeros y amigos de origen radical. Por eso decidieron apartarme”. Luego abundó: “esa fue la explicación que me dieron sentados en el Rectorado, donde APU tiene su sede, por lo menos cuando estaba yo y desde que tengo uso de razón”.
Ya se ha explicado que el conflicto no es nuevo, debido a que lleva un lustro de reclamos que no fueron escuchados. “En aquel momento estaba Robles Urquiza, era otra dirigencia. Después perdieron y mantuvieron el abogado, pero a este conflicto laboral lo fueron dilatando, y en algún momento iba a estallar. Hubo compañeros que confiaron en mi accionar profesional, por eso llevamos la misma causa contra la Universidad, pero son 50 personas que no van por el lado del gremio. Esa causa está próxima a tener una sentencia judicial”, anticipó Linier.
El letrado pudo ampliar más aun las razones que a su juicio influyeron para que los representados por APU no reciban respuestas de la Justicia con la misma celeridad. Explicó que la demora del abogado en la presentación de la documentación pertinente y en la exposición de la apelación puede no ser exclusiva ni casual: “el error procesal lo puede tener el abogado o la dirigencia sindical. El abogado hace los escritos, para presentar un reclamo de tamaña significación por la cantidad de gente a la que representa; los que se encargan de la logística son los de la agrupación gremial, porque el abogado no puede tener contacto con 200 personas. Casi siempre se deja un modelo de carta poder para que la agrupación la distribuya en los lugares de trabajo. Si no hay un interés o no hay una logística, pasan estas cosas”.
En el camino de este proceso legal, es indudable que hay dinero que no se quiere abonar, y las dilaciones judiciales hacen creer que, al menos por dos años, no habrá posibilidades de cobrar: “hay muchísima plata en juego. Le están debiendo a cada trabajador hace 5 años un promedio de 1.000 o 1.500 pesos por mes, de acuerdo a la inflación, multiplicado por la cantidad de empleados. Encima, el juicio todavía no terminó, estamos en la etapa probatoria. Cuando terminen las pericias estaremos en condiciones de que emitan sentencia. Seguramente lo apelarán e irá a la Cámara, donde estará unos dos años; serán, entonces, más de 7 años. Todo esto puede pasar por un doble error procesal”.
El objetivo que se ha planteado APU es claro: “lo que están buscando es que todo le quede a la siguiente gestión, pero no esperaban que explotara todo ahora. Ya ganaron, porque hay solamente 50 empleados que podrán cobrar, que son los que lo represento. Aunque no sé si habrá alguno más por afuera”, aseguró Linier.
Por último, se adelanta que habrá una reunión donde se anunciará la realización de un nuevo proceso, así como una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero para el empleado Cardozo, no se trata más que de una nueva maniobra de distracción: ”Lo que quieren es que algunos trabajadores se jubilen o que pierdan interés en seguir reclamando”.
Sólo queda establecer ahora quién se hará cargo de la torpeza, una negligencia que no parece casual, porque nadie que haya pasado por las aulas de la Facultad de Derecho puede ser tan profundamente torpe en la realización de las tareas habituales para el cumplimiento de un proceso judicial. O al menos eso quisiera uno creer.
